Acceder a la justicia, muy cuesta arriba para las víctimas
Marisol Aquino
SANTO DOMINGO.-El ciudadano dominicano víctima de un delito o de un crimen que acude a las autoridades policiales y judiciales a interponer una demanda, regularmente debe agotar costosos y largos procedimientos, así como asumir el papel de investigador y persecutor de sus agresores, que pone en riesgo su vida.
Todos estos trámites, que incluye también enfrentarse a la dejadez por parte de los llamados a proteger su seguridad, llevan a muchos al desistimiento de la búsqueda de justicia y a otras víctimas a no presentar nunca una querella.
Las trabas que desaniman y decepcionan a alguna víctima empiezan desde el mismo momento que se presenta a un destacamento que, si por suerte dispone de una patrulla que no está en otro servicio, el querellante debe comprar el combustible para que pueda utilizarse el vehículo. Si el ciudadano persiste y logra que el caso alcance la fase del sometimiento ante un tribunal, en este nivel debe enfrentarse a los frecuentes reenvíos que regularmente minan sus ansias de castigo público para sus agresores.
Los estorbos que aparecen en cada proceso y que no facilitan la ejecución de los pasos que la ley dispone para cada caso, incluyen omisiones o ignorancia por parte de los organismos investigativos, que obligan al solicitante de justicia a repetir tediosos procedimientos.
Caso de Pedro, uno de tres
En un intento de asalto Pedro casi pierde la vida de varios disparos que le hizo un joven al que pudo reconocer porque era del mismo barrio donde vive. El hecho ocurrió en octubre del 2012, cuando él y su novia retornaban de la casa de una amiga a las 12 de la medianoche.
Los tiros pasaron entre el conductor y el pasajero de la camioneta de Pedro sin impactar a ninguno de los ocupantes del vehículo. El asaltante interceptó a sus víctimas para atracarlo en una esquina que utilizaba junto a otros dos jóvenes, uno de ellos menor de edad.
Pedro tuvo el valor de detenerse porque su novia es policía y estaba armada, y al sobar la pistola ésta se trancó porque ya había sido manipulada. Cuando se detuvo, él y los asaltantes pudieron verse y reconocerse, por lo que no tuvo otra opción que acelerar, momento en el que le dispararon a matar.
Días antes, el grupo había hecho varios atracos a residentes del mismo sector, pero ninguna de las víctimas se atrevió a poner la denuncia porque consideraban que no tendrían éxito en el sometimiento.
Pedro puso la denuncia ante la Policía y en la Fiscalía, donde le expidieron una orden de detención contra los tres jóvenes y luego de estos pasos debió asumir el papel de investigador y persecutor, porque las autoridades que están obligadas a hacerlo, como exige la ley, así le sugería, si quería que los que casi lo matan estuvieran en la cárcel.
Con varias copias en manos de la orden de detención, las distribuyó entre agentes policiales conocidos para que la ejecutaran y él debía estar atento por si veía a sus agresores para que los llamara y los apresaran. Como un mes después, supo que uno de sus agresores estaba en el barrio y contactó a la Policía, la cual pudo detenerlo y aunque es menor de edad, tenía en su contra una medida de coerción por otro hecho delictivo.
En el destacamento del sector tardaron mucho tiempo con el menor y cuando lo trasladaron al Palacio de la Policía ya el tiempo para presentarlo ante un juez, que es de 24 horas para los adolescentes, estaba casi vencido y, según la fiscal, no podía en las pocas horas que le quedaban armar un expediente lo bastante comprometedor contra el acusado para que lo enviaran a prisión, por lo que fue liberado.
En cambio, la magistrada le sugirió a Pedro que se mantuviera atento por si veía a su principal agresor, es decir quien le disparó, para que llamara a la Policía inmediatamente y después que éste estuviera detenido debía hacer todo lo posible para que desde el destacamento fuera trasladado al Palacio con tiempo y fuera sometido antes de que transcurrieran las 48 horas, que establece el Código Procesal Penal para los adultos.
Ya han transcurrido casi cinco meses del atentado y el potencial asesino que intentó quitar la vida a Pedro aún no ha sido detenido y tampoco los demás jóvenes que le acompañaban.
Pedro no lo ha visto por el sector y casi se ha olvidado del caso porque, además de toda la "vuelta" que ha tenido que dar, su insistencia en darle continuidad a la acusación le ha quitado tiempo y dinero. Sus familiares también le han insistido que olvide el asunto por los riesgos que implica para su seguridad. Lo consuelan comentándole que el grupo "caerá" en algún momento en la comisión de otro crimen.
