Varían medida de coerción a Alexis Medina, Fernando Rosa y José Santana
Juez le impone arresto domiciliario e impedimento de salida
Deben pagar fianzas de RD$60 millones, RD$30 millones y RD$20 millones
El juicio preliminar sigue el 10 de octubre
Diario Libre
El juez Delby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, varió el lunes la medida de coerción de los imputados Alexis Medina, Fernando Rosa, José Dolores Santana y Wacal Vernavel Méndez, de prisión preventiva a arresto domiciliario, garantía económica, impedimento de salida y grillete electrónico.
A Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina y quien guarda prisión preventiva desde diciembre del 2020, se le fijó una fianza de 60 millones de pesos a través de un contrato con una compañía dedicada a esos fines, además de impedimento de salida, colocación de un grillete electrónico y arresto domiciliario.
A Rosa, exdirector del Fonper, se le impuso una garantía económica de 30 millones de pesos y las mismas condiciones que a Medina, mientras que a José Dolores Santana le fijó una garantía económica de 20 millones de pesos.
Mientras que Méndez tendrá que pagar 20 millones de pesos como garantía económica.
“La sentencia será leída en su totalidad el 26 de septiembre próximo y a partir de esa fecha se aplican los plazos previstos en la ley para la apelación”, dijo el juez Peguero.
El juez aplazó para el 10 de octubre el conocimiento del juicio preliminar en contra de todos los implicados en el caso AntiPulpo, debido a que el exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Francisco Pagán, no compareció a la audiencia alegando tener COVID-19.
Asimismo, el magistrado otorgó un plazo de 20 días a la defensa de la imputada Paola Molina Suazo, quienes pidieron una reposición de plazo a fin de que se le notificara la acusación.
En torno al caso también figuran como imputados Carmen Magaly Medina Sánchez, que guarda arresto domiciliario; Aquiles Cristopher Sánchez, Freddy Hidalgo, Rafael Antonio Germosén, Julián Esteban Suriel Suazo, entre otros.
Reacciones de los abogados
El abogado de Juan Alexis Medina Sánchez, Carlos Salcedo, dijo que el Ministerio Público tuvo el tiempo suficiente para que la prisión preventiva durara 18 meses y aún con el aumento del plazo en tres meses más para investigar.
De su parte, el representante legal de Fernando Rosa, José Miguel Minier argumentó que está saliendo a la luz toda la verdad del proceso.
"El Ministerio Público ha depositado una acusación incompleta, pruebas incompletas y se demostró que todos los aplazamientos no eran culpa de los imputados", planteó Minier.
Indicó que, cuando se conozca el fondo del caso, al juez no le quedará de otra que dar un auto de no ha lugar.
"La sociedad debe tener paciencia, porque lo que le están dando es pan y circo", sostuvo.
El abogado negó el blindaje del caso como aseguran los representantes del Ministerio Público.
En estos momentos, se le conoce la revisión obligatoria al también imputado en la Operación Antipulpo Wacal Bernabel Méndez.
La acusación
El Ministerio Público acusa a Alexis Medina de utilizar la Presidencia, durante la administración de su hermano Danilo Medina, y la estructura familiar como escudo, organizando un entramado societario para distraer fondos del Estado.
A su hermana Carmen Magalis Medina Sánchez, la acusan de utilizar sus funciones como vicepresidenta del Fonper para favorecer a la supuesta red criminal con múltiples procesos de compras simulados en beneficios de varias empresas.
Fernando Rosa, junto a Magalis Sánchez, es acusado de utilizar los recursos de la institución para la construcción de 390 viviendas en la provincia San Juan en el año 2018 para entregar a Lucía Medina, también hermana del Danilo Medina.
A Francisco Pagán, extitular de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), lo acusan de favorecer a la empresa Domedical Supply SRL, de Alexis Medina, "para adulterar todas las documentaciones", desde las fechas de los contratos hasta las cubicaciones, para pagar justo después de perder las elecciones y en plena transición, pagaron por deuda administrativa la suma de 922,074,848.60 pesos.
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