Danilo tocó temas de interés en cuatro rendiciones de cuentas; ¿qué dirá sobre Odebrecht?
El presidente pronunciará el 27 de Febrero su quinto discurso en este día como gobernante. Además del tema Odebrecht, también hay una investigación en curso sobre la venta irregular de terrenos por el Consejo Estatal del Azúcar (CEA)
SANTO DOMINGO. En sus cuatro discursos de rendición de cuentas pronunciados los 27 de febrero, el presidente Danilo Medina ha destacado temas de interés general. En el Salón de la Asamblea Nacional informó al pueblo sobre decisiones o anunció acciones, como la revisión del contrato con la minera Barrick Gold o el proceso judicial sobre Bahía de las Águilas. Para su próxima comparecencia un tema en la palestra es el caso de los sobornos de Odebrecht; queda la interrogante de qué dirá sobre este proceso que involucra a funcionarios y exservidores públicos.
La Procuraduría ha interrogado a al menos dos decenas de personas como parte de las investigaciones que ejecuta luego de que la multinacional brasileña Odebrecht admitiera el pago de sobornos en 12 países para asegurar contratos públicos. Un documento judicial de los Estados Unidos indica que en la República Dominicana pagó US$92 millones entre 2001-2014.
A diferencia de otras naciones en las que se indaga el caso, en el país aún no se han producido arrestos ni sometimientos a la justicia de algún implicado. Los grupos que promueven el movimiento Fin de la impunidad y la firma del Libro Verde, han solicitado que el gobernante se refiera al caso Odebrecht en su próxima rendición de cuentas. El pasado lunes el ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, aseguró que así lo hará. “Yo estoy seguro de que se va a referir al caso Odebrecht. Esperemos el 27”, dijo.
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Entre los temas puntuales del momento que el presidente ha destacado en sus discursos de rendición de cuentas pronunciados los días 27 de Febrero de los años 2013-2016, se produjeron resultados, otros aún siguen en curso o se mantienen.
El 1ro. de octubre de 2013 la Cámara de Diputados aprobó la Segunda Enmienda al Contrato Especial de Arrendamiento de Derechos Mineros (CEAM) entre la Barrick Gold y el Gobierno.
El acuerdo garantiza que, a un precio promedio del oro de US$1,600/oz, el gobierno, recibirá ingresos de alrededor de US$11,615 millones durante la vida del proyecto. Este monto equivale al 51.3% del total de los beneficios brutos, en vez de un 37.1%, que recibiría con el acuerdo anterior.
El presidente del hemiciclo en ese entonces, Abel Martínez, dijo que no votar por el contrato sería decirle al país que están de acuerdo con el contrato pasado y tirar por la borda el trabajo del presidente Danilo Medina y de los propios diputados.
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La adjudicación de la Central Termoeléctrica Punta Catalina la ganó en 2013 el consorcio Odebrecht-Tecnimont-Ingeniería Estrella. Su construcción está avanzada en 70% y se ha anunciado que entraría en operación en 2018.
La licitación está siendo investigada por una comisión designada para tal fin por el Poder Ejecutivo luego de que Odebrecht admitiera el año pasado el pago de sobornos.
El gobierno ha seguido tomando medidas similares a la anunciada en la rendición de cuentas para reforzar la seguridad. El 10 de junio de 2016, por ejemplo, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional anunciaron que se unieron en un plan de seguridad. El Ministerio de Defensa dispuso de 1,200 hombres en cada turno de servicio.
También, cinco años después de iniciado el plan de seguridad Vivir Tranquilo, el Gobierno anunció esta semana su relanzamiento en 160 barrios.
El Sistema de Emergencias 9-1-1 se ha expandido y en diciembre pasado se llevó a San Cristóbal y Haina.
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El Gobierno comenzó en junio de 2014 el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, que impactó en su mayoría a inmigrantes haitianos.
El país recibió constantes críticas y presiones internacionales por su política migratoria. Funcionarios defendieron la decisión estatal en foros internacionales, como las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA).
Posterior a su conclusión, se generó el retorno de muchos haitianos hacia su país por el temor a ser deportados.
A principios de febrero de 2017, el ministro de Interior y Policía, Carlos Amarante Baret, informó que en el Plan se invirtieron US$50 millones y se acogieron 249 mil extranjeros, en su mayoría haitianos. De esa cantidad, 225 mil han recibido su residencia temporal, 98 % de estos haitianos.
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Antes del 27 de febrero, día de la rendición de cuentas, el Tribunal Superior de Tierras ratificó la sentencia que declaró sin ningún valor y efecto jurídico las cartas constancias anotadas, los deslindes y certificados de títulos expedidos a favor de particulares en miles de metros cuadrados de terrenos en Bahía de las Águilas.
Los jueces Manuel Alexis Read Ortiz, Pilar Jiménez y Catalina Ferreras Cuevas ordenaron la cancelación de los derechos registrados en la parcela 215-A del Distrito Catastral No.3, Enriquillo, Barahona, descritos en los 78 recursos de apelación interpuestos por los supuestos propietarios de los terrenos.