Poder Ejecutivo acoge la extradición de Quirino
El presidente Fernández argumenta en el decreto 103-05, que la entrega de Quirino Ernesto Paulino Castillo se dispone en el entendido de que bajo ninguna circunstancia se le impondrá la pena de muerte
Santo Domingo. Mediante el decreto 103-05, el presidente Leonel Fernández acogió la sentencia de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que ordena la extradición a Estados Unidos del ex capitán Quirino Ernesto Paulino Castillo, acusado de traficar con 1,387 kilos de cocaína.
El mandatario argumentó que la entrega en extradición se dispone en el entendido de que Paulino Castillo bajo ninguna circunstancia se le impondrá la pena de muerte, "en el caso de que se comprobare su culpabilidad respecto de las infracciones por las cuales ha sido extraditado y deberá ser juzgado".
Uno de los considerando del decreto refiere que el gobierno de los Estados Unidos de América a través de su embajada acreditada en el país, mediante su nota Diplomática número 04 de fecha 11 de enero de 2005, ha solicitado del Gobierno Dominicano, la entrega en extradición del nombrado Quirino Ernesto Paulino Castillo.
Argumenta el decreto presidencial que entre los Estados Unidos de América y la República Dominicana se suscribió y ratificó un Tratado de Extradición en el año 1910, el cual en su Artículo Vll otorga a las altas partes contratantes, la facultad de extraditar a sus nacionales.
Añade que "la asistencia internacional de la especie fue solicitada, en fecha 11 de enero 2005, al amparo del instrumento internacional ya citado, el cual es vinculante entre los Estados partes".
Otro de los considerando afirma que la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia declaró como regular y válida en cuanto a la forma y el fondo dicha solicitud de extradición y puso a cargo del Procurador General de la República la tramitación y ejecución de la decisión.
El mandatario argumentó que la entrega en extradición se dispone en el entendido de que Paulino Castillo bajo ninguna circunstancia se le impondrá la pena de muerte, "en el caso de que se comprobare su culpabilidad respecto de las infracciones por las cuales ha sido extraditado y deberá ser juzgado".
Uno de los considerando del decreto refiere que el gobierno de los Estados Unidos de América a través de su embajada acreditada en el país, mediante su nota Diplomática número 04 de fecha 11 de enero de 2005, ha solicitado del Gobierno Dominicano, la entrega en extradición del nombrado Quirino Ernesto Paulino Castillo.
Argumenta el decreto presidencial que entre los Estados Unidos de América y la República Dominicana se suscribió y ratificó un Tratado de Extradición en el año 1910, el cual en su Artículo Vll otorga a las altas partes contratantes, la facultad de extraditar a sus nacionales.
Añade que "la asistencia internacional de la especie fue solicitada, en fecha 11 de enero 2005, al amparo del instrumento internacional ya citado, el cual es vinculante entre los Estados partes".
Otro de los considerando afirma que la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia declaró como regular y válida en cuanto a la forma y el fondo dicha solicitud de extradición y puso a cargo del Procurador General de la República la tramitación y ejecución de la decisión.