Tribunales de San Cristóbal y la capital bajo el ojo cuestionador
Son recurrentes las quejas del Ministerio Público por decisiones tomadas en casos polémicos
Mariela Mejía
SANTO DOMINGO. Los seis jueces y exjueces del Poder Judicial que son investigados por la acusación de hechos de presunta prevaricación, han prestado servicios en las jurisdicciones del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, en cuyos tribunales, al igual que los de San Cristóbal, se dictan sentencias en ocasiones cuestionadas por las autoridades del Ministerio Público, las que combaten los delitos y las antinarcóticas.
El 1ro de octubre de 2013, el procurador Francisco Domínguez Brito llamó la atención sobre “la peligrosidad” que significa la libertad bajo fianza de personas acusadas de narcotráfico y destacó que muchos extranjeros han logrado obtener una decisión de este tipo y están prófugos. Lo mismo recalcó el 31 de enero de 2014 y se quejó públicamente otra vez el 11 de febrero de ese mismo año.
El pasado lunes, el Consejo del Poder Judicial (CPJ) suspendió sin disfrute de salario, y remitió a juicio disciplinario a los magistrados José Duvergé Mejía, Rosó Vallejo Espinosa y Víctor Mejía Lebrón, de tribunales de la provincia Santo Domingo. También, suspendió a Awilda Reyes Beltré y Delio Germán Figueroa, ambos del Distrito Nacional.
En octubre del presente año, el Procurador cuestionó la libertad otorgada al regidor de Pedro Brand, Erickson de los Santos Solís (Ney), acusado de dirigir una red de sicarios y de lavado activos. La decisión fue de Reyes Beltré, jueza de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional. “Es un abuso”, dijo Domínguez Brito en ese entonces.
Las quejas de las autoridades por las decisiones son recurrentes. El 30 de noviembre de 2012 el entonces jefe de la Policía, Manuel Castro Castillo, lamentó que en los cinco meses que llevaba al frente de la institución se sometieron a 4,856 presuntos delincuentes y la “gran mayoría” fue puesta en libertad.
Domínguez Brito denunció el pasado lunes ante el CPJ que una estructura, presuntamente dirigida por el renunciante consejero Francisco Arias Valera, manipulaba procesos judiciales y negociaba libertades.
Mariela Mejía
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