Salvadoreña con tumor cerebral es llevada a prisión

DALLAS. Una salvadoreña que pretende obtener asilo en Estados Unidos fue devuelta a un centro de detención en Texas después de pasar casi dos semanas en un hospital, informaron el jueves autoridades federales de inmigración.

Los abogados de Sara Beltrán Hernández, de 26 años, dijeron que quieren se le conceda libertad condicional por razones humanitarias con el fin de que su familia tenga más control sobre la atención médica que recibe.

En un comunicado entregado a The Associated Press, Beltrán dijo que le habían diagnosticado un tumor cerebral y que un neurocirujano le informará el lunes si es canceroso.

“Me siento mareada, con dolor. Ojos cansados. Náusea. Si camino rápido, me siento mareada. El ruido me molesta mucho. No he comido desde ayer (cuando comí ensalada) porque no tengo apetito. A veces se me olvidan las cosas. La lengua no siempre responde”, declaró Beltrán a un abogado que la visitó el jueves en el Centro de Detención Prairieland.

Danielle Bennett , portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), dijo que Beltrán fue trasladada el miércoles al centro de detención en Alvarado, Texas, al sur de Fort Worth.

“Después de que su médico determinó que estaba estable, fue dada de alta del hospital y devuelta a la custodia del ICE... La señorita Beltrán Hernández tiene una cita con un especialista el lunes, quien determinará qué tratamiento seguirá en el futuro. Hasta entonces, el personal médico del ICE la tiene bajo observación”, afirmó Bennett en un correo electrónico.

Un portavoz del hospital Texas Health Huguley, en las afueras de Fort Worth, adonde fue llevada Beltrán tras desmayarse en el centro de detención el 11 de febrero, dijo que no podía hablar sobre detalles de ningún paciente debido a las leyes de privacidad. Pero señaló que el estatus migratorio de una persona no afecta el nivel de atención que se le brinda.

“El estatus de residencia de un paciente —ya sea que se trate de un inmigrante indocumentado, un refugiado político, un residente legal permanente, o alguien nacido y criado aquí en Estados Unidos — nunca tendría un impacto en la atención médica que reciben o si se les permite ver a familiares, tener acceso al teléfono, o recibir visitas del capellán”, escribió Elijah Bruette, director de desarrollo de negocios y relaciones con la comunidad en el hospital.

Bruette dijo que en estos casos las agencias policiales son las que tienen el control sobre quién tiene acceso a un paciente, además del equipo médico del hospital.

De acuerdo con registros del ICE, la mujer ingresó ilegalmente a Estados Unidos cerca de Hidalgo, en Texas, el 7 de noviembre de 2015. El 26 de enero un juez de inmigración ordenó que fuera expulsada del país.

Los abogados que están apelando el caso de asilo de la mujer dijeron hace unos días que ella huyó de violencia intrafamiliar y otras amenazas.

Melissa Zúñiga, una asistente jurídica que trabaja en su caso de asilo, voló desde la ciudad de Nueva York para ayudar a solicitar la liberación de Beltrán. Dijo que a los abogados les preocupa que sólo esté recibiendo el analgésico para controlarle el dolor.

“Estamos solicitando su libertad condicional inmediata por razones humanitarias. No podemos esperar a una audiencia de reevaluación de su fianza. Ella no tiene días, tiene horas... necesitamos sacarla”, afirmó Zúñiga. “Este es el 13er día que no ha sido operada, y no entendemos por qué”.

Zúñiga indicó que Beltrán les dijo a los abogados que tenía las manos y los pies atados cuando fue trasladada de regreso al centro de detención en una silla de ruedas. La asistente jurídica y los abogados de la mujer también dijeron que no se permitió que la familia de Beltrán se comunicara con ella durante un amplio período mientras estuvo hospitalizada.

Bennett dijo que la mujer no estaba atada cuando fue transportada al centro de detención, y que recibió llamadas telefónicas tanto de la familia como del abogado mientras estuvo en el hospital.

AP