Solicitud de suspender permisos a más de 50 reos retoma cuestionamientos a justicia de San Cristóbal
La Procuraduría informó que beneficiarios están acusados de crímenes tipificados como graves
Mariela Mejía
SANTO DOMINGO. La solicitud hecha por la Procuraduría de suspender una resolución con la que la jueza interina del Tribunal de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Cristóbal había otorgado permisos especiales a más de 50 internos que guardan prisión en diferentes centros penitenciarios del país, vuelve a cuestionar a una jurisdicción que ha sido continuamente criticada por polémicas decisiones.
El Ministerio Público alega que hubo inobservancia de los requisitos establecidos para otorgar permisos especiales a privados de libertad pues se trata de acusados de haber cometido sicariato, violación a la ley de tráfico de drogas, homicidio agravado y violación sexual. “Todos, crímenes tipificados por el Código Penal Dominicano como graves”, enfatizó la Procuraduría en una nota de prensa.
Informó que la Procuraduría de la Corte del Departamento Judicial de San Cristóbal solicitó la suspensión inmediata de la Resolución contenida en el Auto No. 301-01-1289-2017, de fecha 29 de diciembre de 2017, mediante la que la magistrada Katherine A. Rubio Matos otorgó los permisos especiales.
Diario Libre intentó conocer quiénes eran los beneficiados, pero al momento de publicar esta historia no había sido posible conseguir la información en la Procuraduría.
En su Informe Global de Competitividad 2017-2018, el Foro Económico Mundial ubicó a la Justicia dominicana en la posición 130 de 137 países cuando evaluó qué tan independiente es el sistema judicial de las influencias del gobierno, las personas o las empresas.
“No pongo en duda los informes, pero no creo en los informes como creo en Dios”, afirmó el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, cuando se le cuestionó sobre el reporte. Agregó que la justicia es una aspiración permanente y se sigue trabajando “para mejorarla”.
Pero en ese camino hacia la mejoría quedan registrados otros casos cuestionables, especialmente en San Cristóbal.
En 2016 la Suprema Corte de Justicia ordenó investigar a los jueces de la Corte de Apelación de esa jurisdicción que dejaron en libertad a dos implicados en el tráfico de 333.13 kilogramos de cocaína pura.
En 2009 el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, ordenó investigar las actuaciones de la jueza de la Instrucción del Distrito Judicial de San Cristóbal, Regina Carvajal Vizcaíno. La acusaban de poner en libertad a personas sometidas a la Justicia por narcotráfico, incluyendo a Pedro Alejando Castillo Paniagua (a) Quirinito, quien está desaparecido tras alegadamente fingir su muerte.
El pasado 21 de noviembre el Consejo del Poder Judicial informó que destituyó a Carvajal Vizcaíno por faltas graves en sus funciones.
En 2015 Diario Libre publicó una historia en la que se citaban más procesos criticados en San Cristóbal, de la que extraemos la siguiente lista:
Mariela Mejía
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