Anciano asesinado y familiares en ruina
La familia del comerciante Héctor Domingo Herrera Soto (El Chino), de 76 años, quien fue torturado y asesinado en junio del pasado año por tres hombres que penetraron a su vivienda para robarle, en el municipio de Haina, San Cristóbal, además de tener que enfrentarse al dolor de perder a su pariente en esa circunstancia, han gastado más de medio millón en sus afanes para que los culpables sean condenados por la justicia.
Algunos de los miembros de la familia también han estado al punto de perder sus trabajos para asistir a las causas en el tribunal, que no pasa de la fase preliminar por los reiterados reenvíos. La primera audiencia fue en octubre del 2012 y hasta la fecha llevan ocho aplazamientos.
Franklin Herrera, hijo de la víctima, dice que los acusados siempre se ponen de acuerdo para que uno de sus abogados no asista a la audiencia, cuando no es que alegan que no fueron notificados, dicen que ya no cuentan con recursos para pagar al que poseían y hay que otorgarle tiempo mientras se hace cargo de su caso un defensor público. Agotado esos argumentos por una de las partes acusadas, el representante de otro no asiste alegando problemas de salud u otro inconveniente personal, pero cuando la parte civil sale del tribunal los ve en otras áreas del Palacio de Justicia.
"En conclusión, definitivamente se hace muy difícil para una familia pobre poder lograr que la Justicia esté de su lado y se sancionen de manera ejemplar a los delincuentes", se lamenta Herrera.
Los tecnicismos buscan que los parientes de la víctima se cansen o no tenga más recursos para continuar con la acusación.
Abogados consultados refieren que el Código Procesal Penal establece sanciones a sus colegas que dilaten los procesos con medidas dilatorias meramente formales.
Citan que el artículo 135 indica que "cuando se comprueba que las partes o sus asesores actúan con mala fe, realizan gestiones o asumen actitudes dilatorias o litigan con temeridad, el juez o tribunal puede sancionar la falta con multa de hasta quince días del salario base del juez de primera instancia, sin perjuicio de lo previsto para el abandono de la defensa".
Especifican que "en caso de que la falta sea cometida por un abogado, el juez o tribunal expide comunicación al Colegio de Abogados, planteando la queja a los fines de que se examine su actuación a la luz de las disposiciones que norman disciplinariamente el ejercicio de la abogacía".
El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños atribuyó en una ocasión a faltas del Ministerio Público, los jueces de la instrucción y de fondo, a los defensores públicos y al sistema penitenciario, los numerosos reenvíos de audiencias.
En un estudio de esa institución en el 2008 determinó que el 75% de las causas eran reenviadas, principalmente, a la falta de coordinación entre los operadores del sistema de justicia, así como la debilidad en la realización de las citaciones y el no traslado de los imputados que están en prisión.
"Incluso en muchos casos, fue el propio Ministerio Público quien solicitaba el reenvío para estudiar el expediente" dijo.
Caso de Víctor Alonso
"El que va a un destacamento o a una fiscalía pierde su tiempo y pone su vida en riesgo", dice Víctor Alonso, quien es director de una escuela en Haina.
Explica que en la escuela Villa María y El Progreso de ese municipio ha sido objeto de varios robos y que aunque han puesto las denuncias los policías y la fiscalía nunca han ido a investigar.
Sostiene que lo único que ha podido recuperar, no por diligencia de las autoridades, fue unos cables de electricidad que le hurtaron, luego que se lo regalara una empresa, cuyo propietario, también le suministraba la electricidad de noche para que los jóvenes que estudiaban a esa hora no perdieran clases por falta de energía.
Indica que se presentó a interponer la querella al destacamento, proceso que le llevó toda la mañana, sin que prosperara la denuncia.
El agente que lo recibió lo refirió ante un fiscal, quien le solicitó que suministraran nombres de sospechosos, a lo que Alonso y sus acompañantes no accedieron por sugerencia de los vecinos para que se evitaran problemas.
Debían presentarse nuevamente a darle seguimiento a la denuncia, pero decidió no volver. El alambre fue devuelto por unos jóvenes que tenían un punto de droga y que donaba equipos al sector. El cable fue vendido por el individuo que lo hurtó a un vecino y éste lo entregó a los mozalbetes que lo devolvieron a la escuela, asegurándoles a los directores que no permitirían que lo vuelvan a robar.
Todos estos trámites, que incluye también enfrentarse a la dejadez por parte de los llamados a proteger su seguridad, llevan a muchos al desistimiento de la búsqueda de justicia y a otras víctimas a no presentar nunca una querella.
