Abogado de familia Maldonado dice Hacienda incurre en desacato al no entregar recursos
Advierte funcionarios serán sometidos a la justicia como lo establece el artículo 148 de la Constitución por el no pago a Los Maldonado
Adalberto de la Rosa
Un abogado de la familia Maldonado Valera, a la que el Estado le debe entregar poco más de 1.9 millones de dólares, advirtió que el Estado, a través del Ministerio de Hacienda, incurre en desacato al negarse a entregar los recursos como lo contempla una sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA).
Pedro Enrique Santana, representante de una parte de los sucesores de Rufino Maldonado, en visita a la redacción de Diario Libre, afirmó que no hay ninguna justificación legal que impida el desembolso de los recursos que desde hace 15 años espera la familia.
El jurista consideró que el presidente Luis Abinader y el ministro de Hacienda, José Manuel Vicente (Jochi), al parecer, no tienen conocimiento del caso, porque de ser así no lo permitirían, porque la sentencia 0030-03-2019-SSEN-00382 del Tribunal Superior Administrativo ordena al pago de un astreinte por cada día de violación al fallo.
Informó que se le notificó a Hacienda un acto de puesta en mora y entonces se destapan con un oficio que exigen a los sucesores Maldonado documentaciones que fueron depositadas desde hace tiempo como la determinación de herederos de los sucesores de Rufino Maldonado.
La familia Maldonado Valera es millonaria, pero vive en la indigencia
“Le solicitamos al Presidente que no solamente les pague a los sucesores, sino que le exonere el pago de los impuestos sucesorales, toda vez que se ha generado por el astreinte de la sentencia una deuda de más de siete millones de pesos en adición a la condena de la sentencia”.
Explicó que se ha querido vender algo que no es real porque no hay problemas entre las familias Maldonado Valera ni sus abogados y han agotado todo el proceso legal para que se entreguen los fondos. Negó que haya una demanda en tercero como se informó en Hacienda.
Aseguró que las actuaciones de Hacienda no están apagadas a un orden jurídico y que son actuaciones que no responden a intenciones sanas porque se violentan los derechos constitucionales y entiende que ha sido un error el negarse a pagar.
“Nosotros procedimos a depositar todas y cada una de las pruebas o documentaciones que ellos(Hacienda) nos exigieron en ese momento, inclusive para para formalizar eso yo le solicité a la dirección jurídica y que lo hicieran por escrito”, adujo.
Afirmó que en la actualidad el Estado usufrutua la propiedad de la familia Maldonado porque construyó viviendas en unos terrenos que no han sido pagados a sus legítimos propietarios y los sucesores no han tenido el goce de sus derechos legítimos, porque los gobiernos pasados hicieron los edificios, hicieron campaña y se promovieron con esa tierra ajena.
Sostuvo que la negativa a pagar viola el artículo 51 de la Constitución de la República que establece: “El Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad. La propiedad tiene una función social que implica obligaciones. Toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes”.
“No hay necesidad de postergar esta situación y de seguir con esta familia sufriendo. Con relación a qué situación le genera la actual situación a las Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo es el impedimento de entrega de títulos a los propietarios de los apartamentos… y le están haciendo daño al presidente de la República con esto”.
Advirtió que si Hacienda no obtempera, una parte de la que los abogados y la familia no son responsables y es que varias organizaciones populares de la zona que se están agrupando para emprender acciones en defensa de los derechos de los sucesores Maldonado Valera.
Pedro Enrique Santana dijo que los abogados que llevan el caso, harán uso del artículo 148 de la Constitución que consiste en: “Las personas jurídicas del derecho público y sus funcionarios o agentes serán responsables, conjunta y solidariamente, de conformidad con la ley, por los daños y perjuicios ocasionados a las personas físicas o jurídicas por una actuación u omisión administrativa antijurídica”.
Adalberto de la RosaLicenciado en Comunicación Social por la universidad O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos.
Continuar con Google