ADIE: la ley que autoriza la participación del Estado en generación distorsiona el mercado eléctrico nacional
Diario Libre
SANTO DOMINGO. La Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE) considera que con la reciente aprobación de la ley que permite la participación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) en la actividad de generación eléctrica, el Congreso de la República introduce un elemento que distorsiona el mercado de la electricidad del país. Esto así, debido a que la ley establece nuevas reglas que dan trato favorable al Estado en detrimento de los demás actores del sector eléctrico, lo cual es contrario a lo establecido en la Constitución de la República Dominicana.
La nueva ley libera a las plantas propiedad del Estado de tener que participar en procesos que contemplan la Ley General de Electricidad y la de contrataciones y compras públicas, lo cual crea una situación de favoritismo para el Estado y una nueva barrera para la participación del sector privado en proyectos de nueva generación.
Además, al liberar a las plantas propiedad del Estado de cumplir con la ley de contrataciones y compras, el Congreso introduce un factor que disminuye las posibilidades de mejorar la transparencia y pulcritud, en este caso, del proceso de venta de energía al Estado, que se podría alterar artificialmente para generar una burbuja que, como ha pasado con otras, al explotar tendría consecuencias nefastas.
Más allá de ello, con la aprobación de la ley, el Congreso envía una mala señal a la inversión privada en contradicción con los deseos del propio Gobierno de que sea el sector privado el que colabore con las autoridades para completar los planes de nueva generación necesaria, dado que con las plantas a carbón que construye la CDEEE solo se instalarán 700 de los 1,600 megavatios que dicha institución establece como necesarios para poder continuar con el proceso de abaratar la matriz de combustibles iniciado en el año 2000 y en el que el sector privado ya ha invertido alrededor de US$2,500 millones. Al crear un marco favorable para el Estado, la nueva ley desalienta la inversión privada al no poder competir en igualdad de condiciones.
La ADIE cree que, con respecto al primer considerando de la ley, donde se cita el déficit de suministro de energía eléctrica, éste no se debe a falta de energía disponible. Actualmente en el país hay capacidad de generación para suplir, de sobra, con creces, la demanda que tiene el país y quien decide la cantidad de energía que compra o no para suministrar electricidad a empresas y ciudadanos es el Estado. Por lo tanto, también es el Estado el que crea los apagones.
La ADIE llamó la atención sobre el hecho de que, por otro lado, en el segundo considerando de la ley se diga que una de las causas fundamentales de la crisis eléctrica es el alto costo de la matriz energética del país porque sus fuentes de generación son mayormente combustibles fósiles. Si bien es cierto que la mayoría de la capacidad instalada en el país es de plantas de fuel, la realidad es que son las que actualmente menos energía sirven al sistema. En 2000, el 90% de la energía que se generaba era a base de fuel oil. En 2014, no supera el 42%. La matriz energética se ha abaratado gracias a los alrededor de US$2,500 millones de dólares invertidos por el sector privado y existe la intención de seguirla abaratando con las inversiones previstas para convertir varias plantas de fuel oil en plantas a base de gas natural. De hecho, varios de esos proyectos han encontrado barreras en el sector público hasta hace pocos días, y otros todavía las enfrentan. De no haber existido esas barreras, la ADIE cree que hace años que el país estuviera disfrutando de una matriz de generación con aún menos dependencia del fuel oil.
Todas esas mejoras que han venido del lado de la generación no han tenido un reflejo para empresas y ciudadanos del país porque el Estado no ha hecho las inversiones necesarias para mejorar la calidad de la transmisión de dicha energía al sistema de distribución. Pero también porque las Distribuidoras no han acometido un plan reducir las pérdidas de comercialización y hacer más eficiente su gestión. Ese es el principal problema de la crisis eléctrica; el que apenas ha mejorado desde el año 2000 y el que está en manos, completamente, del Estado.
La ADIE dijo que el sector generador se ha preocupado a lo largo de los últimos 15 años de invertir y trabajar para mejorar la situación eléctrica del país y no ha hecho más por las barreras que se ha encontrado desde el Estado. Prueba de ello es que proyectos que se plantearon y no lograron la aprobación en su tiempo, ahora sí son válidos. La construcción del ciclo combinado de DPP anunciado recientemente es uno de ellos. De haberlos acometido en ese entonces, se hubiera ganado tiempo y mejorado la matriz, que es lo que ahora se presenta como excusa para autorizar la incursión directa del Estado en el área de la generación.
A pesar de todo lo que se dice injustamente del sector generador, alimentado desde la propaganda que desinforma a la ciudadanía, la ADIE afirmó que se mantiene el firme compromiso de las empresas eléctricas privadas de seguir colaborando para que la República Dominicana sea un país libre de apagones y en el que todo ciudadano pague la factura por un suministro de energía estable y de calidad las 24 horas del día, los siete días de la semana, todos los días del año a precios competitivos. Y todo ello, a pesar de quizá la principal barrera que había puesto el Estado hasta ahora para poder trabajar: una deuda sostenida que tiene con el sector privado por encima de los US$600 millones desde hace varios años.
