En reunión de la CELAC acuerdan políticas públicas para seguridad alimentaria
SANTIAGO. La vicepresidente de la República, Margarita Cedeño de Fernández, el canciller Andrés Navarro, y el ministro de Agricultura, Ángel Estévez, encabezaron la clausura de la reunión de trabajo en la que se avanzaron propuestas para la implementación del Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre 2025- de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (PPT-CELAC), evento en el que se acordó crear un espacio de reflexión sobre las acciones y políticas públicas que sean pertinentes, así como compartir buenas prácticas entre los países miembros del organismo regional.
Hablando en nombre de la Presidencia Pro-Témpore que ostenta la República Dominicana, el canciller Andrés Navarro precisó que con la aplicación de los contenidos y la metodología de las diferentes sesiones y paneles de trabajo que fueron tratados por los países participantes de la CELAC, se acordó, además, identificar las oportunidades de cooperación Sur-Sur marcada por el intercambio de prácticas y experiencias entre las naciones que comparten la región.
El funcionario destacó que se decidió socializar el Plan San-Celac 2025 con otros actores fundamentales en ese proceso de implementación del plan, tales como empresarios, productores del campo, cooperativas, academias y las organizaciones de la sociedad civil.
Expuso que se espera obtener una relatoría técnica que incluya los ejes tratados en las seis sesiones de trabajo, con las recomendaciones hechas de cara a los desafíos del cambio climático para la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe, un documento que podrá ser compartido con los países miembros en otro espacio de reunión de la CELAC, como podría ser la próxima reunión de coordinadores nacionales programada para septiembre en la ciudad de Nueva York.
De su lado la vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño, aseguró que la desnutrición y el hambre serán combatidas con éxito en la región gracias a la sólida integración de los países que conforman la Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños (CELAC), y que el compromiso principal de los países que integran ese organismos es garantizar la seguridad alimentaria y sostenibilidad medioambiental de sus poblaciones a través de políticas y alianzas público-privadas, sostuvo que ese compromiso es vital para asegurar el bienestar de las familias latinoamericanas.
“Lo que la ciudadanía espera de nosotros es que podamos satisfacer sus necesidades básicas y que le aseguremos los alimentos necesarios para que puedan ser parte del progreso económico que beneficia a la región”, enfatizó la también embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la FAO.
En ese sentido, aseguró que el presidente Danilo Medina asumió ese compromiso con la integración regional y la colaboración productiva entre los países de Latino América.
“La CELAC se ha convertido en el espacio idóneo para el diálogo político en LA y el Caribe por poner en el tapete los temas que más preocupan a las poblaciones que integran el organismo”, indicó.
“Vamos a cumplir el compromiso que hizo el Presidente Medina al asumir la Presidencia Pro-Témpore de este organismo, de que al finalizar la misma, la CELAC será un espacio “aún más integrado, más operativo y aún más reconocido en la escena global”, manifestó.
Agregó que el hambre y la desnutrición es un problema ético que avergüenza y lacera la dignidad humana.
La actividad que se celebró del 01 al 03 de agosto en esta ciudad cibaeña, y que contó con la presencia de delegaciones de los 33 países miembros del organismo regional, participaron además, la gobernadora de Santiago, Aura Toribio; Raúl Benítez, subdirector general y representante regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); Pablo Rabczuk, subsecretario de cooperación de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), Omar Ramírez, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio de la República Dominicana; Leandro Mercedes, viceministro de Agricultura de la República Dominicana; Ricardo Rapallo, Oficial de Seguridad Alimentaria/Mesoamérica sin Hambre; Luis Fidel Yanez, oficial de la CEPAL.
Durante la última sesión de trabajo de la reunión Plan San Celac habló el señor Antonio Prado, representante de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), quien presentó el documento titulado “Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de la CELAC-2025: Elementos para el debate y la cooperación regional”, un documento elaborado conjuntamente con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) y ALADI, agencias que brindan su apoyo al referido organismo regional.
Prado reafirmó que Plan San CELAC 2025, “es una herramienta trascendental para el logro de los Objetivos de Desarrollo de la Agenda 2030”, por lo que alentó a los países de la región a que aumenten sus esfuerzos en la identificación de las áreas clave de políticas que permitan acelerar y consolidar el proceso de erradicación del hambre y hacer frente a la doble carga de malnutrición, flagelo al que se suman otros graves males como el sobrepeso y la obesidad.
Asimismo, durante la última jornada de la reunión regional se desarrolló la sesión “Alianzas público privadas: un plan abierto a todos”, el cual se presentó como oportunidad para socializar y comunicar de forma amplia el alcance del Plan a otros sectores de la sociedad civil, con el interés de sumar a nuevos aliados que, con sus experiencias y dedicación, coadyuven a su efectiva implementación.
“El compromiso político en la lucha contra el hambre se traduce también en políticas e inversiones. Para acelerar los progresos en la reducción de la inseguridad alimentaria son necesarias mayores inversiones en protección social y desarrollo rural”, subraya el referido documento.
Sostiene que la mayor parte de la inversión procedería normalmente del sector privado, especialmente los agricultores, y sin embargo, las inversiones privadas deben complementarse con inversiones adicionales del sector público en infraestructura rural, transporte, salud y educación.
Refiere que las oportunidades para mejorar la calidad de vida de la población rural a través de mayores inversiones pasa también porque éstas se realicen bajo determinados principios que ayuden a que los resultados sean social, económica y ambientalmente sostenibles.