Cancelan a cinco funcionarios del Inabie tras adjudicación irregular de contratos a suplidores
Diario Libre publicó el otorgamiento de contratos a 1,260 empresas que no cumplían requisitos para suplir almuerzo
El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) ordenó este miércoles la cancelación de cinco funcionarios de esa entidad luego de una investigación sobre la habilitación y adjudicación de 1,260 suplidores que no cumplían con el pliego de condiciones para la distribución del almuerzo en las escuelas públicas.
Los funcionarios cancelados son José Alejandro Ceballos Paulino, quien se desempeñaba como director del Gabinete; el encargado jurídico, Andrés Montero Ferreras, Deiby Villalona de los Santos, encargado de la Gestión de Seguimiento a la Alimentación; el encargado del departamento Administrativo, Marino Laureano y Jesús Alcántara Alcántara, quien fungía como encargado de la División de Tecnología de la Información y Comunicación.
Las desvinculaciones, informadas por la entidad a este medio, se producen luego de que Diario Libre publicara un trabajo de investigación que resalta que el Comité de Compras y contrataciones del Inabie aprobó esta decisión de manera unánime y la justificó en que la cantidad de oferentes descalificados pondría en riesgo la distribución oportuna y eficaz de la alimentación de los estudiantes del sistema público nacional.
Inabie adjudicó a 1,260 empresas que no cumplían requisitos para suplir almuerzo
Quedaron habilitados para suplir a nivel nacional en total 2,372 suplidores, de los que solo cumplían con el pliego de condiciones 1,112 y fueron más los favorecidos que no calificaban.
La decisión se tomó el 2 de octubre pasado mediante el Acto Administrativo Acto/LPN/No. 0056/2021, emitido por el Comité de Compras del Inabie, en un proceso que estuvo dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas nacionales, que presentaran cocinas instaladas en el territorio nacional.
Desde hace varias semanas suplidores de alimentos escolares protestaron en demanda de que sean adjudicados en el proceso de licitación para la adquisición de alimentos para los centros educativos tras cumplir con todos los requisitos, al tiempo que denunciaron irregularidades.