Contraloría realiza una auditoría especial por el proyecto de semáforos inteligentes

La Contraloría General de la República informó este miércoles que realiza una auditoría especial al proceso de contratación del servicio de modernización, ampliación y gestión del sistema integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo.

En una nota de prensa enviada a Diario Libre, el contralor general de la República, Félix Santana García, explicó que esta investigación al proceso INTRANT-CCC-LPN-2023-001 es realizada a través de la Dirección de Auditorías y la Unidad Antifraude de esta institución desde noviembre del 2023.

Manifestó que actualmente se efectúa un levantamiento in situ de los equipos instalados en las calles del Gran Santo Domingo por lo que los peritos estarán en varios puntos de esta demarcación acreditando evidencias.

"Para llevar a cabo este plan, nos hemos basado en los postulados instituidos en la Constitución de la República, en su artículo 247, que expresa que la Contraloría ejerce la fiscalización interna, la evaluación del debido recaudo, manejo, uso e inversión de los recursos públicos en todas las instituciones que están bajo el ámbito de la Ley 10-07, especialmente en el artículo 14, inciso 7 y en el artículo 27", sostuvo Santana García.

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Señaló que en estas labores se ha integrado un equipo multidisciplinario, capacitado en control interno, auditoría y otras ramas del saber, requeridas en cada caso.

La Contraloría pidió excusas por los inconvenientes que este proceso pueda causar, debido a que se podría ver afectado el tránsito, en ocasión de esta experticia.

El órgano de control interno del gobierno recordó que el proyecto de los semáforos inteligentes es una iniciativa del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), con el objetivo de automatizar y modernizar los semáforos tradicionales. Fue encabezada por el entonces director ejecutivo Hugo Veras.

El proceso de sustitución fue suspendido en octubre del 2023, por la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, tras denuncias realizadas contra la empresa Transcore Latam, SRL, la cual obtuvo la adjudicación del proyecto.

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