El gran sueño energético nacional

Parece mentira pero es la pura verdad. El problema de desarrollo más grande que confronta el país, la falta de un suministro seguro y confiable de energía eléctrica, tiene una fácil solución. Y esta es sencillamente traspasar todo el sistema eléctrico nacional, con excepción de su regulación, al sector privado.

Lo difícil, sin embargo, es que la clase dirigencial del país admita que la gerencia estatal ha fracasado estrepitosamente. Después de la muerte de Trujillo la gerencia estatal comenzó a declinar y, por décadas, la nación se ha visto acogotada por una constante crisis de energía eléctrica. Han ido y venido diferentes gobiernos y diferentes gobernantes, pero la gerencia política del sistema ha resultado inhibidora del desarrollo económico. No importa los argumentos, los resultados están ahí y parecen que seguirán ahí si no se admite la necesidad de un cambio radical de paradigma. El retrasado Pacto Eléctrico debe auspiciarlo.

A partir de 1996 se pretendió narigonear el problema con una solución intermedia. Puesto que la clase política notaba que la privatización total del sistema eléctrico no gozaba de las simpatías populares, se optó por la mediatizada solución de la “capitalización” del sector eléctrico. En otras palabras, se optó por asignar la mitad de la propiedad a los agentes privados y el Estado retuvo la otra mitad. Pero eso ha devenido en resultados contraproducentes, precisamente porque el involucramiento del Estado no permitió que se aplicara adecuadamente el modelo. Hoy, después de muchas crisis, tenemos un mangú donde el Estado es todavía el mandamás del sector, tanto en términos de propiedad como de gerencia y regulación.

Hay, por tanto, que cambiar de caballo y darle oportunidad al sector privado para que resuelva la crisis. Es decir, hay que guillotinar la participación del Estado en la propiedad y gerencia y dejar que el mercado, con la debida regulación estatal, produzca el milagro anhelado. Eso quiere decir que se necesita VOLUNTAD POLÍTICA. Pero la voluntad política no se requiere del Gobierno solamente. Puesto que la solución global de decapitar la participación estatal no puede llevarse a cabo sin el consenso partidario, la voluntad política requerida es la de la clase política en su totalidad. También se requiere de esa voluntad política para garantizar que, en el futuro, la regulación quede definitivamente despolitizada.

Para acometer la tarea del cambio, la clase política deberá comenzar por admitir cual debe ser el objetivo final. Se trata de que la población y la economía disfruten de un suministro eléctrico seguro y confiable. No se trata de 1) que la actual gerencia política del sistema siga en sus poltronas, 2) que algunos grandes consumidores sigan beneficiándose de la evasión del pago de su consumo, y 3) que algunos grandes productores sigan ordeñando la prodiga vaca de sus leoninos contratos. Esos son los objetivos actuales que el sistema cumple, pero esos son precisamente los que producen la crisis que soportamos.

Se necesita urgentemente de una cumbre política que acuerde la estrategia a seguir. Debemos comenzar con evaluar todos los activos de que dispone el Estado en el sector eléctrico. Es concebible que si tasamos idóneamente las plantas generadoras y verificamos las acreencias contra el Estado, podríamos pagar las deudas que tenemos con los llamados IPPs y comprarnos un suministro confiable por un tiempo. En esto podría caber también una venta de las hidroeléctricas, las cuales son responsables del 15% de la capacidad de producción. Pero el escenario resultante deberá tener la libre competencia como su norte.

Para lograr que el sistema se torne viable financieramente, debemos desprender al Estado de la propiedad y el control de las distribuidoras. Ellas deben ser vendidas al mejor postor, y el Estado comprometerse a apoyar todos sus esfuerzos de cobro, “caiga quien caiga”. Los especialistas definirán si conviene que las distribuidoras sean compradas por productores o no. Pero solo una gerencia privada, sin interferencia política de ninguna clase, puede acometer el cobro y hacerlo con fiereza. Y no deberá presumirse que los extranjeros serán preferibles por tener menos vínculos locales. La nacionalidad del mejor postor no debe ser predeterminada.

En cuanto a la transmisión, donde se requieren urgentes y grandes inversiones, el Estado debe también abjurar de cualquier tipo de participación accionaria. Ahí están los fondos de pensiones, los cuales se reporta que superan los RD$310,000 millones, si de pensar en apoyar a inversionistas locales idóneos se tratara. Estos podrían asegurarse el know-how con un socio especializado en partes iguales, o un contrato de gerencia con una o varias compañías idóneas. (En esto si que seria preferible que los socios fueran extranjeros.) Pero también ahí esta el sector privado nacional que, en un comunicado del CONEP, ha expresado interés en involucrarse con sus propias inversiones.

Tienta pensar lo que representaría un éxito de esta privatización. Si se cobran oportunamente las propiedades vendidas es totalmente concebible que la misma implique una inyección enorme de recursos frescos para la inversión pública. El Estado podría así acometer otros enormes proyectos de desarrollo que hoy esperan que aparezcan los recursos. Lejos de estar “hemorragiando” los recursos fiscales con costosos y cuantiosos subsidios y de estar añugados permanentemente por el fantasma de la deuda vencida que clama por satisfacción, el Estado liberaría así sus recursos fiscales hoy comprometidos en la lucha contra los apagones.

Naturalmente, esta transformación podría también ser un natimuerto. Es preciso que la clase política diseñe un proceso de privatización que este blindado contra los sobornos y las malversaciones. Ahí están las iglesias para ayudar con la ética del proceso, tomando en cuenta que ellas mismas han exigido una solución a la crisis. Pero mas que apoyarnos en esos pilares “divinos” o en la sociedad civil, la clase política debe aspirar a ser ella misma la que produzca un Glasnot, una Perestroika digna de enjuagar las manchas que se le atribuyen. Resolver el problema eléctrico se tornaría en una magnifica oportunidad para que se reivindiquen los partidos políticos y, al mismo tiempo, se desembaracen de la delicada y temida tarea de cobrar la electricidad consumida.

Las cúpulas partidarias tienen la palabra. El pueblo espera que no sea para trillar el estéril camino de la diatriba política y las mezquindades partidarias. Es necesario crecerse para dignificarse y la solución al problema eléctrico nacional ofrece una oportunidad que puede no solo salvar a nuestros partidos del descrédito público, sino también consolidar nuestra democracia. A los partidos le toca buscar gente no maleada y patriótica que manejen esta transición, aunque ellos mismos las supervisen con ayuda de las iglesias y la sociedad civil.

Juan Lladó