Liberan a líder indígena guatemalteco detenido en diciembre por terrorismo
Guatemala, 3 ene (EFE).- Un juez guatemalteco ordenó este viernes la liberación inmediata del activista indígena Francisco Lucas Pedro, capturado el 21 de diciembre pasado por diversos cargos, incluido terrorismo, y decretó además el sobreseimiento de su caso.
El líder indígena maya q'anjob'al quedó en libertad por decisión del Juzgado de Mayor Riesgo B del Organismo Judicial guatemalteco, presidido por el juez Israel Celada Galindo, quien dictaminó 'falta de mérito' en las acusaciones en su contra.
El juez decretó la excarcelación de Lucas Pedro tras confirmar que los cargos en su contra, solicitados por la empresa española Hidro Santa Cruz, no fueron ratificados este viernes por la misma firma y además quedaron sin validez desde 2016 por una decisión judicial.
El arresto se registró el pasado 21 de diciembre en el departamento de Huehuetenango, 300 kilómetros al noroeste de la ciudad de Guatemala.
Según la Policía Nacional Civil, al detenido se le imputaban los delitos de 'allanamiento, coacción y amenazas, incendio, actividad contra la seguridad interior de la nación, terrorismo y secuestro, detenciones ilegales y atentado contra la seguridad'.
Lucas Pedro, de 40 años, es perito contador y forma parte del equipo de periodistas y corresponsales del medio alternativo Prensa Comunitaria, de acuerdo a información divulgada por el mismo medio.
También es activista de derechos humanos, miembro del partido político Winaq, 'defensor del agua' y 'dirigente de la resistencia en Barillas (Huehuetenango)' que 'logró hasta la fecha que el proyecto hidroeléctrico de la empresa Ecoener Hidralia se detuviera',según la misma fuente.
El caso era seguido de cerca por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (Oacnudh) y la Procuraduría de los Derechos Humanos, ante la posible 'criminalización' del líder indígena.
La compañía española Ecoener Hidralia se estableció en Guatemala en 2008 mediante su subsidiaria, Hidro Santa Cruz, para ejecutar un proyecto hidrológico en Huehuetenango avalado por el Gobierno de Guatemala. Sin embargo, ante el rechazo de poblados indígenas aledaños, decidió suspender sus operaciones en 2016 y abandonar Guatemala en ese mismo año.
El Ministerio Público (Fiscalía) guatemalteco, presente en la audiencia de este viernes, explicó a través de sus fiscales que en 2016 se había pedido la revocatoria de la orden de aprehensión de Lucas Pedro tras la decisión de Hidro Santa Cruz de no continuar penalmente con la acusación.
Un estudio elaborado en conjunto por Oacnudh y la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala detectó 106 casos de 'criminalización' entre 2017 y 2019.
De acuerdo al documento, los principales delitos utilizados para 'criminalizar a personas defensoras de derechos humanos' fueron hurto de fluidos eléctricos, instigación a delinquir, usurpación agravada y asociación ilícita. EFE