“La Ley de Libre Acceso a la Información Pública le ha quedado grande al país”

SANTO DOMINGO. "Esta es una ley que le ha quedado grande al país". A esta conclusión llega el arquitecto y docente universitario Manuel Muñoz, dos años después de que el Tribunal Constitucional (TC) fallara a su favor para que la Cámara de Diputados le suministre los nombres y salarios de sus asesores, amparándose en la Ley de Libre Acceso a la Información Pública 200-04.

Muñoz quiso probar la efectividad de la ley y en 2010 solicitó los datos a la Cámara Baja, pero no le satisfizo haber recibido un listado con 22 asesores, sin sus nombres, y el total global de salarios por departamentos. La Cámara de Diputados alegó motivos de confidencialidad para identificarlos.

El ciudadano elevó una acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo para que revelaran los nombres, y se falló a su favor. La Cámara recurrió la decisión ante el TC alegando que no contaba con el consentimiento de los asesores. Pero, el TC acogió el pedimento del solicitante mediante la sentencia 0042-12, al concluir que los nombres no son confidenciales.

Muñoz, luego, se apoyó en el artículo 30 de la Ley de Libre Acceso, que establece condenas privativas de libertad al funcionario que niegue u obstruya la entrega de datos. El 15 de febrero de 2013, sometió por desacato ante la Suprema Corte de Justicia al presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, pero el recurso fue rechazado por insuficiencia de pruebas.

Aunque Muñoz asegura que los datos precisos nunca le fueron entregados, la Oficina de Libre Acceso de la Cámara informa a DL que sí publicó una lista con los nombres en la página web de la institución, acatando la sentencia del TC.

"Vivimos todavía aspirando de que nuestras autoridades entiendan lo beneficioso que es la transparencia", dice Muñoz.

Entre 2012-2014, el TC ha conocido 14 recursos de revisión de sentencias que tratan la entrega de información pública, fallando nueve a favor del solicitante y negando cinco. En tanto que un reporte de la Suprema Corte de Justicia establece que al Tribunal Superior Administrativo entraron 200 recursos de amparo entre 2007-2013. De ese total, falló 148: acogió 26 y rechazó 41.

Entre las limitantes que la Ley 200-04 establece para no entregar una información pública están: que atente contra la seguridad del Estado, se clasifique como "reservada" por ley, contravenga el secreto bancario, afecte una causa judicial, forme parte de una investigación administrativa o ponga en riesgo la integridad individual.

"¿Qué información puede ser reservada aquí?", se pregunta el veterano periodista Juan Bolívar Díaz. "Este país no está en guerra con nadie. En una guerra tú dices: Hay información estratégica-militar que no se puede dar, pero ¿qué es lo que vamos a ocultar? Sabemos cuántos son los miembros de las Fuerzas Armadas, que son 54,598, casi 55 mil, sabemos que la Policía son 33 mil o 34 mil hoy día, ¿qué es lo que vamos a ocultar?".

Díaz entiende que los funcionarios se amparan en ese margen de discrecionalidad para negar información, especialmente "aquellos que tienen muchas cosas que ocultar". "Justamente los que más, donde más interés pudiera haber de la ciudadanía por obtener información, y eso no descarta instituciones tan vitales como el Congreso Nacional o como la Junta Central Electoral que han estado muchas veces en cuestionamientos y han estado renuentes a abrir por completo las páginas de sus cuentas para ver cómo se manejan", dice.

"Hay que esperar"

El criterio de confidencialidad que defienden los funcionarios fue la causa por la que el experimentado periodista Luis Eduardo (Huchi) Lora pasó por un proceso judicial para que la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) entregara los estudios de suelo para construir el Metro de Santo Domingo.

En el 2006, el geólogo Osiris de León denunció que la Opret no había realizado los exámenes de suelo necesarios para la obra. "La Opret respondió que ellos sí habían hecho los estudios, entonces yo se los solicité usando por primera vez la Ley de Libre Acceso a la Información Pública. Me lo negaron alegando que eso era un tema de seguridad nacional", recuerda Lora.

