Rumbo al 16

Cada coyuntura electoral tiene sus problemas y desafíos. Algunos de estos son arrastrados sin resolver a través del tiempo, y se redefinen o redimensionan, mientras que otros surgen por primera vez como resultado de cambios en los procesos y los actores políticos. Rumbo a las elecciones de 2016 se perfilan situaciones verdaderamente novedosas, tanto en lo político-electoral como en lo institucional, que pondrán a prueba la capacidad de los partidos políticos y de los órganos electorales para dar respuestas efectivas desde una perspectiva que apuntale la gobernabilidad política y la calidad de la democracia en el país.

Un aspecto problemático de la presente coyuntura electoral es el de la lucha interna en los partidos políticos y la capacidad institucional de estos para dirimir sus conflictos.

El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) parece haber resuelto el principal de los problemas –la elección de su candidato presidencial-, pero al costo de anular la democracia interna pues dicha elección se produjo sin competencia alguna en un proceso eleccionario de cuestionable constitucionalidad. Falta por ver cómo este partido va a resolver la elección del resto de las candidaturas que se postularán a los miles de cargos congresuales y municipales en todo el país.

Por su parte, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), desprendimiento del PRD, se aboca pronto a elegir su candidato presidencial sin contar aparentemente con un padrón electoral confiable y otras herramientas organizativas que permitan encauzar apropiadamente lo que se vislumbra ser una elección interna altamente competitiva. Lo mismo se plantea en relación al resto de las candidaturas para un partido que las encuestas perfilan como el principal competidor del partido de gobierno en las próximas elecciones.

En lo que respecta al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), este tiene uno de los más difíciles desafíos, si no el más difícil, de los últimos veinte años. Su dirigencia, caracterizada por una racionalidad política y un sentido unitario muy superior a la de los demás partidos políticos, tiene ante sí el problema de resolver la tensión entre reeleccionistas y no reeleccionistas al interior de ese partido. Dado el cuadro político que se ha conformado en torno a esta cuestión al interior del PLD, no parece haber por el momento opciones claras de cómo llegar a un punto de resolución armónica de este conflicto. La dirigencia de ese partido tendrá que hilar muy fino a la hora de tomar una decisión sobre esta cuestión para lograr un balance de intereses, mantener la unidad partidaria y estar en condiciones de mantener su principalía en el escenario político-electoral del país.

Esta coyuntura electoral también presenta, según las más reputadas encuestas, el hecho novedoso de un pequeño partido emergente –Alianza País y su candidato Guillermo Moreno- con la posibilidad de posicionarse electoralmente con cifras de dos dígitos, lo cual no ocurría desde la época en que el PLD comenzó a quebrar, en la década de los ochenta, el bipartidismo que mantenían el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y el PRD. Este nuevo elemento en la política nacional parece indicar que Alianza País está canalizando, pasivamente podría decirse, el descontento de ciertos sectores de la clase media, tanto del PLD como del PRD y sus desprendimientos políticos. Por supuesto, es muy temprano para saber si este nuevo elemento en la política dominicana se afianzará y se hará sostenible en el tiempo. Habrá que ver qué ocurrirá cuando la campaña electoral se despliegue en toda su intensidad, con sus requerimientos de recursos y maquinaria electoral, y los grandes partidos llenen el escenario electoral.

Este cuadro de situaciones y conflictos partidarios se da en el contexto de unas elecciones en las que, por primera vez desde 1994, se habrán de elegir todos los cargos electivos del país –presidente y vicepresidente, senadores y diputados, alcaldes y regidores, directores y vocales-, lo que representa un desafío enorme, tanto para las autoridades electorales como para los propios partidos políticos que deberán administrar conflictos, procesos y recursos desde la instancia más amplia –la competencia presidencial- hasta las más diminuta de un distrito municipal en algún lugar remoto del país.

A esto hay que agregar también la ausencia de una ley de partidos políticos que rija, entre otros, dos aspectos cruciales de la competencia electoral: uno, la forma de elección de las candidaturas y las autoridades internas de los partidos políticos, y dos, la financiación de las campañas electorales con miras a establecer topes, mecanismos de transparencia y herramientas de control por parte de la Junta Central Electoral (JCE). Esta institución, vale decir, sometió hace varios años al Congreso Nacional un excelente proyecto de ley sobre esta materia que contiene los elementos esenciales que se requieren para abordar estos dos problemas del sistema electoral dominicano.

En cualquier caso, lo importante a notar es que todo parece indicar que, una vez más, pasaremos por otro ciclo electoral sin disponer de una legislación que regule los partidos políticos y la financiación efectiva de las campañas electorales, la cual, si bien en sí misma no garantiza la calidad de los procesos electorales, al menos está llamada a dotar a las autoridades electorales de las herramientas legales y los mecanismos institucionales que le permitan hacer mucho mejor su trabajo en procura de mayor equilibrio, transparencia y control en la competencia electoral.

Flavio Darío Espinal