El precedente

En verdad, es deber de todo Estado preservar la seguridad jurídica y garantizar a todo inversionista, nacional o extranjero, que sus esfuerzos serán protegidos en la forma en que fueron pactados o autorizados.

Ese es el principio que, como todo, comporta excepciones.

Una de ellas son los impuestos. Los inversionistas pueden quejarse de que un cambio en el régimen tributario, lo que ocurre cada cierto tiempo, afecta sus inversiones, pero no pueden negarse a pagar los nuevos impuestos.

Otra es el cambio radical de las circunstancias, aunque en este caso hay que tener más cuidado, y el último ocurre cuando ha ocurrido una violación a la ley por parte del inversionista.

En este último caso existe un precedente interesantísimo en nuestro país, como lo fue el caso de la Gulf & Western, que debió entregar US$38 millones al Estado dominicano. Aquello no hizo quebrar a la Gulf, ni alteró sus relaciones con el Estado. Todavía su huella está en el país.

Diario Libre