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Cancillería inicia consulta a embajador y cónsul en Haití; gobierno haitiano condena ataque

Ayer, el Consulado de RD en Puerto Príncipe estuvo cerrado

SANTO DOMINGO. Un día después de que el gobierno haitiano condenara la agresión al Consulado dominicano en Puerto Príncipe, y llamara a sus ciudadanos a evitar acciones que contribuyan “a deteriorar aún más” las relaciones bilaterales, la Cancillería dominicana inició ayer la consulta a la que llamó a su embajador, Rubén Silié, y al cónsul general, Ramón de la Rosa.

La reunión con los representantes diplomáticos dominicanos se realiza en el Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezada por el canciller Andrés Navarro, y no se informó cuándo concluirá.

Se produce luego de que el miércoles un grupo de manifestantes haitianos, considerados por su gobierno como “malintencionados”, agredió el Consulado en Puerto Príncipe, y quemó una bandera dominicana, durante una marcha contra el “racismo y la xenofobia”, que los participantes en las protestas aseguraron que existe en República Dominicana hacia sus compatriotas.

El local del Consulado se mantuvo cerrado ayer por decisión del gobierno dominicano que, a través del Canciller, protestó la noche del miércoles. El funcionario manifestó que el país no puede aceptar “bajo ninguna circunstancia” las agresiones de que fue objeto.

En medio de la situación, el gobierno haitiano confirmó la designación de un nuevo embajador en República Dominicana, en sustitución de Fritz Cinéas. Se trata de Daniel Supplice, quien ya había sido seleccionado para el cargo en marzo de 2013, en un Haití sumido en crisis política.

Supplice tiene vasta experiencia en el campo diplomático y migratorio, ya que ha sido embajador y cónsul en diferentes países, y ha ocupado cargos gubernamentales internos.

El ministro de Interior y Policía dominicano, José Ramón Fadul, manifestó que la Cancillería es la que debe determinar si se refuerzan las legaciones diplomáticas en el vecino país, y descartó que haya represalias. Dijo que hay que esperar la posición del presidente Danilo Medina, que es quien fija la política exterior del país.

José Tomás Pérez, embajador en Washington, recordó que el gobierno dominicano invierte más de RD$1,000 millones en un Plan de Regularización, que beneficia a miles de descendientes de haitianos nacidos en la República Dominicana, sin embargo entiende que el gobierno haitiano no ha respondido en la misma proporción para que sea exitoso.

En tanto, el presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas, declaró que el asedio y sustitución de la bandera dominicana en el Consulado del país en Puerto Príncipe, constituye una provocación a ser respondida con prudencia, pero con toda energía por el Gobierno, que debe demandar de las autoridades haitianas la seguridad de todos los dominicanos en Haití.

El candidato presidencial del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico Antún Batlle, responsabilizó de la situación a la comunidad internacional, “que en una actitud irresponsable le han dejado el gran problema de esa nación (Haití) a la República Dominicana”.

Roque Féliz, director del Centro Bonó, una organización que trabaja con inmigrantes, considera el ataque al Consulado como una expresión de algunos sectores de las sociedades haitiana y dominicana que incitan a posiciones extremistas y a la violencia, y que no contribuyen al buen desenvolvimiento de las relaciones binacionales.

En el Congreso Nacional, los diputados Miriam Cabral, Víctor Suárez y Vinicio Castillo, y el senador Tommy Galán, expresaron su respaldo a la posición asumida por el gobierno a través de la Cancillería. Sugirieron investigar lo sucedido, y tratar el tema con mucha prudencia.

Intereses

“Hemos sido pacientes, tolerantes, en momentos excesivamente tolerantes, pero creo que es hora de que la República Dominicana realmente trace una política hacia Haití en el que primen los intereses nacionales porque ese el fondo de toda política exterior”, dijo el excanciller Joaquín Ricardo.

Entiende que el país ha hecho un “enorme sacrificio” producto de la ley 169, que establece régimen especial para nacidos inscritos irregularmente, que espera no sea en vano. 

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