España: Austeridad se ensaña con inmigrantes no autorizados
Diario Libre
MADRID. Los duros recortes del gobierno español para reducir el déficit han golpeado con dureza a toda la sociedad, pero especialmente a los inmigrantes no autorizados, que a partir de ahora verán restringido su acceso a la sanidad.
Los extranjeros que carecen de permiso para residir en España perderán el derecho a visitar la consulta de un médico de manera regular, aunque serán atendidos de cualquier urgencia en los hospitales de forma gratuita, según el decreto sanitario publicado la víspera,
El gobierno asegura que con las medidas, con las cuales ahorrará unos 9.000 millones de dólares, sigue garantizando una asistencia básica a todo el mundo y está en línea con la de sus vecinos europeos. Pero ha sido fuertemente respondida por colectivos de inmigrantes y sociedades médicas, que la califican de discriminatoria y peligrosa.
"Lo que se pretende es intentar vacunar contra ciertos abusos que han habido en cuanto a las prestaciones sanitarias, pero por esta vía lo único que hace es perjudicar a la salud de la población tanto foránea como nacional", dijo Josep Basora, presidente de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria , que agrupa a 19.500 médicos de familia, una de las especialidades más importantes en el ámbito de la atención primaria a pacientes.
La reforma entrará en vigor el próximo 31 de agosto. Según Basora, no es sólo una mala noticia para los inmigrantes, sino un cambio general de filosofía.
"Pasamos de un sistema nacional de salud donde el paciente es un ciudadano a ser el paciente un asegurado", señaló Basora. "Es un cambio sustancial, porque hasta ahora la salud es un derecho y bajo esta nueva premisa estamos dejando fuera a los inmigrantes irregulares".
Vladimir Paspuel, presidente de la asociación de ecuatorianos Rumiñahui en España, aseguró que al obligar a estas personas a ir urgencias se favorecerá la automedicación, en detrimento de la prevención, y acabarán subiendo los costes.
"Se puede dar el caso de personas que aguanten sin ir al médico en lo que aparentemente es un dolor de estómago, pero en realidad se trata de algo más grave", afirmó Paspuel. "Vemos este decreto con mucha incertidumbre".
Para Basora, "desplazar la atención sanitaria de esta población a urgencias, conlleva de colapso y atención de patologías que en realidad no son urgentes", añadió.
Es difícil calcular el número de afectados. En España residen unos 5,5 millones de inmigrantes, el 12% de la población. Pero no hay cifras oficiales sobre no autorizados. Las estimaciones oscilan entre las 150.000 y las 500.000 personas.
La sanidad es probablemente el servicio público del que más orgulloso se sienten los españoles, a pesar de que arrastra algunos problemas de falta de personal y listas de espera en determinados servicios.
En España un transplante de hígado o el tratamiento de una simple gripe cuestan lo mismo: nada. Ni un solo céntimo.
El gobierno conservador de José María Aznar aprobó en 2000 una ley que facilitaba una tarjeta sanitaria a la mayoría de las personas, locales y extranjeras con o sin permiso de residencia, por el mero hecho de empadronarse en un municipio.
La tarjeta garantiza el uso de la sanidad y las subvenciones a los fármacos de la Seguridad Social. Doce años después, el presidente Mariano Rajoy ha decidido eliminar esta ventaja, en nombre de la austeridad y de los "abusos" del llamado turismo sanitario.
El Tribunal de Cuentas, que fiscaliza el gasto público, estimó que España perdió 1.300 millones de dólares en atención sanitaria a extranjeros no residentes en España.
Según Basora, existen casos documentados de europeos que aprovechan la calidad y gratuidad para operarse en España o de extranjeros que inscribían como beneficiarios que a familiares que se trataban en sus países de origen con cargo al sistema de salud español.
La reforma establece que ya no bastará con el empadronamiento, sino que será obligatorio justificar que la residencia física de al menos tres meses y fiscal -de dónde salen la mayoría de los fondos para invertir en sanidad- están en España.
"Se parte de la premisa de que los inmigrantes irregulares abusan del sistema y no es cierto. Los inmigrantes en general se comportan como los nacionales", explicó Basora. "Además, hay una labor de prevención de salud pública, sobre todo en barrios marginales de las grandes ciudades que se va a dejar de hacer y esto va a tener consecuencias en casos específicos".
"Veremos ejemplos que al dejar de hacer esa vigilancia aumenten casos de tuberculosis y otras epidemias de transmisión sexual e infecciosas", añadió.
