Ministerio Público dice cabo de la Armada mató a médico de Santiago cuando este acudió a su casa
La Fiscalía de Santiago solicita prisión preventiva contra el militar por el asesinato de médico
Diario Libre
El Ministerio Público de Santiago señala al cabo de la Armada Víctor Manuel Saldaña Hernández, alias Julio, de ser la persona que supuestamente planificó y ejecutó el asesinato del médico perinatólogo de Santiago, Enrique Antonio Espinal Castillo.
El organismo de persecución dijo que Saldaña Hernández mató al profesional de la Medicina cuando este se reunió con él en su casa del barrio Los Guandules del distrito municipal Hato del Yaque, en Santiago, y le propinó golpes contusos en el cráneo y el rostro.
Informó en una nota de prensa que "el cuerpo del doctor Espinal Castillo fue encontrado el pasado lunes 5 agosto, en unos terrenos baldíos de La Costa de Rafelito en Sabana Grande de Palenque, provincia San Cristóbal, a donde el victimario, oriundo de esa demarcación, lo trasladó y dejó abandonado luego de llevarlo en el baúl de la yipeta Hyundai, modelo Tucson, color blanco, propiedad de la víctima, desde el distrito municipal Hato del Yaque (en Santiago)".
La Fiscalía de Santiago aseguró que tiene y ha puesto a disposición del tribunal, "múltiples evidencias de irrefutable probación" contra el victimario, incluyendo entre estas, imágenes del recorrido que hizo el imputado desde Santiago hasta San Cristóbal, a bordo del vehículo, para desaparecer el cuerpo de la víctima.
Prisión preventiva
Por el hecho, que ha consternado a la comunidad médica del país, el Ministerio Público sindica al agente la violación los artículos 295, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano que tipifican el asesinato. Además, depositó ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente la instancia de solicitud de medida de coerción y pide la imposición de la prisión preventiva.
Cabo permanece en prisión por otro delito
El imputado Saldaña Hernández permanece en prisión, luego de que la jueza Yeritza Cabral de la Cruz, atendiendo a una solicitud de la Fiscalía, le ordenó el pago de una garantía económica de 500 mil pesos, como medida de coerción, por el porte de un arma de fuego ilegal, la cual le fue encontrada al imputado durante su arresto, cuando era requerido por el Ministerio Público para fines de investigación.
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