¿Qué hay detrás del proceso para sacar del poder a Dilma Rousseff?

SAO PAULO. La presidenta brasileña Dilma Rousseff posiblemente enfrentará un juicio político y se espera que el Senado vote el miércoles una moción para suspenderla del cargo. El proceso ocurre cuando la opinión pública está indignada en medio de una profunda recesión económica y un escándalo de sobornos por contratos en la petrolera estatal Petrobras. El proceso contra Rousseff no tiene relación con eso. The Associated Press le explica qué hay detrás del movimiento político para sacar del poder a Rousseff y que podría pasar:

¿DE QUÉ SE ACUSA A ROUSSEFF?

Rousseff está acusada de violar las leyes fiscales al trasladar fondos oficiales a fines distintos a los asignados antes de su campaña de reelección de 2014. Los partidos opositores sostienen que las maniobras contables le permitieron elevar el gasto público para obtener votos. Rousseff niega haber cometido delito alguno y asegura que no hizo nada que no hicieran gobiernos anteriores. Afirma que no se le acusa de un delito, lo cual debería ser la base de un juicio político.

¿CUAL ES EL PRIMER PASO DE UN JUICIO POLÍTICO?

Una comisión especial de la Cámara de Diputados decidió por 38 votos contra 27 que el pedido de juicio político tenía mérito legal y lo envió a la Cámara de Diputados en pleno. Con el trasfondo de los escándalos de corrupción, observadores consultados dicen que 37 miembros de ese panel enfrentan cargos por una amplia gama de presuntos delitos. La comisión especial incluye a muchos opositores.

El mes pasado, la Cámara de Diputados votó 367 votos a favor y 137 en contra para enviar el proceso al Senado. La abrumadora mayoría le dio un impulso al proceso de impeachment. El Senado es visto como un órgano menos hostil hacía Rousseff que la Cámara de Diputados y es posible que rechace el juicio político. Pero podría argumentarse que la mayoría abrumadora en la cámara cambió la favorabilidad que tenía la mandataria en el Senado.

¿CUAL ES EL PASO SIGUIENTE?

Si una mayoría simple de los 81 senadores vota a favor de la medida de suspensión el miércoles, como muchos conteos de los medios de comunicación lo señalan, Rousseff quedará suspendida del cargo y el Vicepresidente, Michel Temer, asumiría el cargo. El Senado entonces tendría 180 días para adelantar el juicio político y votar si retira a Rousseff definitivamente del cargo. Si eso sucede, Temer tendría que terminar el período para el que fue elegido la mandataria, y que concluye el 31 de diciembre de 2018.

¿ALGO PODRÍA DETENER ESTE PROCESO?

El gobierno y los partidos de oposición han interpuesto apelaciones en altos tribunales de justicia del país sobre varios aspectos del proceso. Así que existe la posibilidad de que una corte, o incluso los propios magistrados o un juez por su cuenta, puedan intervenir en el mismo. Los aliados del gobierno han buscado maneras de bloquear la votación de la medida de suspensión a último minuto o para retrasar la votación.

El lunes, por ejemplo, el Presidente interino de la Cámara de Diputados, Waldir Maranhao, anuló la votación de esa Cámara que le dio luz verde al juicio político argumentando irregularidades y dijo que la votación tenía que hacerse nuevamente. El martes, sin embargo, Maranhao cedió a las presiones de su partido y cambió su posición y su vocero dijo que revocó la anulación que había proferido algunas horas atrás.

¿COMO CARACTERIZAN LA SITUACION LOS PARTIDARIOS DEL GOBIERNO Y LOS OPOSITORES?

Los partidarios del gobierno dicen que es un golpe de estado porque Rousseff no está acusada de delito alguno. Dicen que la clase dirigente tradicional está aterrada por la movilización social desatada por el Partido de los Trabajadores, o PT, que lleva más de diez años en el poder, y quiere aprovechar la oportunidad para recuperar el poder. Los opositores afirman que el movimiento de fondos fue ilegal al tiempo que intentó ocultar los problemas que padecía la economía más grande de Latinoamérica, tales como enormes déficit presupuestarios que afloraron el año pasado. Rechazan la acusación de golpismo porque el juicio político está admitido por la Constitución brasileña.

AP