Sindicalistas de Puerto Rico proponen una protesta contra el Gobierno por la crisis fiscal
Autoridades presentarán el martes su plan de reestructuración de deuda
EFE
SAN JUAN. La Coordinadora Sindical, que agrupa a 15 sindicatos de corporaciones públicas de Puerto Rico, propuso hoy organizar una manifestación el próximo 11 de septiembre frente al Capitolio en San Juan para protestar en contra del Gobierno por los problemas fiscales de la isla.
El portavoz de la Coordinadora Sindical, Luis Pedraza Leduc, explicó en un comunicado de prensa difundido hoy que las organizaciones que los agrupan suscribieron una breve descripción crítica del desarrollo económico de Puerto Rico.
El organismo sindical afirmó que actualmente existe un grupo de asesores, abogados de corporaciones, gobernantes, economistas, contratistas y otros allegados al poder económico “que viven del conflicto y la crisis”.
Las organizaciones apuntaron a que estos que crean disputas, señalan a que la clase trabajadora, los desempleados, amas de casa, jóvenes, estudiantes, jubilados y todos los asalariados “asuman el mayor peso por la crisis causada por su forma de gobernar y organizar el país”.
Pedraza dijo que el grupo de sindicalistas exigió “detener de manera militante los planes del Gobierno y de los intereses económicos para hacer al pueblo trabajador más pobres y desdichados mediante la imposición del llamado Plan de Ajuste Fiscal”.
Criticó también el posible plan del Gobierno de Puerto Rico de privatizar las principales corporaciones públicas y reiteró el apoyo a aquellas medidas fiscales que le impongan contribuciones a las corporaciones foráneas y a los sectores más poderosos que se han beneficiado de la deuda pública y las exenciones contributivas.
Reestructuración de deuda
El Gobierno de Puerto Rico debe presentar el martes su plan para completar la reestructuración de su deuda, una propuesta muy esperada por los mercados estadounidenses desde que las autoridades locales anunciaron en junio que el grado de endeudamiento era insostenible.
Con cerca de una semana de retraso con respecto al compromiso inicial, está previsto que el Gobierno de este Estado Libre Asociado a EE.UU. presente mañana lo que denomina su Plan de Ajuste Fiscal a cinco años, tal y como se comprometió con sus acreedores para tratar de renegociar los términos del pago de la deuda.
Recientemente, la legisladora Lourdes Ramos, del opositor Partido Nuevo Progresista (PNP), vaticinó, aún sin conocer el plan, que “sus consecuencias serán nefastas para el trabajador y para el contribuyente”, ya que previsiblemente implicará “recortes de derechos laborales y nuevos tributos y contribuciones”.
Además “impedirá el alza en el salario mínimo y llevará al jubilado a la miseria”, auguró la legisladora, que sin embargo no se refirió a la moratoria del pago de ciertos bonos que los mercados dan por hecho que se incluirá en el documento.
Los mercados también dan por hecho que el gobernador Alejandro García Padilla impulsará la creación de un consejo de control de las finanzas públicas integrado por miembros locales pero también algunos expertos estadounidenses, para darle más credibilidad a su trabajo.
En un principio, el Gobierno se había comprometido a presentar este plan el pasado 30 de septiembre, pero en el último momento el Ejecutivo retrasó hasta el martes su presentación argumentando que había estado ocupado preparándose para la llegada de la tormenta tropical Erika, que finalmente no afectó a la isla tanto como se temía.
El Gobierno de García Padilla lleva trabajando en este plan desde que en junio emitió un mensaje público en el que calificó de “impagable” la deuda de 72.000 millones de dólares -y sus correspondientes intereses- que acumula esta economía caribeña, cuyo estatus político respecto de EE.UU. limita su margen de actuación para atender el grave problema de falta de liquidez.
Los mercados financieros y los acreedores de las corporaciones públicas de Puerto Rico esperan a conocer con detalle el documento, considerado una “hoja de ruta” de las medidas que tomará el Ejecutivo para la posible reestructuración de la deuda.
El documento debe detallar además la política económica del Gobierno de Puerto Rico para equilibrar las cuentas públicas del Estado Libre Asociado durante los próximos cinco años, lo que previsiblemente incluirá cambios estructurales en el presupuesto anual.
García Padilla dijo a finales del pasado junio que Puerto Rico no cumpliría con el pago de la deuda tal y como está negociada. Poco después, en agosto, se produjo el primer impago por parte de la Corporación de Finanzas Públicas, por 628.000 dólares.
El pasado 1 de septiembre esa misma entidad también dejó de realizar un pago de 1,4 millones de dólares que debía abonar el vencimiento de unos bonos.
Recientemente, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de Puerto Rico, una de las compañías públicas con mayores problemas financieros, llegó a un acuerdo con sus acreedores para reestructurar su deuda.
Ese acuerdo incluía un recorte del principal de la deuda (para quedar en el 85 % del actual), lo que hace temer a los inversores que la propuesta del Gobierno para el conjunto de la deuda también incluya algún tipo de quita, algo que el Ejecutivo siempre ha negado.
EFE
Continuar con Google