Puerto Rico está al borde de un incumplimiento “a gran escala”

SAN JUAN. El primer impago de la enorme deuda pública de Puerto Rico puede ser solo el preámbulo de un incumplimiento a gran escala de futuros vencimientos que conduzca a una de las mayores reestructuraciones de la deuda pública de EE.UU., según vaticinaron este martes agencias internacionales y economistas.

La Corporación para el Financiamiento Público (PFC, en inglés) no cumplió este fin de semana con un pago a sus acreedores y la incertidumbre y la preocupación reinan, aunque significa solo una mínima parte de los US$73,000 millones que adeudan las corporaciones públicas puertorriqueñas en conjunto.

El antiguo jefe de Análisis y Estudios Económicos del estatal Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Santos Negrón, señaló que una de las primeras consecuencias será la degradación de la deuda de corporaciones puertorriqueñas por parte de las agencias.

Negrón subrayó que es difícil predecir una solución una vez que el Gobierno pretende cumplir ante sus ciudadanos con el mantenimiento de servicios y no tocar el empleo de los funcionarios, lo que según dijo parece difícil de conciliar con las exigencias de los acreedores que piden que el dinero público se destine a saldar la deuda.

A la preocupación expresada por los economistas locales se suman los anuncios de las grandes agencias internacionales de riesgo.

Moody’s consideró como un impago propiamente dicho el incumplimiento por parte de PFC, sobre cuyo monto hay distintas versiones, que van de 57 a 94 millones de dólares, y apuntó que puede ser solo el inicio de otros venideros. Standard and Poor’s también lo calificó de impago y adelantó que presagia otros futuros por la falta de liquidez del Gobierno, y Fitch subrayó que está en línea con el anuncio hecho hace semanas por el gobernador Alejandro García Padilla, quien dijo que la deuda de Puerto Rico no se pagará en las condiciones y plazos negociados.

El catedrático de Economía de la Universidad de Puerto Rico, José Alameda, dijo que el caso de PFC podría considerarse la antesala de una serie de impagos de una ingente deuda.

Destacó que las agencias ya habían adelantado que nuevas degradaciones pueden llegar en el futuro afectando una a una a las distintas corporaciones de Puerto Rico con deuda emitida.

Martha Quiñones, miembro de la Junta de Directores de la Asociación de Economistas de Puerto Rico, señaló que la solución pasa por estudiar qué se puede pagar y que compromisos no se pueden asumir, además de asegurar que el caso de la isla caribeña se parece más al de Grecia que al de Detroit.

Detroit se declaró en julio de 2013 insolvente, con una deuda de más de US$18,000 millones, y pasó así a ser la ciudad más grande de EE.UU. en sufrir quiebra.

Un juez federal aprobó en noviembre de 2014 el plan trazado por la ciudad para reestructurar alrededor de un tercio de su deuda, y salir así de la crisis financiera.

Quiñones apuntó que la diferencia estriba en que Detroit pudo acogerse a una ley que permitió a la ciudad reestructurar su deuda, mientras que Puerto Rico carece de cualquier mecanismo legal para ello.

El presidente del opositor Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, insistió este martes en que la medida del impago era innecesari,a y que se había creado una reserva en la Legislatura para usarla en este tipo de casos.

Melba Acosta, actual presidenta del BGF, anunció el pasado viernes el pago de US$168 millones para saldar cumplimientos inmediatos de la entidad con sus acreedores, pero la pregunta que se hace el sector financiero es si se podrán atender todos los compromisos del presente mes.

En agosto vence la deuda de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante de Puerto Rico (Cofina) por US$330 millones, otros US$2,600 millones de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), US$91 millones de la Corporación de Financiamiento Municipal (Cofim) y US$14 millones del Sistema de Retiro, todas corporaciones públicas.

El Gobierno de Puerto Rico pone sus ojos ahora en Washington, en cuyo Congreso busca apoyo en un intento de que salga adelante un proyecto de ley que permita a la isla acogerse al Capítulo 9 del Código federal de Quiebras. efe

EFE