Pro Consumidor sobre mataderos: tenemos que seguir adelante en hacer que se cumplan las reglas
Directora de la entidad reacciona a reportaje publicado por Diario Libre que evidencia violaciones a las buenas prácticas y las leyes
Mariela Mejía
La directora del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Anina del Castillo, reconoció hoy que las instituciones estatales deben hacer cumplir más las reglas establecidas para los mataderos municipales, de los que muchos operan sin respeto a las buenas prácticas y sin permiso ambiental, pero entiende que quienes trabajan en estos recintos también deben hacer su parte.
“Hay un deber que viene de unas leyes, que se le dice al que está sacrificando esas reses que no puede estar sacrificando una res en medio de la cacá que se hace la res”, dijo. “El que está sacrificando esa res no puede decir que yo no conozco esa normativa, entonces es un tema de conciencia ciudadana también”.
Del Castillo visitó a la subdirectora de Diario Libre, Inés Aizpún, para conversar sobre el reportaje publicado el pasado domingo por este periódico en el que se evidencia cómo la deficiente gestión de las autoridades permite que un conjunto de mataderos municipales opere sin apego a las buenas prácticas sanitarias, la mayoría no cuente con permiso ambiental y los matarifes sacrifiquen a los animales con prácticas violatorias a la Ley 248-12 de Protección Animal y Tenencia Responsable.
Mataderos municipales: entre faltas sanitarias y maltrato animal
La funcionaria observó que el tema de los mataderos merece igual atención que otros que afectan al país pues se debe tener presente la posibilidad de que en estos lugares se origine algún foco epidemiológico que afecte a la salud de la población.
Del Castillo recuerda que, aunque los mataderos no son competencia de Pro Consumidor, porque no están destinados al consumidor final, en un trabajo que hizo la institución con el Ministerio de Medio Ambiente se incluyeron mataderos, y en enero de 2017 cerraron tres en la cuenca del río Ozama como parte del plan de rescate de ese recurso de agua.
En ese entonces ambas entidades informaron el cierre de los mataderos privados Agro Empresa Quiñones, Los Tres Brazos y Carnes y Embutidos El Renacimiento (antiguo Matadero Mañón), por no contar con los permisos ambientales correspondientes, operar de manera poco inocua, tener un sistema de tratamiento deficiente y descargar los desperdicios al alcantarillado, los que a su vez se depositaban en el río Ozama.
Los mataderos municipales son recintos públicos administrados por los ayuntamientos locales, que pueden arrendarlos. Asimismo, deben ser supervisados por el Ministerio de Salud Pública para garantizar la inocuidad de las carnes que se venden para su consumo en carnicerías, colmados, mercados y supermercados. Solo en septiembre pasado las autoridades sanitarias cerraron cinco en Barahona, Sánchez, Nagua, Montecristi y Esperanza por incumplimientos a la Ley General de Salud.
A juicio de Del Castillo, las imágenes de los mataderos que cerraron Pro Consumidor y Medio Ambiente, y las incluidas en el reportaje que ha publicado Diario Libre, “evidencian una situación terrible de inseguridad alimentaria porque el alimento debería ser seguro desde sus orígenes”.
“Este trabajo tiene que ser útil para descubrir que, efectivamente, como autoridades tenemos que seguir adelante en hacer que se cumplan las reglas, pero que también el sector privado tiene que cumplir las reglas porque son sus deberes y no están ahí para sencillamente esperar que llegue un inspector y les ponga una multa”, expresó.
Del Castillo recordó que, en agosto pasado, Pro Consumidor cerró la llamada “zona de los cabeceros”, ubicada en el Mercado Nuevo de la avenida Duarte, por vender restos de carnes extraídos de las cabezas de cerdos y reses, sin ningún tipo de control ni refrigeración, generando riesgos a los consumidores.
“¿Por qué necesitamos mataderos adecuados?”, se preguntó. “Porque necesitamos saber si esa carne que llega tiene residuos de antibióticos o no lo tiene”.
Recomendó que los mismos ciudadanos exijan condiciones. “Y las autoridades, que sepamos que las tenemos que cumplir”, dijo.
“Hay que educar y exigir, y tomar medidas”, agregó.
Mariela MejíaEditora de Economía y docente de periodismo. Se ha especializado en periodismo de investigación, multimedia y de datos.
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