La fiscalidad en el contexto de un nuevo contrato social

“En estos lugares [América Latina], los colonialistas europeos impusieron una nueva marca de instituciones extractivas, o se adueñaron de cualquiera de las instituciones extractivas que encontraron, para ser capaces de extraer valiosos recursos, desde las especies y azúcar hasta el oro y la plata. En muchos de esos lugares, ellos pusieron en movimiento un conjunto de cambios institucionales que harían imposible el surgimiento de instituciones inclusivas. En algunos de ellos explícitamente eliminaron cualquier industria floreciente o instituciones económicas inclusivas que existían.” Acemoglu y Robinson, Why Nations Fails, 2012

El Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo planteó recientemente que en nuestro país es necesario pactar un nuevo contrato social, mediante el cual los ciudadanos dominicanos se comprometan a contribuir con una mayor tributación como mecanismo para lograr una sociedad más cohesionada. Estos planteamientos fueron hechos en el marco del primer encuentro del Diálogo INTEC para la Acción (DIA), coordinado por el destacado analista y politólogo Rafael Damares Toribio, con el propósito de propiciar un diálogo entre importantes sectores de la vida nacional, interesados en la búsqueda de soluciones a los numerosos problemas que obstaculizan el camino hacia el desarrollo.

El ministro Santana entiende que el contrato social es un conjunto de acuerdos explícitos e implícitos que establece las relaciones de reciprocidad entre el Estado y los diversos grupos de la sociedad. Y añade que en América Latina las sociedades optaron por un pacto fiscal imperfecto y trunco, en el que las élites contribuyen muy poco; pero, a la vez, esperan muy poco del Estado. Por lo tanto, dentro de la lógica de Isidoro Santana, se requiere de un pacto fiscal para reformar el Estado y evitar caer en la insostenibilidad.

Un caso paradigmático que llama la atención de Isidoro Santana es Dinamarca, un referente de país con una presión tributaria cercana al 50%. Pero la realidad de ese país no es bien representada por quienes lo utilizan como un modelo a seguir, pues sólo destacan el nivel de la presión tributaria y olvidan -quizás convenientemente- aspectos importantes de su modelo económico. Al menos, así piensa el economista español Juan Ramón Rallo, quien considera que el modelo danés es deliberadamente mal representado por los políticos interesados en promover sus políticas estatistas. Entre los datos que suministra Rallo están que el IVA -impuesto equivalente al ITBIS- tiene una tasa del 25%, y el impuesto sobre la renta a las personas físicas tiene una tasa marginal que llega al 59%, mientras que el impuesto a las corporaciones es del 22% y puede reducirse hasta un 7.5% cuando se aplican las exenciones.

Asimismo, destaca Rallo, la economía danesa tiene un mercado laboral altamente flexible: no hay un salario mínimo interprofesional, la seguridad social es pagada completamente por los trabajadores, y la cesantía puede llegar a un máximo de seis salarios si el trabajador al ser despedido tiene más de quince años en la empresa. Eso ha hecho posible una política de pleno empleo. Pero, además, la calidad de los servicios públicos y los niveles de transparencia con los que se gestiona la intervención del Estado en la economía están ajustados a las mejores prácticas internacionales. Es claro que el contrato social que se revela en una sociedad desarrollada como la danesa articula de manera efectiva los derechos y deberes de los actores claves en la conformación de un Estado institucionalmente fuerte.

Acemoglu y Robinson (2012) establecen que en América Latina las élites colonialistas establecieron instituciones con fines extractivos a través de la usurpación del poder político. Esa realidad no cambió sustancialmente con los movimientos independentistas, muchos de los cuales veían la esclavitud -por ejemplo- como algo natural. Ese contrato social impuesto por los colonialistas perdura de alguna manera -en formas distintas, claro- en el escaso desarrollo institucional que actualmente padecen nuestros países, a pesar de los avances que en los textos formales hemos hecho, y que sirven de adorno a la retórica pública.

Esas raíces históricas, que se traducen en una cultura del pesimismo, son un obstáculo -casi insalvable- para reescribir el implícito contrato social. Pero, una sociedad no puede esperar la catástrofe para abordar sus problemas fundamentales. Los recientes escándalos de corrupción constituyen una alarmante alerta de la degradación moral de la gestión pública. ¿Es posible, en este contexto, promover una fiscalidad desligada de un nuevo contrato social? Definitivamente, no es posible.

Pretender un aumento de la presión tributaria al margen de la revisión de un gasto público en extremo ineficiente, como se advierte en la salud, la educación y la seguridad ciudadana, y como se puede constatar por los elevados niveles de corrupción, es completamente inoportuno. Es preciso un nuevo contrato social, basado en la ética y la transparencia, que sirva de sustento a una ciudadanía más comprometida y solidaria con una sociedad plagada de tantas carencias.

La mayor responsabilidad en el proceso de redireccionar el país de la ruta hacia el descalabro corresponde al liderazgo político. Sin un compromiso de ese liderazgo todos los esfuerzos terminarán en la frustración, como hasta ahora. El futuro, sin embargo, luce poco esperanzador cuando se advierte que la degradación moral de la gestión pública ha sido parte de la instauración de un sistema de corrupción bien articulado e implementado con la complicidad de ese liderazgo político. De manera que pedirle a ese mismo liderazgo que lleve a cabo el proceso de rescate moral es como “pedirle peras al olmo”. ¿Y entonces?

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Pedro Silverio Alvarez