La crisis económica de Puerto Rico: cómo y por qué

WASHINGTON. Puerto Rico no pagó una deuda de bonos y enfrenta otra más mientras el Congreso de Estados Unidos se esfuerza por ayudar al territorio estadounidense y sus tres millones y medio de ciudadanos.

El secretario del Tesoro Jacob Lew viajó el lunes a la isla para poner de manifiesto el impacto de la crisis financiera y aumentar las presiones a los legisladores para que actúen.

El territorio no canceló un pago de bonos por casi 370 millones de dólares la semana pasada, el más elevado en una serie de pagos no abonados desde el año pasado. Puerto Rico debe unos 2,000 millones de dólares el 1 de julio, incluso unos 700 millones de dólares en obligaciones generales que supuestamente están garantizadas en la Constitución de la isla.

Complican los esfuerzos de los legisladores que tratan de evitar el colapso económico de Puerto Rico unos avisos a nivel nacional que consideran que la ley sería un rescate financiero, aunque el proyecto no incluye ninguna ayuda financiera.

Algunos representantes conservadores se han aferrado a ese argumento, lo que dificulta al presidente de la cámara baja, el republicano Paul Ryan, conseguir apoyo suficiente para el proyecto. El presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Rob Bishop, también republicano, dice que está reformando el proyecto y que presentará una nueva versión esta semana.

La AP explica la crisis de la deuda de Puerto Rico, lo que ocurre en el Congreso y las fuerzas externas.

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Puerto Rico está en situación precaria

El gobierno de Puerto Rico se está quedando sin fondos. Los ingresos agrícolas han disminuido y los incentivos impositivos federales que atraían a la manufactura fueron eliminados gradualmente por el Congreso hace una década.

El problema financiero de la isla se agravó como resultado de reveses en la economía global estadounidense y los gastos del gobierno de Puerto Rico siguieron descontrolados. Se tomó dinero prestado para cubrir los déficits crecientes y se vendieron bonos en términos especiales. Más de 200,000 personas han salido de Puerto Rico en el último lustro, lo que redujo la base impositiva de la isla.

Los que se quedaron han enfrentado mayores impuestos y tarifas de servicios públicos que obligaron a los comercios a cerrar o despedir personal. Los juicios hipotecarios aumentan y la tasa de desempleo de la isla del 12% es superior al de cualquier estado de Estados Unidos.

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Cuestión de impresión

Ryan gestiona ante la bancada republicana en la Cámara de Representantes el apoyo del proyecto de ley, que crearía una junta de control para ayudar a manejar la deuda de 70,000 millones de dólares y supervisar alguna reestructuración de la deuda. Ryan afirmó que el Congreso se opone enérgicamente a un rescate financiero, aunque Estados Unidos podría ser responsable en definitiva si el Congreso no actúa pronto para prevenir un colapso.

Algunos legisladores sostienen lo opuesto.

“Esto podría ser el primer paso hacia un rescate”, afirmó el representante republicano John Fleming, miembro de la Comisión de Recursos Naturales de la cámara baja, que deberá aprobar el proyecto antes de que pase al plenario.

Los acreedores a los que se debe dinero están invirtiendo millones de dólares en esfuerzos cabilderos en apoyo del proyecto y han contratado a exlegisladores para promover su caso. En determinadas ocasiones se oponen entre sí.

El exsenador republican Judd Gregg representa a un grupo poseedor de bonos respaldados por una parte del impuesto a las ventas del territorio y ha pedido a los legisladores que apoyen el proyecto. Esos poseedores de bonos se beneficiarán si la economía -además de las ventas- de Puerto Rico florece debido a la reestructuración. Gregg asegura que el proyecto “trata a los acreedores con justicia y no utiliza dólares de los contribuyentes”.

La exrepresentante Connie Mack, republicana, representa a un grupo de poseedores de bonos de obligación general opuestos al proyecto. En un correo electrónico a excolegas obtenido por The Associated Press, Mack escribió: “El proyecto es pura y sencillamente un RESCATE en las espaldas de los contribuyentes, retirados y ahorristas”.

Bishop, el legislador de Utah que apoya la medida para ayudar a Puerto Rico, afirmó que “el objetivo es asegurarse de que se pague a todos y no solo a unos pocos”.

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Avisos inquietantes

Algunos de los avisos difundidos por el Centro para la Libertad Individual han lanzado sus dardos contra Bishop y el representante Sean Duffy, patrocinador del proyecto. Nuevos avisos que comenzaron a difundirse el viernes muestran a una puertorriqueña llamada Theresa, poseedora de bonos, quien dice que perderá los ahorros de su vida si el proyecto que discute la cámara baja se convierte en ley.

El grupo está organizado como una organización políticamente activa sin fines de lucro que no tiene obligación de revelar los nombres de sus donantes.

Hasta la semana pasada, el grupo había invertido 1.900.000 dólares en lo que va del mes, según CMAG de Kantar Media.

El grupo con sede en Alexandria, Virginia, fue fundado a fines de la década de 1990 por líderes de la industria del tabaco que luchaban contra las restricciones del gobierno al tabaquismo. A partir de entonces ha evolucionado para ayudar a políticos republicanos y atesorar causas conservadoras como equilibrar el presupuesto federal y combatir a nivel estatal las leyes que obligan a revelar los nombres de los donantes.

El director del grupo es Tony Fabrizio, conocido encuestador y estratega republicano.

Bishop opina que los avisos no convencerán a la mayoría de sus colegas. “Los avisos son tan descabellados que es difícil que la gente se los crea”, afirmó.

Bishop canceló una sesión prevista para el 14 de abril para completar el proyecto después que Fleming y otros dejaron en claro que no apoyarían el proyecto y que los avisos del Centro para la Libertad Individual planteaban dudas en el seno del grupo. Mientras algunos republicanos están de acuerdo, otros manifiestan inquietud de que pueda sentar un precedente para los estados en dificultades financieras.

Bishop también ha continuado negociaciones con demócratas, funcionarios puertorriqueños y el gobierno de Barack Obama.

En el Senado, los republicanos dicen que están esperando ver qué pasa en la cámara baja.

AP