Juezas ordenan al Ministerio Público basar lectura del caso Antipulpo en los hechos
Varios incidentes de la defensa detuvieron la lectura del expediente acusatorio de 3,445 páginas
Wilder Páez
Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, magistradas Claribel Nivar, Gissel Soto y Clara Sobeida Castillo, ordenaron este miércoles al Ministerio Público leer de manera precisa los hechos de la acusación del caso de corrupción Antipulpo que tiene como principal imputado a Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente de la República, Danilo Medina.
"Solamente se va a recibir la lectura de los hechos y su calificación jurídica porque esto es lo que asegura para todos ustedes, lo que va a determinar la seguridad jurídica de que los tribunales actúen cónsonos con su precedente", motivó la jueza presidente, Claribel Nivar.
Las juezas conminaron al órgano acusador a readecuar la acusación en la descripción, análisis y motivación de los hechos.
El ajuste a la lectura debe estar listo para el próximo lunes nueve de octubre, fecha en que están convocadas las partes para continuar con el juicio de fondo.
Incidentes en audiencia del caso Antipulpo
Las defensas de los imputados, en su mayoría, incidentaron el proceso y detuvieron la lectura del expediente para exigir que se puntualice en los hechos.
El abogado de Juan Alexis Medina, Richard Martínez Amparo, indicó que el Ministerio Público mostró "debilidad" en como presentar la acusación, pues lo que hacían era describir pruebas.
Las defensas atacaron en el sentido de que se describa el cómo lo hice, cuándo lo hice y qué hice, que ha sido petición fundamental del Tribunal desde que se inició este juicio de fondo el pasado mes de septiembre.
El abogado Robinson Reyes expresó que lo que hace una acusación fuerte es la formulación precisa de cargos y esto ha estado ausente en este proceso.
Ministerio Público: imputados en caso Antipulpo rehuyen acusación
Ante esta situación, el Ministerio Público, en voz de la coordinadora de Litigación, Mirna Ortiz, refirió que los imputados rehuyen a la acusación y por eso incidentan.
"Si la acusación no hubiese tenido fundamento, yo les pregunto a ustedes, si hubiésemos llegado a juicio de fondo", declaró Ortiz.
Llamó a los tribunales del país a ponerse de acuerdo en las normas que aplican.
48 acusados
En este expediente acusatorio, el Ministerio Público acusa a 48 personas físicas y jurídicas y establece que el principal acusado, Juan Alexis Medina Sánchez, supuestamente creó un entramado societario y, utilizando tráfico de influencias, al ser hermano del expresidente de la República Danilo Medina Sánchez (periodos constitucionales 2012-2016, 2016-2020), realizó un conjunto de maniobras fraudulentas, en asociación con funcionarios.
Según el documento acusatorio, Medina Sánchez se hizo adjudicar a su nombre, así como a terceros, obras, bienes y servicios del Estado, operando como criminalidad organizada.
Los tipos penales que el Ministerio Público atribuye a los procesados incluyen la asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, complicidad para desfalco, soborno activo y pasivo y uso de documentos falsos, así como financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencia y lavado de activos.
También, coalición de funcionarios, concusión, tráfico de influencia y falsedad en escritura pública, así como falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito, prevaricación, uso de prestanombres y testaferrato.
Además de Medina Sánchez, el órgano persecutor acusa también a Carlos José Alarcón, Aquiles Cristofer, Antonio Florentino, Rigoberto Alcántara Batista, Fulvio Antonio Cabrera, José Idelfonso Correa, Libni Valenzuela, Francisco Brea y Víctor Encarnación Montero.
También, contra Lina Ercilia Vargas, Pacristy Ramírez, Carlos Martín Montes de Oca y Paola Molina y su empresa, así como de Fernando Rosa y la empresa RyT, José Dolores Santana, Wacal Vernabel Méndez, Carmen Magali Medina Sánchez, Rafael Antonino Germosén Andújar, José Miguel Genao – Editorama y de Lorenzo -Freddy- Hidalgo.
En la etapa preliminar de este proceso judicial los imputados Francisco Pagán, exdirector de la Oficina Supervisora de Obras del Estado; Julián Esteban Suriel Suazo, Lewin Ariel Castillo y Domingo Antonio Santiago realizaron acuerdos con el Ministerio Público, los cuales fueron acogidos como buenos y válidos por el tribunal.
Producto del acuerdo el Estado recuperará más de 200 millones de pesos en bienes.
Wilder PáezPeriodista y locutor dominicano, egresado de la UASD. Cubre la fuente del Congreso Nacional y Política para Diario Libre. También ha laborado para los periódicos Listín Diario y El Nuevo Diario.
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