En ese sentido, la nueva ley hace una excepción con embarazadas y menores de 18 años, que mantendrán la tarjeta sanitaria tengan o no permiso de residencia. También se precisa que todas las personas tendrán garantizada su asistencia en los servicios de urgencia de un hospital.
Los extranjeros que carecen de permiso para residir en España perderán el derecho a visitar la consulta de un médico de manera regular, aunque serán atendidos de cualquier urgencia en los hospitales de forma gratuita, según el decreto sanitario publicado la víspera,
El gobierno asegura que con las medidas, con las cuales ahorrará unos 9.000 millones de dólares, sigue garantizando una asistencia básica a todo el mundo y está en línea con la de sus vecinos europeos. Pero ha sido fuertemente respondida por colectivos de inmigrantes y sociedades médicas, que la califican de discriminatoria y peligrosa.
"Lo que se pretende es intentar vacunar contra ciertos abusos que han habido en cuanto a las prestaciones sanitarias, pero por esta vía lo único que hace es perjudicar a la salud de la población tanto foránea como nacional", dijo Josep Basora, presidente de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria , que agrupa a 19.500 médicos de familia, una de las especialidades más importantes en el ámbito de la atención primaria a pacientes.
La reforma entrará en vigor el próximo 31 de agosto. Según Basora, no es sólo una mala noticia para los inmigrantes, sino un cambio general de filosofía.
"Pasamos de un sistema nacional de salud donde el paciente es un ciudadano a ser el paciente un asegurado", señaló Basora. "Es un cambio sustancial, porque hasta ahora la salud es un derecho y bajo esta nueva premisa estamos dejando fuera a los inmigrantes irregulares".
Vladimir Paspuel, presidente de la asociación de ecuatorianos Rumiñahui en España, aseguró que al obligar a estas personas a ir urgencias se favorecerá la automedicación, en detrimento de la prevención, y acabarán subiendo los costes.
"Se puede dar el caso de personas que aguanten sin ir al médico en lo que aparentemente es un dolor de estómago, pero en realidad se trata de algo más grave", afirmó Paspuel. "Vemos este decreto con mucha incertidumbre".
Para Basora, "desplazar la atención sanitaria de esta población a urgencias, conlleva de colapso y atención de patologías que en realidad no son urgentes", añadió.
Es difícil calcular el número de afectados. En España residen unos 5,5 millones de inmigrantes, el 12% de la población. Pero no hay cifras oficiales sobre no autorizados. Las estimaciones oscilan entre las 150.000 y las 500.000 personas.
La sanidad es probablemente el servicio público del que más orgulloso se sienten los españoles, a pesar de que arrastra algunos problemas de falta de personal y listas de espera en determinados servicios.
En España un transplante de hígado o el tratamiento de una simple gripe cuestan lo mismo: nada. Ni un solo céntimo.
El gobierno conservador de José María Aznar aprobó en 2000 una ley que facilitaba una tarjeta sanitaria a la mayoría de las personas, locales y extranjeras con o sin permiso de residencia, por el mero hecho de empadronarse en un municipio.
La tarjeta garantiza el uso de la sanidad y las subvenciones a los fármacos de la Seguridad Social. Doce años después, el presidente Mariano Rajoy ha decidido eliminar esta ventaja, en nombre de la austeridad y de los "abusos" del llamado turismo sanitario.
El Tribunal de Cuentas, que fiscaliza el gasto público, estimó que España perdió 1.300 millones de dólares en atención sanitaria a extranjeros no residentes en España.
Según Basora, existen casos documentados de europeos que aprovechan la calidad y gratuidad para operarse en España o de extranjeros que inscribían como beneficiarios que a familiares que se trataban en sus países de origen con cargo al sistema de salud español.
La reforma establece que ya no bastará con el empadronamiento, sino que será obligatorio justificar que la residencia física de al menos tres meses y fiscal -de dónde salen la mayoría de los fondos para invertir en sanidad- están en España.
"Se parte de la premisa de que los inmigrantes irregulares abusan del sistema y no es cierto. Los inmigrantes en general se comportan como los nacionales", explicó Basora. "Además, hay una labor de prevención de salud pública, sobre todo en barrios marginales de las grandes ciudades que se va a dejar de hacer y esto va a tener consecuencias en casos específicos".
"Veremos ejemplos que al dejar de hacer esa vigilancia aumenten casos de tuberculosis y otras epidemias de transmisión sexual e infecciosas", añadió.
En ese sentido, la nueva ley hace una excepción con embarazadas y menores de 18 años, que mantendrán la tarjeta sanitaria tengan o no permiso de residencia. También se precisa que todas las personas tendrán garantizada su asistencia en los servicios de urgencia de un hospital.
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