Parcelas en Los Tres Brazos cuestan RD$600 millones más que valor vendido por Corde

SANTO DOMINGO. La Comisión designada por el Poder Ejecutivo para investigar la cuestionada venta y transferencia de tres parcelas en Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este, por parte de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde) a Inversiones Fernández Parache & Asociados, concluyó que el valor total de los terrenos, de acuerdo a evaluaciones oficiales, asciende a RD$688,042,586 y no a RD$80 millones como se negoció.

La Comisión, que preside el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, rindió ayer un informe de 42 páginas sobre sus investigaciones. Explicó que analizó la documentación que originó las ventas de los terrenos y celebró 15 sesiones de entrevistas con autoridades del Corde, representantes de las empresas Infepa y Titulatec, y Proyecciones Inmobiliaria Gowi, y residentes en Los Tres Brazos. También, evaluó la precisión de los trabajos de mensura.

Los Tres Brazos es un sector que se formó por familias que se desplazaron hacia la ciudad tras el paso del ciclón David y la tormenta Federico en 1979. Se asentaron irregularmente en terrenos de la Fábrica Dominicana de Cementos (Fadoc) y de la Sociedad Dominicana Industrial de Calzados (Doinca). El Estado invirtió cuantiosos recursos para construir infraestructuras públicas, como calles, acueductos, escuelas y hospitales.

El 2 de mayo de 2014, Infepa y Titulatec formalizaron un Acuerdo de Sociedad en Participación en el que decidieron realizar un Plan de Titulación y Regulación de Terrenos en Los Tres Brazos y aumentar la participación de Titulatec como inversionista en dicho Plan.

Convinieron también asociarse para ejecutar en conjunto el Plan de Titulación de las parcelas ubicadas en Los Tres Brazos para vender a cada residente ilegal la porción de terreno que ocupa y así entregarle el título de propiedad correspondiente.

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¿Qué concluyó la Comisión tras su investigación?

A continuación se reproducen algunas de las conclusiones plasmadas en el informe.

• “La operación, dado el contexto social y comunitario que existe en los inmuebles objetos de venta, nunca debió realizarse en los términos en que se llevó a cabo, independientemente de los problemas –constitucionales, legales, técnicos y comerciales- identificados”.

• “El proceso de toma de decisión para la venta de los inmuebles resultó ser sumamente precario e irregular. Tratándose de una venta de gran envergadura, pues envolvía una comunidad conformada por decenas de miles de personas y con una infraestructura pública bastante desarrollada en estos terrenos, era de esperarse que dicho proceso de toma de decisión fuera lo más riguroso y transparente posible, lo cual no sucedió”.

• “En cuanto al aspecto legal, la venta de las parcelas fue realizada ignorando disposiciones constitucionales y legales aplicables. Sobre este particular, el director general de Corde sostiene que la Ley 289, que rige dicha entidad, lo faculta, como su máxima autoridad ejecutiva, a vender inmuebles para el adecuado desenvolvimiento de sus operaciones. Por tanto, argumenta que actuó amparado en dicha facultad al momento de realizar la venta a Infepa”. Sin embargo, la Comisión razona que se requería la aprobación del Congreso Nacional.

• En lo que respecta al esquema comercial acordado entre Corde e Infepa, “no hay dudas de que el mismo resultó ser altamente perjudicial para el Estado dominicano por”:

- Infepa propone al Corde pagar RD$80 millones por la compra de las tres parcelas, “suma que Corde acepta sin hacer ninguna contraoferta para obtener un precio más favorable”.

- El valor total de las tres parcelas, de acuerdo a evaluaciones oficiales, ascendía a RD$688,042,586 y no a RD$80 millones. “En consecuencia, queda evidenciado que el precio acordado entre Corde e Infepa fue determinado de manera subjetiva, sin ningún rigor técnico y sin tomar en cuenta las tasaciones oficiales que, a su vez, cuantifican la inversión en bienes y servicios hecha por el Estado o el sector privado en la zona evaluada”.

- “Si bien Corde justifica que el precio de venta de las parcelas era menor por el hecho de que las mismas estaban ocupadas, es notoria la diferencia de valor entre lo que el Corde pactó con Infepa y lo que establecían las tasaciones oficiales”, más aún cuando la Comisión notó “que entre Corde e Infepa no medió más que una única propuesta, es decir, la presentada por Infepa el 22 de octubre de 2009” por la suma de RD$80 millones.

- Corde afirma que fueron pagados RD$11,834,200 por los trabajos de deslinde y subdivisión de una parcela, lo que reduce sus ganancias netas por concepto de la venta. Y si a esto se adiciona que las partes acordaron, además de descontar RD$11,800,000 por concepto de reducción del área no útil para venta de la parcela, más la creación de un fondo de compensación para posibles reclamos de terceros, de RD$1,500,000, “entonces el monto total que por las tres parcelas recibiría Corde ascendían a RD$66,700,000”.

• La venta de las tres parcelas ha sido altamente perjudicial para el Estado y Los Tres Brazos puesto que, a la fecha del informe, el Corde no ha recibido la totalidad del pago, no obstante los plazos haberse vencido ventajosamente.

• La negociación entre Infepa y Titulatec redimensiona el negocio en torno a los terrenos vendidos, ya que estas dos empresas acuerdan y fijan en RD$200 millones el valor de los mismos, “lo cual pone en evidencia que el precio por el cual Corde vendió muchos inmuebles resulta irrisorio”.

• Los trabajos de deslinde y subdivisión no cumplen con los parámetros de precisión establecidos en las normas vigentes, “lo que generó graves errores y discrepancias entre las ocupaciones reales existentes dentro de las parcelas y los derechos posteriormente registrados en los certificados de títulos de cada una de esas ocupaciones, que hoy requieren ser corregidos”.

• “Que el Estado no reconozca las ventas realizadas por ser contrarias a la Constitución y la ley, y que, por tanto, demande de manera inmediata ante la jurisdicción competente la nulidad de la venta de las parcelas números 153-A-1, 153-A-2 y 155, del Distrito Nacional (...) a los fines de restituir el derecho de propiedad a su estado anterior”.

• Que el informe “se remita al Ministerio Público para que determine si en esta operación quedó comprometida la responsabilidad penal de los actores públicos y privados que intervinieron”.

Mariela Mejía