Periodista Miguel Ángel Ordóñez denuncia persecución en su contra
Dos empresarios presentaron una querella en su contra y fue declarado en rebeldía por un juzgado dominicano
El periodista español asegura que no fue citado debidamente
El periodista español Miguel Ángel Ordóñez se quejó ante República Dominicana y alertó a las autoridades europeas debido a la decisión de la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, la cual lo declaró en rebeldía.
A través de un comunicado de prensa, el periodista indicó que no fue citado correctamente en su domicilio en España para responder por una querella interpuesta en su contra por los empresarios Jesús Barderas y Abraham Hazoury, tras una publicación en España del libro de su autoría Negocios de Bajos Vuelos.
Indicó que en la obra se explican los intríngulis de la controversial concesión de los aeropuertos estatales a ambos empresarios, los orígenes de la privatización, los antecedentes de algunos involucrados, las claves de su intento de reeditar el lucrativo negocio de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) con el polémico Aeropuerto Internacional de Bávaro, así como la reiterativa aparición de sus nombres en unas supuestas tramas de corrupción de España.
Sostuvo que aunque el libro fue publicado en 2021, en España, los empresarios esperaron un año y medio para presentar una querella en los tribunales dominicanos en su contra por presuntos delitos sobre expresión y difusión del pensamiento.
Destacó que la jueza Milagros Mercedes Ramírez Cabrera, presidenta de la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, ordenó que Ordóñez fuera regularmente convocado en su domicilio en España y que sea tramitada la convocatoria vía consulado de cualquier audiencia.
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Se quejó de que sin esperar a que el Ministerio de Relaciones Exteriores le entregue su citación a una audiencia, el pasado 20 de febrero se celebró una vista, aunque con otro juez presidiendo, el interino Julián Antonio Vargas Luna.
“Contraviniendo las instrucciones de la jueza, la acusación privada se había encargado de fabricar otra notificación en domicilio desconocido, sin esperar a agotar la vía de la citación consular, mostrando de nuevas sus aviesas intenciones. El juez interino aprobó esta maniobra de mala fe para declararme en estado de rebeldía, ordenar mi arresto e impedir mi salida de la República Dominicana en cuanto me apersone en su territorio”, precisó.
Indicó que pese a que en Consulado dominicano en Sevilla certificó al tribunal que el periodista no fue citado, el juez a cargo "mintió descaradamente" al informar que funcionarios consulares manifestaron haber localizado a Ordóñez y haberle hecho llegar la convocatoria de la audiencia.
El periodista explicó que esta decisión le provoca "una gran desconfianza en la imparcialidad que debe caracterizar a cualquier tribunal de justicia".
Señaló que creía superada "la época de manipulación grosera de la justicia a manos de poderosos empresarios acostumbrados a la impunidad".
Sobre la querella
En la querella se pide una condena de cárcel y el pago de una multa de 800 millones de pesos. Los empresarios solicitan que Ordóñez sea condenado a pagarles un millón de euros a cada uno. Pidió a los empresarios que agreguen a los argumentos calcados de la querella dominicana la publicación de un segundo libro, Cap Cana: Los osados aprendices de Donald Trump (Ediciones Plan B, 2022), donde Ordóñez explica "el milagro de sobrevivir a una quiebra de setecientos cincuenta millones de dólares, haciendo que otros se hicieran carga de esa descomunal deuda que había generado su gestión".
"La intencionalidad de estas denuncias en mi contra es la de escarmentar y amedrentar tanto a fuentes como a otros colegas que se planteen indagar sobre los métodos de ambos. Ahora pretendo someterme a la humillación de una detención y orquestar una condena sin base, en la República Dominicana, puesto que son conscientes de que cualquier tribunal imparcial me dará la razón", sostuvo.
El comunicador español ve "ridículo que Barderas y Hazoury le hayan demandado al considerar que no hubo ninguna irregularidad en la concesión de los aeropuertos estatales o el proyecto del Aeropuerto Internacional de Bávaro.