Juristas cuestionan declaraciones de fiscal sobre supuesta investigación a Danilo Medina
Juristas entienden estas declaraciones violan el derecho de defensa que posee todo ciudadano
Las declaraciones de la procuradora de Corte Mirna Ortiz de que el expresidente Danilo Medina es objeto de una investigación, generaron cuestionamientos en el panorama jurídico del país, principalmente porque la propia Ortiz reconoció que no tiene pruebas para imputar al exmandatario.
Entrevistada en el programa El Despertador, Ortiz expresó que el exmandatario no ha sido interrogado y que la investigación dirigida a un expresidente “tiene unos ribetes distintos, y tiene una carga probatoria distinta”.
Resaltó que una imputación a un exmandatario debe ser lo bastante fuerte para poder acusarle.
Ni la Procuraduría General de la República (PGR) ni la Procuraduría Especializada en la lucha contra la Corrupción Administrativa (Pepca) respondieron a solicitudes de Diario Libre para confirmar si efectivamente el expresidente Danilo Medina es sujeto de un proceso de investigación penal de algún tipo.
Actualmente, varios familiares del exmandatario son imputados en el caso de corrupción administrativa conocido como la Operación Antipulpo, en donde están sometidos sus hermanos Alexis Medina y Carmen Magalis Medina Sánchez.
Igualmente, la Pepca lleva una serie de casos que involucran a unos cuantos funcionarios del gobierno de Medina.
Entre estos se encuentra el exjefe de seguridad presidencial, el mayor general Adán Cáceres Silvestre, el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, así como el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez.
También los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD), Boanerges Reyes Batista (ARD) y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD), así como el capitán de navío ARD Franklin Mata Flores y José Manuel Rosario Pirón.
Opiniones de expertos
Consultado por Diario Libre, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, consideró que “cuantas veces se anuncia que una persona está siendo objeto de investigación por la posible imputación de un ilícito penal, se viola la presunción de inocencia, pues el Ministerio Público es una parte en el proceso penal y de esa manera se va condicionando a los jueces o a la opinión pública”.
“A mi entender lo que debe hacer el Ministerio Público es dar a conocer el sometimiento mediante acusación por ante el tribunal correspondiente. Cuando se dice que una persona está siendo investigada porque el órgano persecutor entiende que ha cometido una infracción penal y no sigue inmediatamente esa investigación con la acusación correspondiente, se viola el derecho de defensa”, precisó el destacado jurista.
Por otro lado, el abogado experto en derecho constitucional, Eduardo Jorge Prats, entiende que ese tipo de declaraciones ponen en entredicho el principio de objetividad que rige las actuaciones del Ministerio Público.
“Por el momento en que se dice, justo después de la salida a la arena pública del expresidente Danilo Medina como presidente del principal partido de la oposición, y por el hecho mismo de que se afirma que no hay pruebas en su contra”.
“Esto demuestra la impertinencia de una declaración que, por demás, tampoco contribuye a la supuesta investigación, aparece como un manifiesto desvío de poder de las funciones del Ministerio Público y compromete seriamente, por lo menos, la apariencia de objetividad del órgano a cargo de la persecución penal pública. En síntesis, no basta con buscar la justicia, es preciso que al menos luzca que esta búsqueda es objetiva e imparcial”, enfatizó el doctor Jorge Prats.
Lo que alegó Ortiz
La procuradora de la corte dijo que la Pepca, durante la gestión de la Procuradora Miriam Germán Brito ha recibido unos 700 casos de corrupción, aunque indicó que no todos tienen elementos que generen un proceso judicial.
Manifestó que las denuncias involucran a la pasada y a la actual gestión del presidente Luis Abinader, y puso como ejemplo las denuncias de corrupción en Agricultura, Educación e Inabie.
Indicó que los casos de exfuncionarios del actual gobierno se mantienen vigentes aunque no han sido procesados por asuntos de “prioridad”.
“El proceso penal lamentablemente te traza pautas, te traza tiempo, entonces el mismo grupo de fiscales somos los que investigamos y le damos el frente a los procesos que están en marcha, entonces la prioridad te marca el ritmo, porque cuando tienes un caso que al solicitar medida de coerción está por vencerse y si no presentas acusación, se te extingue la acción penal, frente a un proceso que al no haberse fijado medida de coerción alguna tienes más holgura de los plazos, pues evidentemente la urgencia va a primar sobre aquel caso que puede tener una consecuencia irreversible”, dijo.
El abogado y secretario de asuntos jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Dantés, utilizó su cuenta de Twitter para reaccionar ante las declaraciones de Mirna Ortiz: “De las declaraciones de la fiscal se desprende que no existen evidencias y que no todo es penal. Entonces, si no hay evidencias y no es penal, el tema no puede ser objeto ni siquiera de conversación pública por parte de un fiscal. La declaración tiene un matiz claramente político. En consecuencia, se salen de los parámetros legales y éticos dentro de los cuales debe actuar un representante del Ministerio Público. ¿Son estas declaraciones responsables de un MP objetivo? Para nada. El Ministerio Público sigue jugando a judicializar la política en RD”.