La CNUS advierte sobre prestaciones a trabajadores

SANTO DOMINGO. La Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS) prepara un expediente judicial contra el Estado dominicano al que acusa de cancelar a cientos de empleados públicos y no pagarles las prestaciones que le corresponden.

“Estamos sumando la mayor cantidad de empleados que sea posible para hacer una demanda robusta y estamos solicitando a los empleados a acercarse, para que demanden y se le busque una solución a esta situación”, informó Rafael (Pepe) Abreu, presidente de la organización.

Refirió la Ley 1491 de Servicio Civil y Carrera Administrativa que establece en su artículo 28 que “los empleados de carrera y aquellos con diez (10) años o más de servicio ininterrumpido en la Administración Pública, y que no califiquen para recibir la correspondiente jubilación, que sean separados del servicio en forma injustificada o por haber sido suprimido su cargo, tendrán derecho a recibir una indemnización económica equivalente al sueldo de un mes por cada año de trabajo o fracción superior a seis (6)meses”.

La ley estable que dicha indemnización será pagada inmediatamente con cargo al presupuesto del organismo que produjo la separación del servicio, en base al monto nominal del último sueldo devengado.

Pero, de acuerdo con Abreu, la CNUS ha recibido más de 8,000 casos de empleados que fueron cancelados de sus funciones y no les han indemnizado. “Esos empleados están yendo al MAP (Ministerio de Administración Pública) y ahí les dicen la cantidad de prestación que le corresponde, pero cuando van al ministerio en el que trabajaban les dicen que no, que no les toca nada”, insiste.

La excusa que estarían presentando los empleadores públicos es que esos empleados no se incorporaron a la Carrera Administrativa durante el plazo establecido que abarcó los años 2008 al 2016 y que, por ende, no les corresponde la prestación.

“La ley dio el plazo para incorporarse, pero los empleados no tuvieron un mandato para hacer eso, sino que dependen de las carteras en las que laboran y, en esas carteras, en los ministerios, no le facilitaban la incorporación, siempre le entorpecían. Sea que falta un papel, que falta una firma, y pensando que la medida no se iba a tomar no lo hacían y algunos empleados hasta lo ignoraban, y luego fueron sorprendidos”. “Pero no es su responsabilidad sino que, por la inoperancia de los ministerios los empleados no se enteraron que tenían esa obligación”, justificó Abreu. Lamenta que esa situación, que podría llegar a afectar a más de 100,000 empleados públicos, se esté dando desde el Estado e insistió en que llegarían hasta el Tribunal Constitución (TC).

Tania Molina