Cuando las explosiones de polvorín causaron terror en el 1964
Santo Domingo vivía tiempos convulsos tras el derrocamiento de Juan Bosch
Emilia Pereyra
La madrugada del 12 de junio de 1964 la población de Santo Domingo se horrorizó con los estallidos de los depósitos de municiones y material bélico del campamento militar 27 de Febrero, ubicado en el sector de Villa Duarte.
Corrían tiempos convulsos y se pensó que los estallidos eran el resultado de un sabotaje ideado contra el criticado gobierno del Triunvirato. Entonces el país era gobernado por el Consejo de Estado, encabezado por Donald Read Cabral, y faltaban diez meses para que detonara la guerra de abril de 1965, que buscó el retorno a la constitucionalidad, resquebrajada a causa del derrocamiento del gobierno de Juan Bosch, en el 1963.
Las explosiones dejaron un saldo trágico: 8 muertos y 111 heridos, según la versión oficial. Además, provocó la destrucción de los cristales de las tiendas de la calle El Conde y de las avenidas Duarte y Mella del Distrito Nacional, y daños a patrimonios aledaños a los depósitos del campamento militar.
Las detonaciones despertaron a los habitantes de Santo Domingo y esparcieron fragmentos de granada, proyectiles, metales retorcidos y trozos de madera y concreto. En los depósitos militares se destruyeron millares de armas y se arruinaron vehículos.
La población adyacente corrió despavorida, y se temió por la suerte de Molinos Dominicanos, que sufrió algunos daños. Una vez la ciudad recobró la calma al día siguiente, cuadrillas de obreros Ayuntamiento de Santo Domingo recogieron escombros y limpiaron las zonas afectadas.
Aunque inicialmente se pensó que la tragedia había sido causada por rebeldes adversarios al gobierno de turno, no se pudo probar.
Posición del gobierno y la búsqueda en la UASD
Tras visitar el devastado escenario del polvorín, acompañado de funcionarios civiles y militares, Read Cabral le dirigió una alocución al país, en la que lamentó el suceso.
Además, el gobernante expresó: “Un grupo de soldados y bomberos, hombres en la flor de la edad, humildes y dignos servidores públicos, fueron sorprendidos por la muerte, en la noche, mientras la ciudadanía se entregaba a un merecido reposo después del trabajo agotador de todos los días”.
Indicó que las autoridades habían iniciado una investigación para poder señalar a los responsables y prometió que sobre ellos caería todo el peso de la ley. “Los culpables tendrán que responder ante el juez de un crimen que es el peor que pueden cometer los hombres: destruir las vidas de sus semejantes”, aseguró.
Read Cabral informó que en vista de que se habían recibido denuncias serias de que en el recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo se habían ocultado instigadores del crimen, el gobierno dispuso que fuera rodeado el recinto y se le pidió al vicerrector en funciones, doctor Miguel A. Piantini, que permitiera la entrada de los agentes policiales, pero el académico se negó.
El triunviro dijo que se había promulgado la Ley número 292, que dispuso en su artículo único: “Queda derogado el párrafo del artículo 2 de la Ley No. 5778, del 31 de diciembre de 1961, y en consecuencia las autoridades podrán entrar en los terrenos y edificaciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, conforme a las reglas de derecho común”. La legislación fue firmada por Donald Read Cabral y Ramón Cáceres Troncoso.
Emilia Pereyra
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