Amenazadas las pensiones de maestros por falta de fondos y mal diseño del plan

Después de pasar 31 años como maestro y director docente, a sus 67 años de edad Gregorio Corporán está pensionado con RD$16,500. “En nómina”, aclara, pues con los descuentos por el seguro médico y préstamo, le queda poco más de RD$4,000. Él es uno de los profesores retirados del sector público que se han convertido en activistas y que desde hace más de tres años exigen al Gobierno un ajuste de sus salarios, que son pagados con cuantiosos fondos provenientes del 4 % del PIB para la educación.

La Unión Nacional de Maestros Pensionados y Jubilados (Unamapej) reclama que se lleve al menos hasta RD$30,000 las pensiones de maestros como Corporán. También, que se indexe en 20 % el monto que reciben miles de docentes retirados, con base en una ley vigente desde 2008, que manda a revisar sus sueldos cada tres años para ajustarlos a la inflación, pero que nunca se ha hecho de forma sistemática. Para ser más contundente, el gremio buscó el apoyo del Defensor del Pueblo, que inició una acción de amparo el pasado viernes (ver página 14) .

A pesar de que a los docentes les descuentan hasta el 4 % de su salario para el fondo de pensiones y el Ministerio de Educación (Minerd) aporta hasta el 8 % de cada sueldo, la respuesta del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (Inabima) es que no hay dinero para aumentarles.

La razón es que gran parte de las pensiones proviene del presupuesto del Minerd, ya que el patrimonio que se nutre de los aportes está siendo capitalizado. De acuerdo al reglamento del Inabima, durante 15 años el Estado asumirá el pago de las pensiones y jubilaciones, y el Inabima cubrirá las pensiones de sobrevivencia. En una segunda etapa, de 15 años también, el pago será compartido entre ambos, pero el Inabima aportará un máximo de 10 %.

Un estudio de Acción Empresarial por la Educación (Educa) advirtió en 2019 que el Programa Especial de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio “no es financieramente sostenible en el corto, mediano o largo plazo”, debido a que “no se cumple el requerimiento básico de un sistema de reparto: las contribuciones de los docentes activos no alcanzan para pagar los beneficios adquiridos por los docentes que se retiran”.

Observa que, si se mantiene la tendencia de incrementos salariales actuales y del número de docentes hasta 2030, el fondo de retiro no podrá hacer frente al pago de prestaciones más allá del 2045. Y, llegado 2038, cuando finaliza el periodo transitorio dispuesto por el reglamento, el Minerd estaría destinando el 16 % de su presupuesto al pago de prestaciones y contribuciones previsionales.

Al 2020, el Programa Especial de Pensiones y Jubilaciones del Inabima tenía 21,516 maestros jubilados y pensionados por discapacidad, que representaban un monto mensual de RD$809.3 millones, según reporta la entidad en su memoria institucional. Los maestros retirados se dividen en grupos: los que lo hicieron a través del Ministerio de Hacienda en virtud de una ley de 1981 (que a septiembre de 2020 eran 11,203), los que lo hicieron dentro del programa especial regido por una ley de 2008 y los que en el ínterin fueron afiliados a administradoras de fondos de pensiones (AFP) regulares.

Todos los grupos han pasado a ser gerenciados por el Inabima, que también debe administrar un plan de retiro complementario. Pero, la entidad no recibió todos los fondos acumulados por los docentes que ha recibido, destaca Educa en su estudio. Al 2019, el dinero acumulado en Hacienda nunca le fue traspasado, tampoco los fondos aportados por docentes como doble cotización, a través de segundos empleadores en el sector privado, y se desconocía cuánto había recibido de las AFP regulares.

“Estas situaciones imprevistas en el traspaso de afiliados de un sistema al otro sugiere que hubo deficiencias en la planificación inicial del programa y en la coordinación interinstitucional”, señala Educa.

El Programa Especial de Pensiones y Jubilaciones contaba a junio de 2021 con 118,237 maestros afiliados (76 % mujeres), de los que 97,040 cotizaban activamente.

La pensión media rondaba los RD$38,025 y la de los pensionados por discapacidad RD$20,023, calculó Educa en 2017. Al no indexarse como manda la ley, el monto sería el mismo en este 2021, cuando el costo promedio de la canasta familiar se estimaba en RD$38,625.29 para julio pasado.

“Si no tuviera un esposo con solvencia económica... Eso no da ni para comprar el calcio para los huesos”, dice una maestra que duró 32 de sus 59 años de edad trabajando en el sector público y recibe una jubilación de RD$16,500. Su último salario mientras estaba activa fue de unos RD$15,000 por trabajar una tanda laboral. “Después de eso (de que se retirara) hicieron muchos aumentos de salario a los maestros activos. Mientras más vieja es tu pensión, más poco ganas”.