La nueva ley libera a las plantas propiedad del Estado de tener que participar en procesos que contemplan la Ley General de Electricidad y la de contrataciones y compras públicas, lo cual crea una situación de favoritismo para el Estado y una nueva barrera para la participación del sector privado en proyectos de nueva generación.
Además, al liberar a las plantas propiedad del Estado de cumplir con la ley de contrataciones y compras, el Congreso introduce un factor que disminuye las posibilidades de mejorar la transparencia y pulcritud, en este caso, del proceso de venta de energía al Estado, que se podría alterar artificialmente para generar una burbuja que, como ha pasado con otras, al explotar tendría consecuencias nefastas.
Más allá de ello, con la aprobación de la ley, el Congreso envía una mala señal a la inversión privada en contradicción con los deseos del propio Gobierno de que sea el sector privado el que colabore con las autoridades para completar los planes de nueva generación necesaria, dado que con las plantas a carbón que construye la CDEEE solo se instalarán 700 de los 1,600 megavatios que dicha institución establece como necesarios para poder continuar con el proceso de abaratar la matriz de combustibles iniciado en el año 2000 y en el que el sector privado ya ha invertido alrededor de US$2,500 millones. Al crear un marco favorable para el Estado, la nueva ley desalienta la inversión privada al no poder competir en igualdad de condiciones.
La ADIE cree que, con respecto al primer considerando de la ley, donde se cita el déficit de suministro de energía eléctrica, éste no se debe a falta de energía disponible. Actualmente en el país hay capacidad de generación para suplir, de sobra, con creces, la demanda que tiene el país y quien decide la cantidad de energía que compra o no para suministrar electricidad a empresas y ciudadanos es el Estado. Por lo tanto, también es el Estado el que crea los apagones.
La ADIE llamó la atención sobre el hecho de que, por otro lado, en el segundo considerando de la ley se diga que una de las causas fundamentales de la crisis eléctrica es el alto costo de la matriz energética del país porque sus fuentes de generación son mayormente combustibles fósiles. Si bien es cierto que la mayoría de la capacidad instalada en el país es de plantas de fuel, la realidad es que son las que actualmente menos energía sirven al sistema. En 2000, el 90% de la energía que se generaba era a base de fuel oil. En 2014, no supera el 42%. La matriz energética se ha abaratado gracias a los alrededor de US$2,500 millones de dólares invertidos por el sector privado y existe la intención de seguirla abaratando con las inversiones previstas para convertir varias plantas de fuel oil en plantas a base de gas natural. De hecho, varios de esos proyectos han encontrado barreras en el sector público hasta hace pocos días, y otros todavía las enfrentan. De no haber existido esas barreras, la ADIE cree que hace años que el país estuviera disfrutando de una matriz de generación con aún menos dependencia del fuel oil.
Todas esas mejoras que han venido del lado de la generación no han tenido un reflejo para empresas y ciudadanos del país porque el Estado no ha hecho las inversiones necesarias para mejorar la calidad de la transmisión de dicha energía al sistema de distribución. Pero también porque las Distribuidoras no han acometido un plan reducir las pérdidas de comercialización y hacer más eficiente su gestión. Ese es el principal problema de la crisis eléctrica; el que apenas ha mejorado desde el año 2000 y el que está en manos, completamente, del Estado.
La ADIE dijo que el sector generador se ha preocupado a lo largo de los últimos 15 años de invertir y trabajar para mejorar la situación eléctrica del país y no ha hecho más por las barreras que se ha encontrado desde el Estado. Prueba de ello es que proyectos que se plantearon y no lograron la aprobación en su tiempo, ahora sí son válidos. La construcción del ciclo combinado de DPP anunciado recientemente es uno de ellos. De haberlos acometido en ese entonces, se hubiera ganado tiempo y mejorado la matriz, que es lo que ahora se presenta como excusa para autorizar la incursión directa del Estado en el área de la generación.
A pesar de todo lo que se dice injustamente del sector generador, alimentado desde la propaganda que desinforma a la ciudadanía, la ADIE afirmó que se mantiene el firme compromiso de las empresas eléctricas privadas de seguir colaborando para que la República Dominicana sea un país libre de apagones y en el que todo ciudadano pague la factura por un suministro de energía estable y de calidad las 24 horas del día, los siete días de la semana, todos los días del año a precios competitivos. Y todo ello, a pesar de quizá la principal barrera que había puesto el Estado hasta ahora para poder trabajar: una deuda sostenida que tiene con el sector privado por encima de los US$600 millones desde hace varios años.
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