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Caso Antipulpo
Caso Antipulpo

Fundación busca beneficiarse de bienes que se recuperen de caso Antipulpo

La Pepca le rechazó instancia a fundación, pero esta interpuso objeción ante tribunal que conoce expediente

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Fundación busca beneficiarse de bienes que se recuperen de caso Antipulpo
La Fundación Alfredo Nobel intenta constituirse en querellante y actor civil para ser beneficiado de los recursos que se recuperen de la red de Operación Antipulpo, cuyos principales acusados son Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez. (FUENTE EXTERNA)

La Fundación Alfredo Nobel intentó constituirse en querellante y actor civil en el proceso judicial Operación Antipulpo para recibir beneficios del resarcimiento que podría resultar en caso de que se logre una condena, pero la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) le declaró inadmisible la instancia.

Sin embargo, la organización sin fines de lucro, que tiene como gestor a Julio Cabrera Brito, no estuvo de acuerdo con el rechazo de la Pepca e interpuso una objeción ante el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional para que sea el juez Deiby Timoteo Peguero, quien decida si lo admite como parte del proceso judicial.

El Ministerio Público justificó que la fundación no tiene calidad para entrar en el proceso, ya que el Gobierno designó a un grupo de abogados para recuperar los bienes de la red a favor del Estado dominicano.

“Están solicitando resarcimientos económicos sobre daños que no han sido causados a su fundación, ya que los daños fueron causados al Estado, que es el que tiene calidad para buscar el resarcimiento”, justificó la procuradora de Corte, Mirna Ortiz, al explicar la razón por la que el Ministerio Público declaró inadmisible la querella.

Ortíz explicó que la Fundación Alfredo Novel “no aporta ni en los hechos ni en las pruebas que ayuden al Ministerio Público en la persecución de estos ilícitos penales”.  

Quinto aplazamiento

Las situaciones que se presentaron en la audiencia de este lunes 27 de junio motivaron que el juez ordenara un quinto aplazamiento y fijara para el 1 de agosto la próxima vista.

La investigación de la red de corrupción que se le atribuye a Juan Alexis Medina fue concluida por el Ministerio Publico en diciembre de 2021. En la investigación establecieron que Juan Alexis Medina Sánchez se aprovechó de su condición de hermano del entonces presidente Danilo Medina y creó un entramado para sustraer fondos del Estado.

El caso se mantiene estancado en el tribunal. La primera de las audiencias preliminares fue fijada para el 7 de febrero. Desde esa fecha se han acordado al menos cinco audiencias en el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en las que no se ha logrado avanzar.

En esta etapa del proceso le corresponde al juez Deiby Timoteo Peguero examinar el relato de los hechos presentado por el Ministerio Público y las pruebas presentadas para sustentar su investigación. Además, debe revisar la legalidad de las pruebas a descargo aportadas por los imputados para luego decidir si el caso es enviado a un juicio de fondo o no.

Esta preliminar no se ha iniciado por varias situaciones ocurridas en las audiencias anteriores. Algunas de las partes han alegado que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), no les ha notificado toda la documentación; algunos imputados se han ausentado por cuestiones médicas y algunos abogados nuevos entraron al proceso y pidieron tiempo para tomar conocimiento del asunto.

Los acusados

El Ministerio Público acusa a Juan Alexis Medina Sánchez de ser el principal imputado de un supuesto entramado de corrupción que estafó al Estado con miles de millones de pesos de los contribuyentes.

En el caso además está involucrada Carmen Magalys Medina Sánchez, quien, según el Ministerio Público, también aprovechó sus lazos familiares y su posición de vicepresidenta del Fonper para delinquir dentro del entramado de corrupción del que fungió como gerente operativo su hermano Juan Alexis Medina Sánchez.

Además, está acusado Francisco Pagán Rodríguez, exdirector general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y Aquiles Alejandro Christopher, exfiscalizador de esa unidad estatal.

La acusación también incluye a Julián Suriel Suazo, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, que era ministro de Salud Pública; al excontralor general Rafael Antonio Germosén y a Domingo Antonio Santiago Muñoz.

El Ministerio Público presentó cargos, además, contra las personas jurídicas General Supply Corporation SRL, Domedical Supply SRL, Fuel América Inc. Dominicana SRL y Globus Electrical SRL entre otras.

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Periodista en ejercicio desde el 2014. Ha ejercido la profesión en los principales medios impresos de la República Dominicana. Escribe sobre casos judiciales, derechos humanos, criminalidad y otras problemáticas sociales.