Los roles dentro de la Operación Calamar de los 10 que decidieron declararse culpables
Los detenidos tendrán que devolver el dinero que hayan recibido ilícitamente
Melbin Gómez
Diez de las 20 personas que están detenidas vinculadas en la Operación Calamar admitieron ante el tribunal su participación en la estructura de corrupción, pasando a ser colaboradores del Ministerio Público.
¿Quiénes son y de qué están acusados estos 10 apresados que admitieron culpas en la Operación Calamar?
Los imputados que admitieron su participación en esta estructura de corrupción fueron: Ángel Lockward, Alejandro Constanzo, Roberto Santiago Moquete, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández, Emir Fernández de Paola, Oscar Chalas Guerrero, Rafael Parmenio Rodríguez, Agustín Mejía Ávila y Víctor Matías Encarnación.
Ángel Lockward: El Ministerio Público lo acusa de asociarse con el imputado Alejandro Antonio Constanzo Sosa, y los señores Antonio Lujan Mercedes, Pedro María Veras, Fernando Crisóstomo y Álvaro Jiménez Crisóstomo, y que según el expediente del caso Calamar, "junto a los imputados Donald Guerrero y Claudio Silver", habrían realizado "de manera fraudulenta procesos de compra y pago de terrenos expropiados”.
Se le acusa de falsificación y uso de documentos falsos, soborno o cohecho, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, así como de violar varios artículos de la Ley No. 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Alejandro Constanzo: El Ministerio Público lo acusa de formar parte de la estructura criminal de corrupción para desviar fondos estatales, así como de supuestamente recibir pagos indebidos como resultado de la autorización irregular de libramientos sin cumplir las formalidades de la ley.
El Ministerio Público asegura que "se enriqueció de manera injustificada utilizando como amparo maniobras y operaciones delictuales".
Roberto Santiago Moquete: El Ministerio Público le acusa de asociarse con los imputados Ramón David Hernández y Yahaira Encarnación Brito, para realizar maniobras fraudulentas para la transformación de las compañías Finca de Recreo Villa Mella, S.A y Desarrollos Rurales S.A, pasándolas a su nombre.
"Así como la constitución de una nueva compañía con el nombre de Inmobiliaria Santa Bárbara S.R.L., para usurpar la personería jurídica de la compañía original Inmobiliaria Santa Bárbara S.A, quien era la verdadera propietaria de terrenos que fueron declarados de utilidad pública, y de esta forma estafar al Estado dominicano exigiendo el pago de los terrenos expropiados", señala el expediente del caso Calamar.
El Ministerio Público asegura que Roberto Santiago Moquete Ortiz cedió a la estructura criminal la suma de RD$ 296,637,125 a través de cesiones de crédito.
Marcial Reyes: es el supuesto sucesor de Generosa Reyes. El Ministerio Público lo acusa de asociarse con la estructura de corrupción para estafar al Estado dominicano y según el expediente del caso Calamar "reclamar el pago de una porción de los terrenos expropiados en donde se encuentra el Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA), alegando la representación de personas fallecidas, falsificar y hacer uso de documentos falsos, para ceder en su nombre, sin tener calidad ni poder de representación, sumas millonarias del dinero público a favor de la estructura".
Se le acusa de incurrir en lavado de activos del dinero obtenido de forma fraudulenta.
Ana Linda Fernández De Paola: Es supuesta sucesora de Alexandro de Paola y el Ministerio Público la acusa de actuar en asociación de malhechores con Emir José Fernández De Paola, y que según el expediente del caso Calamar, "aparentando ser herederos legítimos de un finado, falsificando documentaciones públicas y privadas, y usando esa documentación falsa reclamar y recibir pagos irregulares del Estado por expropiación de terrenos".
El Ministerio Público asegura que con el dinero obtenido de manera fraudulenta adquirió bienes muebles e inmuebles, incurriendo en lavado de activos.