En 2013, el Poder Ejecutivo dispuso por decreto el aumento a RD$15,000 la pensión y jubilación mínima, un incremento de 10 % de 10,044 pensiones y jubilaciones, y en 2016 el Minerd otorgó un aumento salarial de 10 % para aquellos que percibían menos de RD$20,000 al mes.

“Estos aumentos se han dispuesto discrecionalmente, sin llevarse a cabo análisis financieros y de sostenibilidad del fondo, de manera que se estime sus implicaciones para el presupuesto del Ministerio de Educación, entidad que cubre la mayor parte de estos beneficios”, destaca Educa en su informe.

Presión al 4 % del PIB

Solo en 2020, el Ministerio de Educación destinó RD$12,269 millones para que los pensionados y jubilados reciban sus salarios, significando el 6.03 % del presupuesto total de la institución para ese año.

El propio Minerd consigna la presión que esto genera para sus finanzas. En un informe sobre su ejecución presupuestaria en 2020, indica que, a partir de la asignación en 2013 del 4 % del Producto Interno Bruto (PIB) corriente para la educación preuniversitaria, el Ministerio de Educación ha percibido RD$150,423 millones adicionales. De este monto, RD$95,203.6 millones (63.29 % de los recursos adicionales) han ido al gasto directo en personal (salarios, contribuciones a la seguridad social, pensiones y jubilaciones).

Apenas el 26.61 % se ha destinado a otros gastos operativos como formación docente, alimentación escolar, mantenimiento de las escuelas y suministros para las aulas, que son áreas que presentan deficiencias por subsanar para garantizar una educación de calidad.

Del presupuesto del Minerd también sale el monto necesario para completar la pensión mínima de RD$15,000 para los anteriormente retirados por Hacienda.

El pasado jueves, el Minerd completó la nivelación salarial entre maestros de primaria y secundaria, que será efectiva desde este mismo agosto, y beneficiará a 69,072 docentes de primaria. Esto se traduce en una erogación anual de RD$2,986.4 millones, informó el ministro Roberto Fulcar.

“La tendencia del gasto nos está diciendo que la necesidad de recursos presupuestarios pudiese estar por encima de la asignación actual”, reconoció el Minerd en su informe de ejecución presupuestaria del año pasado.

Educa también considera que la tendencia en el programa de retiro de los maestros “es insostenible para el presupuesto del Minerd”. Sugiere la posibilidad de que el sistema no estuvo bien diseñado desde el comienzo o de que no se ajustó a los cambios, en relación con el tamaño del cuerpo docente y el crecimiento de los salarios. Una posible solución que plantea, tomando como base la experiencia internacional, es incrementar la edad de retiro de los docentes.

Acuerdos incumplidos

En junio pasado, el ministro Fulcar firmó un acuerdo con la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en el que se comprometieron a propiciar que el Inabima realice un estudio actuarial de los fondos de pensión y jubilación, y del plan de retiro complementario, para determinar las mejores inversiones que garanticen su crecimiento. Ya esto se había acordado en otro convenio firmado un año y medio antes por la ADP y el entonces ministro Antonio Peña Mirabal.

En el acuerdo de 2020, el Minerd se comprometió a apoyar una resolución de 2019 del Consejo de Directores del Inabima, que autoriza a la Dirección Ejecutiva de la entidad a promover la revisión y aplicación de un aumento salarial para los pensionados y jubilados entre 2006-2014, a través del programa para esos fines que gestiona el Inabima.

Como todas esas disposiciones no se han cumplido, Félix Rodríguez, un maestro jubilado, de 65 años, que preside la Unamapej, ya no confía en el Gobierno. “Siempre se ha barajado aplicar la ley mediante todo tipo de argucias”, dice. Por eso acudieron a la Defensoría del Pueblo.

Diario Libre insistió para entrevistar a algún funcionario del Inabima, pero al cierre de este reportaje no había sido posible.

Los maestros representaban el 3 % de la población total de afiliados al Sistema de Pensiones Dominicano y el 97 % de los que integran el subsistema de reparto individualizado, de acuerdo a un reporte estadístico de la Superintendencia de Pensiones (Sipen).

El fondo del Inabima es el segundo con más peso en el patrimonio de los fondos de pensiones, concentrando el 10 %. Su inversión en bonos del Banco Central –que es el mayor tipo de inversión– sumaba a junio RD$96,020.1 millones.

“Si no se programa el uso del patrimonio para el pago de alguna proporción de las jubilaciones y pensiones, antes de cumplido el periodo transitorio en 2038, el Minerd se vería en obligación de utilizar más del 10 % de su presupuesto para cubrirlas”, insiste Educa.

Mariela Mejía

• 

Editora de Economía y docente de periodismo. Se ha especializado en periodismo de investigación, multimedia y de datos.