Procuraduría divulga reglamento sobre localizadores electrónicos
Serán aplicables como medida de coerción por diferentes ilícitos penales.
Diario Libre
SANTO DOMINGO.- El procurador general de la República, Francisco Domínguez, quien preside el Consejo Superior del Ministerio Público, dio a conocer el reglamento aprobado por ese organismo para la habilitación de prestadoras de servicios de monitoreo electrónico, mediante la colocación de localizadores, aplicables como medida de coerción por diferentes ilícitos penales.
Aseguró que el Ministerio Público implementará las medidas necesarias hasta lograr eficiencia, transparencia y eficacia del servicio que se utilizará principalmente en los casos de violencia de género e intrafamiliar.
"Se trata de un sistema novedoso, que será implementado por primera vez en el país, y que su puesta en marcha podría ser de mucho beneficio en las labores de persecución del crimen por parte del Ministerio Público, pero, mucho más, para el sistema penitenciario nacional, ya que constituye una medida que contribuye al descongestionamiento del sistema penitenciario, el cual está desbordado en ambas modalidades, tanto en el Modelo de Gestión como en el sistema tradicional", subrayó el procurador.
Dijo que la colocación de los brazaletes tiene dos objetivos básicos: el primero ligado a la violencia de género, herramienta que se usará para colocarlo a una persona que deba estar alejada de otra que es la víctima, lo que contribuirá a hacer más efectiva las órdenes de alejamiento y que se le pueda dar un seguimiento para evitar cualquier tipo de violación.
"El segundo objetivo tiene que ver con la libertad condicional, prisión domiciliaria o en otros casos donde existan medidas de coerción y se apliquen garantías económicas, impedimentos de salida del país y otras restricciones para movilizarse en espacios determinados que el juez disponga", declaró el Procurador General.
Dijo que el juez decidirá en su sentencia a quiénes se debe colocar la herramienta, mientras que el Ministerio Público será el responsable de garantizar que el suplidor cumpla con las normas establecidas en el reglamento para prestar el servicio, además de tener acceso al monitoreo que deben seguir las prestadoras de ese servicio a la persona que lleve esos localizadores electrónico.
El localizador es un cintillo electrónico que se colocará en el tobillo o mano del imputado al que se le haya impuesto como medida de coerción.
Se informó que para la solicitud de habilitación del servicio los interesados deben depositar entre los documentos, una instancia dirigida al Consejo Superior del Ministerio Público, acreditación de la capacidad técnica a instalar, mantener actualizados sus equipos informáticos, así como ofrecer un servicio accesible para las personas de escasos recursos económicos, entre otros.
Aseguró que el Ministerio Público implementará las medidas necesarias hasta lograr eficiencia, transparencia y eficacia del servicio que se utilizará principalmente en los casos de violencia de género e intrafamiliar.
"Se trata de un sistema novedoso, que será implementado por primera vez en el país, y que su puesta en marcha podría ser de mucho beneficio en las labores de persecución del crimen por parte del Ministerio Público, pero, mucho más, para el sistema penitenciario nacional, ya que constituye una medida que contribuye al descongestionamiento del sistema penitenciario, el cual está desbordado en ambas modalidades, tanto en el Modelo de Gestión como en el sistema tradicional", subrayó el procurador.
Dijo que la colocación de los brazaletes tiene dos objetivos básicos: el primero ligado a la violencia de género, herramienta que se usará para colocarlo a una persona que deba estar alejada de otra que es la víctima, lo que contribuirá a hacer más efectiva las órdenes de alejamiento y que se le pueda dar un seguimiento para evitar cualquier tipo de violación.
"El segundo objetivo tiene que ver con la libertad condicional, prisión domiciliaria o en otros casos donde existan medidas de coerción y se apliquen garantías económicas, impedimentos de salida del país y otras restricciones para movilizarse en espacios determinados que el juez disponga", declaró el Procurador General.
Dijo que el juez decidirá en su sentencia a quiénes se debe colocar la herramienta, mientras que el Ministerio Público será el responsable de garantizar que el suplidor cumpla con las normas establecidas en el reglamento para prestar el servicio, además de tener acceso al monitoreo que deben seguir las prestadoras de ese servicio a la persona que lleve esos localizadores electrónico.
El localizador es un cintillo electrónico que se colocará en el tobillo o mano del imputado al que se le haya impuesto como medida de coerción.
Se informó que para la solicitud de habilitación del servicio los interesados deben depositar entre los documentos, una instancia dirigida al Consejo Superior del Ministerio Público, acreditación de la capacidad técnica a instalar, mantener actualizados sus equipos informáticos, así como ofrecer un servicio accesible para las personas de escasos recursos económicos, entre otros.
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