MP reacciona a variación de la medida de coerción a Donald Guerrero: "Seguiremos trabajando"
Dice que presentará una acusación fuerte en el caso Calamar
Este jueves la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dispuso libertad bajo fianza para el exministro de Hacienda
Sin cuestionar ante la prensa la decisión de la corte que dejó sin efecto la prisión del exministro de Hacienda Donald Guerrero, el Ministerio Público solo se limitó a responder que seguirá trabajando en el caso de corrupción de Operación Calamar como lo ha hecho hasta el momento.
La directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, no habló a los periodistas y le delegó al fiscal Arolin Lemos que respondiera las preguntas sobre su parecer al fallo de este jueves de los jueces de la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Lemos afirmó que órgano acusador continuará "haciendo su trabajo", en su rol de perseguir los delitos y los crímenes por la trascendencia negativa que tienen en esta sociedad.
"Nosotros seguiremos trabajando y vamos a presentar una acusación fuerte como lo hemos hecho en tiempos anteriores", respondió Lemos acompañado de Reynoso y otros fiscales.
Defensa dice: entendieron no había peligro de fuga
Eduardo Núñez, uno de los abogados de Guerrero, dijo que los jueces de la corte tomaron la medida de revocar la prisión a su cliente porque entendieron que no representaba peligro de fuga.
Doris Pujols (presidenta de la sala) y los jueces Rafael Báez e Indhira Montás, fueron los que dejaron sin efecto la decisión tomada en abril por Kenya Romero, de la Oficina de Atención Permanentemente del Distrito Nacional.
La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional varió este jueves la medida de coerción al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, quien cumplía prisión preventiva, como medida de coerción, en la cárcel de Najayo Hombres por su presunta vinculación en el caso Operación Calamar.
Guerrero ahora tendrá presentación periódica, impedimento de salida del país y deberá pagar cinco millones de pesos de garantía económica a través de una compañía aseguradora.