Llaman al Gobierno a asumir su deber con familias afectadas por fenómenos

SANTO DOMINGO. Cuatro instituciones que trabajan el tema de la vivienda se unieron y realizaron una auditoría social sobre los procesos de recuperación de casas afectadas por los huracanes Irma y María el pasado año en Samaná, Duarte, María Trinidad Sánchez y Montecristi y determinaron que solo el 21% de los afectados recibió apoyo del Estado.

El estudio fue realizado por las entidades Ciudad Alternativa, Casa Ya, Foro Ciudadano y el Foro de Gestión de Riesgo de Desastre, durante nueve meses de trabajo. Los investigadores informaron que esas cuatro provincias fueron seleccionadas por ser de las más impactadas por los dos huracanes. Alrededor de 50,000 personas tuvieron que ser desplazadas y la afectación superó las más de 10,000 viviendas.

Los resultados dan cuenta de que las políticas de respuesta contra desastres del Instituto Nacional de la Viviendas y del Plan Social de la Presidencia, así como de otras instituciones se limitaron, principalmente, a la entrega de materiales, pintado o reacondicionamiento de viviendas.

Carlos Arena, del Foro de Gestión de Riesgo de Desastre de la República Dominicana, explicó que en las cuatro provincias estudiadas hubo 3,809 viviendas afectadas, de acuerdo con datos de instituciones oficiales, pero las entidades investigadoras encontraron 3,588, lo que es correcta la cuantificación y reconocen el trabajo que hicieron las instituciones públicas.

Sin embargo, el reporte oficial registró 384 viviendas parcial y totalmente destruidas, pero las cuatro entidades que realizaron el estudio han identificado 2,694.

Zaira Pujols, otra de las participantes en la auditoría, explicó que hubo dispersión de los actores encargados en cuanto a asumir los procesos de restitución de derechos en la respuesta, como es el caso de familias del barrio Azul de San Francisco de Macorís que no han sido retornadas a sus hogares.

Indicó que para este año, el Gobierno solo estaría dedicando 10 centavos por cada 100 pesos para el tema de resiliencia y reducción de riesgo de desastre ante el alto índice de vulnerabilidad que se observa en el país.

“En las conclusiones que tienen que ver con el terna constructivo, encontramos que en varias de las provincias, si bien hubo reubicaciones, fueron las mínimas y las viviendas que fueron reconstruidas solo se hizo el cascarón de la vivienda que no es digna sino una vivienda de emergencia”, dijo David Arbona de Ciudad Alternativa.

Las recomendaciones del estudio giran en torno a que el Estado invierta el 1% del Producto Interno Bruto para reducir el riesgo de desastres y el déficit habitacional, como forma de asumir sus compromisos internacionales contemplados en la Estrategia Nacional de Desarrollo y el Marco de Acción de Sendai y otros compromisos.

Adalberto de la Rosa