Segundo juzgado de instrucción conocerá solicitud de juicio en caso OISOE

Santo Domingo. El Segundo Juzgado de la Instrucción fue apoderado para conocer la solicitud de auto de apertura a juicio contra las cuatro personas acusadas de pertenecer a una mafia que extorsionaba, a arquitectos e ingenieros favorecidos con la remodelación o construcción de escuelas, a través de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).

El hecho se dio a conocer tras el suicidio del arquitecto David Rodríguez García en el baño de la OISOE.

La magistrada Patricia Padilla conocerá la audiencia preliminar donde se debatirá la acusación hecha por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) contra Alejandro Isidoro de los Santos Serrano, Yoel Soriano Fabián, Julio Pérez Alejo, “el hombre del maletín” y Juan Ernesto Romero Pérez.

En su instancia, el Ministerio Público acusa a los imputados de haber incurrido en los delitos de asociación de malhechores, delitos de funcionarios que se mezclan con asuntos incompatibles con su calidad y la extorsión en ocasión de las funciones que desempeñaban los citados funcionarios.

Alejandro de los Santos, en su condición de Encargado del Departamento de Edificaciones Escolares (a nivel nacional) hasta el año 2015, presuntamente cometió acciones de usurpación de títulos o funciones y el ejercicio ilegal de la profesión, así como de lavado de activos por conductas que implican el incremento de patrimonio, mediante la adquisición y posesión de bienes derivados de su actividad delictiva.

En tanto que Soriano Fabián, quien fungía de coordinador en la Dirección Técnica y Unidad de Proyectos Especiales, en la provincia Monte Plata, en coautoría con el acusado Alejandro de los Santos Serrano y Julio Rafael Pérez Alejo, es acusado coalición de funcionarios, asociación de malhechores, extorsión y delitos de funcionarios que se mezclan con asuntos incompatibles a sus funciones, cometidos en perjuicio del Estado dominicano y del arquitecto David Rodríguez García.

En el caso de Juan Ernesto Romero Pérez y abogado Julio Rafael Pérez Alejo, quien aunque no laboraba en la OISOE, está involucrado en el caso por alegadamente ser la persona que prestaba el dinero para el avance de las obras, fueron acusados de violar varios artículos del Código Penal Dominicano, entre ellos, por delitos de asociación de malhechores junto a los exfuncionarios de la referida institución.

Hogla Enecia Pérez