El periodista sometió un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo que el 27 de abril de 2007 falló a su favor. La Opret recurrió la decisión en casación ante la Suprema Corte de Justicia y el 6 de diciembre de ese año esta ordenó ejecutar la sentencia. Obligada judicialmente, entregó los documentos. "Pero no eran esos los estudios", dice Lora, quien sostiene la tesis de que el gobierno inició la construcción de la obra sin conocimientos de lugar, algo que niega la Opret.

"Por lo menos se demostró que la ley había que cumplirla y el que solicita una información pública, si no se la entregan, puede elevar un recurso, aunque hay que esperar", reflexiona Lora.

Periodistas: “Ley sirve para esconder información” 

DL hizo una encuesta que respondieron 22 periodistas en ejercicio. Indicaron que los datos que acostumbran solicitar se refieren a nóminas, presupuestos, estadísticas y licitaciones.

Al interrogarlos sobre qué consideran que vino a ser la Ley 200-04 (pudiendo seleccionar varias respuestas), 10 de ellos entienden que a facilitarle el trabajo a la prensa, 12 a prolongar el tiempo para conseguir información y 9 un mecanismo de los funcionarios para esconder información.

Un encuestado narró: "Un periodista nuestro solicitó a la DGII una lista de las diez empresas que más impuestos pagan y se lo negaron, alegando que eso era información confidencial, que no revelaban porque podría atentar contra la seguridad de los contribuyentes. ¿Y eso? ¿No debería saber la gente quién paga impuestos y quién no? Nunca entendimos en qué eso afectaba o ponía en riesgo a los contribuyentes".

Un total de 12 considera que las informaciones que publican las instituciones públicas en los portales de Transparencia son incompletas y 9 parcialmente completas.

Algunas de las recomendaciones que hacen a los que deben cumplir la legislación son:

• "Recordar que administran la cosa pública y, como tal, tienen el deber de informar lo que hacen. No entregar una información solo lleva a suponer que algo malo ocultan".

• "Entregar las informaciones con fluidez y actuar sin temor porque casi siempre cuando es un periodista que requiere una información, manifiestan ciertos temores".

• "Que cumplan la ley sobretodo el Congreso Nacional que fue que la aprobó y la Presidencia que fue que la promulgó. Que cuelguen en sus páginas webs las informaciones de forma oportuna".

Casos por negar informaciones

- Marzo de 2005: Diario Libre se quejó de que Rafael Pérez Modesto, entonces subsecretario administrativo de la Presidencia, no respondía a la solicitud de copias de un préstamo y enmienda. 

- Noviembre de 2006: Diario Libre denunció que el Senado y la Cámara de Diputados no respondían la solicitud de datos relativos al personal, asesores y salarios.

- Noviembre de 2008: el Presidente de la JCE y el director de Libre Acceso fueron intimados por un periodista que solicitó una rendición de cuentas de los gastos de la institución en las elecciones en Nueva York.

- Marzo de 2009: el Ayuntamiento de San Cristóbal y sus funcionarios fueron hallados culpables de violar la Ley 200-04 tras acción interpuesta por un ciudadano.

- Mayo de 2011: la Asociación para el Desarrollo de Cabarete se querelló contra el director de este distrito turístico por no cumplir con la sentencia que ordenó entregar información sobre ingresos, egresos y contratos.

- Agosto de 2012: la alcaldía de Fantino fue sometida por un ciudadano que exigió documentos sobre los ingresos y egresos desde el 2010.

- Noviembre de 2013: Diario Libre introdujo un recurso de amparo contra la Superintendencia de Seguros, en su condición de liquidadora oficial de la empresa de seguros Segna, ante la reticencia de su titular, Euclides Gutiérrez Félix, de cumplir la Ley 200-04.

- Mayo de 2014: Diario Libre solicitó a la Opret copias de la póliza de seguro del Metro, sin que a la fecha la haya entregado.

Mariela Mejía