Sectores se enfrentan por firma del Pacto Eléctrico en el país

SANTO DOMINGO. Son varios los temas que han mencionado los Industriales de Herrera y la Provincia Santo Domingo que los llevarían a no firmar el Pacto Eléctrico en el país. Entre ellos están la generación, distribución y el marco institucional.

Argumentan que el principal problema del sistema eléctrico en la República Dominicana es la precaria e ineficiente gestión de las empresas distribuidoras de energía, señalando que las distribuidoras en este momento tienen un nivel de pérdida superior al 32%.

En lo institucional, apuntan que una vez más se desperdició la oportunidad de diseñar y poner en ejecución un órgano regulador del mercado eléctrico verdaderamente independiente, técnicamente capaz y libre de conflictos de intereses políticos o empresariales.

Ante los planteamientos de los Industriales de Herrera, la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Circe Almánzar, rechazó el pasado miércoles las posiciones de los sectores Industriales de Herrera y Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) con relación a la negativa de firmar el pacto eléctrico.

Almánzar dijo que los industriales nunca presentaron una propuesta en las mesas de trabajo y que el representante del sector social se retiró varios meses antes de concluir el proceso.

“El mecanismo de aprobación de cualquier propuesta era, básicamente, la unanimidad porque si alguien objetaba, se iba a disenso la propuesta... Entonces, no tiene ninguna lógica el hecho de que digamos ahora que no estamos de acuerdo con puntos cuando tú tenías la facultad para presentar alguna divergencia”, expresó.

De su lado, Fernando Peña, director del Observatorio, dijo que una de la cosas que se busca encubrir con el Pacto Eléctrico es el tema de las pérdidas de energía del país que, según él, son equivalentes al 33% de toda la energía que se transmite en la República Dominicana y que de ese 33%, el 12% o el 15% es pérdida técnica, por tanto, el 23% y el 25% de la energía que aquí se produce y que se les paga cara a los generadores, ni siquiera se factura en las EDEs y eso implica un monto astronómico de dinero que es igual en casi tres años, al costo de Punta Catalina sobre evaluada; estamos hablando de casi US$3,000 millones, es lo que, precisamente, el Pacto quiere encubrir”, expresó el representante del sector social.

Joaquín Caraballo