Emir Fernández de Paola: Supuesto sucesor de Alexandro de Paola. El Ministerio Público lo acusa de actuar en asociación de malhechores con Ana Linda Fernández De Paola, y de aparentar ser herederos legítimos de un finado, así como de "falsificar documentaciones públicas y privadas".
La acusación asegura que con el dinero obtenido de manera fraudulenta supuestamente adquirió bienes muebles e inmuebles, incurriendo en lavado de activos.
Oscar Chalas Guerrero: Es el ex director de Casinos y Juegos de Azar. El Ministerio Público lo acusa de participar de forma activa en “El Programa o El Proyecto”, el cual consistía en el cobro ilegal de una mensualidad en las bancas de lotería, bancas deportivas y los colmados que tenían máquinas tragamonedas.
Se le acusa de coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, concusión y asociación de malhechores.
Rafael Parmenio Rodríguez: El Ministerio Público lo acusa de financiar con RD$ 21,000,000 el denominado “El Programa o El Proyecto”, que consistía en el cobro ilegal de una mensualidad en las bancas de lotería, bancas deportivas y los colmados que tenían máquinas tragamonedas.
Se le acusa de asociación de malhechores, estafa contra el Estado y violación de varios artículos de la Ley No. 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Agustín Mejía Ávila: es un abogado a quien el Ministerio Público le acusa de participar en procesos de pagos por expropiación de terrenos y de actuar en asociación de malhechores con Ángel Lockward Mella y Roberto Santiago Moquete, "para la realización de cesiones de créditos ficticias a los fines -según el expediente del caso Calamar- de lograr beneficiarse con sumas millonarias a través de pagos irregulares por expropiación de terrenos.
Víctor Matías Encarnación: ex director técnico de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE). El Ministerio Público lo acusa de participar en coalición con el fin de estafar al Estado dominicano, a través de pagos realizados al ingeniero Bolívar Ventura Rodríguez.
Se le acusa de coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, concusión, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y enriquecimiento ilícito.
¿A cuáles medidas de coerción se enfrentan?
Un comunicado del Ministerio Público y que cita declaraciones del titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, indica que en los casos de los 10 imputados que han admitido los hechos en el tribunal las medidas de coerción son, arresto domiciliario, impedimento de salida del país y garantía económica.
La contribución de estos 10 imputados no solo se sustentará en sus admisiones ante el tribunal, sino en su compromiso de continuar contribuyendo en la investigación que aún desarrolla el Ministerio Público.
¿Los demás apresados?
En tanto que para los demás apresados el Ministerio Público está solicitando 18 meses de prisión preventiva y la declaración del caso como complejo.
Los demás imputados son el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta; exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo; ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Así como también Yahaira Brito Encarnación, Aldo Antonio Gerbasi y Ramón David Hernández.
¿Qué pasará con el dinero?
Señala el Ministerio Público, “estas personas tendrán que devolver el dinero que hayan recibido ilícitamente, que siempre ha sido un fin del Ministerio Público”.
“A partir de este momento y es algo que los imputados han dicho, incluso al tribunal, sobre su disposición a seguir colaborando con el Ministerio Público”, sostuvo Camacho.
Los delatores
Aparte de estos 10 apresados que decidieron colaborar con las investigaciones, es necesario resaltar que al menos otras siete personas, que no figuran entre los 20 detenidos, ofrecieron sus testimonios al Ministerio Público.
Entre los que ofrecieron sus testimonios están: Francisco Pagán (exdirector general de la Oficina de Ingenieros y Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Ramón Emilio Jiménez Collie (Mimilo), Bolívar Antonio Ventura, José Arturo Ureña, Frixo Medina Arvelo, José Melchor González Calderón y José Pablo Ortiz.
Melbin GómezLicenciado en Comunicación Social mención Periodismo con un Máster en Gestión de la Comunicación Empresarial y más de 12 años en medios de comunicación
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