Los tres golpes de Bávaro-Punta Cana

En cierta medida existe hoy una situación parecida con respecto a las condiciones de Bávaro-Punta Cana, el polo turístico más importante del país. Ahí los problemas de la basura, el agua y la falta de alcantarillado pluvial podrían golpear al turismo si no se confrontan adecuadamente. Y el Distrito Municipal de Verón (DMV) es la institución clave para que el polo pueda presentar esos "documentos".

El primer golpe tiene que ver con el agua potable en el casco urbano de Verón. Un estimado informal cifra en sólo un 10% las edificaciones que tienen pozos sépticos para las descargas fecales y de aguas residuales. El resto resuelve descargando en furnias y pozos filtrantes. Como los suelos son cavernosos la filtración de las descargas es mínima y eso está causando contaminación y fetidez en las aguas que se extraen de pozos tubulares. (El Cortecito es el área más afectada.) Afortunadamente, los hoteles de la costa extraen su agua de pozos tubulares a muchos kilómetros de distancia y tienen su propio sistema de potabilización. Ellos no son afectados por la contaminación.

Pero la extracción de tanta agua del subsuelo, por parte de los hoteles como de las edificaciones urbanas, está agotando el acuífero y la intrusión salina se ha comprobado hasta a 12 kilómetros del litoral marino. En consecuencia, la disyuntiva es la de ir hacia un acueducto regional que se alimente de aguas superficiales o instalar plantas de desalinización que puedan remplazar a los pozos. Estudios del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) han identificado al área de Gina Jaragua como una apta fuente de agua subterránea para el posible acueducto, la cual se cree que está alimentada por el río Anamuya en su tramo subterráneo. Pero también se piensa que una presa en el río Chavón podría suministrar el caudal requerido. La opción de la presa en el río Sanate sería menos deseable porque éste alimenta al Chavón.

El segundo golpe es el de las aguas residuales. Los hoteles tienen también su propia planta de tratamiento y eso ha evitado una catástrofe ambiental. Hoy día el problema es que las plantas usan una metodología aeróbica que consume mucha energía y no trabajan a tiempo completo porque sus motores son apagados para reducir el consumo. La interrupción del proceso impide la descontaminación total. Tampoco existe una planta central de tratamiento para el casco urbano de Verón. Se aspira al desarrollo de una planta de tratamiento por módulos en cada polígono ambiental del DMV. (También ya existen tecnologías de bajo costo que tornan el agua residual en potable). Pero eventualmente Verón tendrá que desarrollar también su propio sistema de alcantarillado.

El tercer golpe lo representa el enorme problema de la disposición de los residuos sólidos. Hasta ahora cada hotel y cada edificación tienen una solución propia para ello. Existían hasta hace poco más de 40 vertederos, de los cuales la Unidad de Gestión Ambiental del DMV ha clausurado 22. Actualmente solo existe una planta de tratamiento de la basura autorizada por el Ministerio Ambiente y un vertedero en Macao que maneja el DMV para los desechos del casco urbano. En el área se producen más de 500 toneladas diarias de basura y sólo un proyecto turístico hasta ahora ha desarrollado un sistema integral que incluye el reciclaje y la producción de compost y gas metano.

Así se ha surgido un tinglado de camioneros que (por paga) recogen la basura en los hoteles y luego la depositan en vertederos a cielo abierto, contribuyendo a la contaminación ambiental. El DMV intentó hacerse cargo de la recolección de la basura pero los camioneros se opusieron tajantemente. Ahora el clúster turístico está promoviendo la formación de un consorcio entre los camioneros a fin de que así puedan adquirir los equipos apropiados para la recolección de la basura. Pero esa sería una solución de transición solamente. Eventualmente es al DMV a quien le toca la tarea y sólo su actual debilidad institucional explica que no se haya podido imponer a los intereses particulares.

Es al DMV a quien le toca enfrentar estos formidables "tres golpes" del polo turístico. Sin embargo, la debilidad institucional de su Ayuntamiento es tal que alarma pensar en que, de seguir así las cosas, los problemas reseñados podrían socavar la salud del turismo en la zona. Solo una intervención masiva del Gobierno Central, haciendo las inversiones requeridas, salvaría la situación. Pero la marginación del polo por parte del Estado que ha primado hasta ahora respecto a su desarrollo conspira contra esa posibilidad.

El DMV está hoy día prácticamente atado de manos por falta de los recursos necesarios. En vista de que en el último censo Verón sobrepasó los 50,000 habitantes, su ayuntamiento debe tener oficinas de planeamiento urbano y gestión de medio ambiente. Afortunadamente, esas oficinas ya existen, pero trabajan muy precariamente por falta de fondos. La asignación de RD$920,000 mensuales que recibe Verón del Gobierno Central sólo cubre un 45% de los gastos operativos actuales. De ahí que Verón esté muy interesado en poder disponer de arbitrios que anteriormente iban al Ayuntamiento de Higüey.

Sobre este asunto existe ahora un agudo conflicto con el Ayuntamiento de Higüey. Este último devenga un 55% de los recursos recaudados por concepto de los arbitrios existentes en Verón. Eso le resta capacidad para emprender las iniciativas que se requieren para embridar el pandemonio urbano existente y embellecer los entornos de los numerosos hoteles que hay en su territorio. Los poderes políticos de Higüey impusieron este acuerdo a Verón mediante contrato entre los ayuntamientos, pero tal arreglo contradice los fueros y derechos del DMV.

Como la Constitución del 2010 instituyó la elección por voto popular de las autoridades de los distritos municipales (director, Junta de Distrito), el control por parte de Higüey sobre Verón resulta altamente cuestionable. El asunto requiere de una urgente atención no solo porque Verón tiene conculcadas sus prerrogativas constitucionales (bien claras en los artículos 199 y 300 de la Constitución) para ejercer su autonomía operativa. Es también porque el mismo conflicto aqueja hoy a otros municipios y distritos municipales, derivados como son de la anterior subordinación jerárquica. La Asociación Dominicana de Distritos Municipales (Adodim), la entidad que agrupa a los distritos municipales, debe elevar un recurso de amparo contra los municipios involucrados o elevar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. De paso se deberá resolver también el conflicto de jurisdicción entre el Ministerio de Turismo y el DMV. Este último recela de las intervenciones del Ministerio de Turismo (Mitur) en su casco urbano, del establecimiento de densidades diferenciadas de los polígonos ambientales y de la imposición de un Plan de Ordenamiento Territorial (aunque se haya anunciado que se va a revisar). El Distrito alega que este último no es legal, a menos que lo apruebe la Junta del Distrito. Sin duda, los dolores del parto del DMV tienen repercusiones nacionales. Mientras el polo turístico no llegue a parecerse a Cancún en higiene y organización estaremos amenazando la competitividad turística del país.

Mientras tanto, los líderes regionales actuales, tanto los públicos como los privados, podrían ser acusados de "vagos", a la usanza de la Era de Trujillo, si continúan contemporizando con esta situación y permitiendo que siga al garete.

Juan Lladó