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Aplazan coerción a tres implicados caso OISOE

Defensa hizo petición para conocer expediente

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Aplazan coerción a tres implicados caso OISOE
OISOE (FUENTE EXTERNA)

SANTO DOMINGO. El juez del Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, pospuso para el martes a las 10:30 de la mañana el conocimiento de la solicitud de medida de coerción en contra de los tres acusados de presuntas irregularidades en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado.

El juez tomó la decisión acogiendo una petición de los abogados de la defensa quienes hicieron la petición con el propósito de tener conocimiento del expediente y medios de prueba que sustentan el expediente de solicitud de prisión preventiva que presento la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

La Pepca solicitó la imposición de prisión preventiva en contra Yoel Soriano y el ex empleado Alejandro de los Santos y el abogado Rafael Alejandro Alejo

Previo a la petición, la directora de la Pepca, Laura Guerrero Pelletier, interrogó al director de la Oisoe, Francisco Pagán, quien a su salida solicitó llevar el caso hasta las últimas consecuencias.

Las pesquisas se iniciaron luego de que Pagán depositara una denuncia sobre alegados actos de prevaricación cometidos por funcionarios en la Oisoe, en contra del empleado fue solicitada prisión preventiva.

Los imputados fueron interrogados durante varias horas por la directora de la Pepca, Guerrero Pelletier.

Pagán manifestó su indignación por considerar que el Gobierno lo que está haciendo es sembrando al país de escuelas para los niños, con tandas extendidas.

“Yo lo que necesito es que la Fiscalía, la Procuraduría, carajo, actúen, no se puede quedar eso así, hasta las últimas consecuencias debe llegar esto”, agregó.

Mientras que el Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) depositó una querella por usurpación de funciones en contra de Alejandro de los Santos.

El abogado del Codia, Manuel Ramírez Obispo, manifestó que fueron depositadas certificaciones que indican que el imputado no es arquitecto. “Por lo tanto, el Codia, en beneficio de la clase, opta por perseguir el ejercicio ilegal de la profesión”, dijo.

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