Las trabas que desaniman y decepcionan a alguna víctima empiezan desde el mismo momento que se presenta a un destacamento que, si por suerte dispone de una patrulla que no está en otro servicio, el querellante debe comprar el combustible para que pueda utilizarse el vehículo. Si el ciudadano persiste y logra que el caso alcance la fase del sometimiento ante un tribunal, en este nivel debe enfrentarse a los frecuentes reenvíos que regularmente minan sus ansias de castigo público para sus agresores.
Los estorbos que aparecen en cada proceso y que no facilitan la ejecución de los pasos que la ley dispone para cada caso, incluyen omisiones o ignorancia por parte de los organismos investigativos, que obligan al solicitante de justicia a repetir tediosos procedimientos.
Caso de Pedro, uno de tres
En un intento de asalto Pedro casi pierde la vida de varios disparos que le hizo un joven al que pudo reconocer porque era del mismo barrio donde vive. El hecho ocurrió en octubre del 2012, cuando él y su novia retornaban de la casa de una amiga a las 12 de la medianoche.
Los tiros pasaron entre el conductor y el pasajero de la camioneta de Pedro sin impactar a ninguno de los ocupantes del vehículo. El asaltante interceptó a sus víctimas para atracarlo en una esquina que utilizaba junto a otros dos jóvenes, uno de ellos menor de edad.
Pedro tuvo el valor de detenerse porque su novia es policía y estaba armada, y al sobar la pistola ésta se trancó porque ya había sido manipulada. Cuando se detuvo, él y los asaltantes pudieron verse y reconocerse, por lo que no tuvo otra opción que acelerar, momento en el que le dispararon a matar.
Días antes, el grupo había hecho varios atracos a residentes del mismo sector, pero ninguna de las víctimas se atrevió a poner la denuncia porque consideraban que no tendrían éxito en el sometimiento.
Pedro puso la denuncia ante la Policía y en la Fiscalía, donde le expidieron una orden de detención contra los tres jóvenes y luego de estos pasos debió asumir el papel de investigador y persecutor, porque las autoridades que están obligadas a hacerlo, como exige la ley, así le sugería, si quería que los que casi lo matan estuvieran en la cárcel.
Con varias copias en manos de la orden de detención, las distribuyó entre agentes policiales conocidos para que la ejecutaran y él debía estar atento por si veía a sus agresores para que los llamara y los apresaran. Como un mes después, supo que uno de sus agresores estaba en el barrio y contactó a la Policía, la cual pudo detenerlo y aunque es menor de edad, tenía en su contra una medida de coerción por otro hecho delictivo.
En el destacamento del sector tardaron mucho tiempo con el menor y cuando lo trasladaron al Palacio de la Policía ya el tiempo para presentarlo ante un juez, que es de 24 horas para los adolescentes, estaba casi vencido y, según la fiscal, no podía en las pocas horas que le quedaban armar un expediente lo bastante comprometedor contra el acusado para que lo enviaran a prisión, por lo que fue liberado.
En cambio, la magistrada le sugirió a Pedro que se mantuviera atento por si veía a su principal agresor, es decir quien le disparó, para que llamara a la Policía inmediatamente y después que éste estuviera detenido debía hacer todo lo posible para que desde el destacamento fuera trasladado al Palacio con tiempo y fuera sometido antes de que transcurrieran las 48 horas, que establece el Código Procesal Penal para los adultos.
Ya han transcurrido casi cinco meses del atentado y el potencial asesino que intentó quitar la vida a Pedro aún no ha sido detenido y tampoco los demás jóvenes que le acompañaban.
Pedro no lo ha visto por el sector y casi se ha olvidado del caso porque, además de toda la "vuelta" que ha tenido que dar, su insistencia en darle continuidad a la acusación le ha quitado tiempo y dinero. Sus familiares también le han insistido que olvide el asunto por los riesgos que implica para su seguridad. Lo consuelan comentándole que el grupo "caerá" en algún momento en la comisión de otro crimen.
Anciano asesinado y familiares en ruina
La familia del comerciante Héctor Domingo Herrera Soto (El Chino), de 76 años, quien fue torturado y asesinado en junio del pasado año por tres hombres que penetraron a su vivienda para robarle, en el municipio de Haina, San Cristóbal, además de tener que enfrentarse al dolor de perder a su pariente en esa circunstancia, han gastado más de medio millón en sus afanes para que los culpables sean condenados por la justicia.
Algunos de los miembros de la familia también han estado al punto de perder sus trabajos para asistir a las causas en el tribunal, que no pasa de la fase preliminar por los reiterados reenvíos. La primera audiencia fue en octubre del 2012 y hasta la fecha llevan ocho aplazamientos.
Franklin Herrera, hijo de la víctima, dice que los acusados siempre se ponen de acuerdo para que uno de sus abogados no asista a la audiencia, cuando no es que alegan que no fueron notificados, dicen que ya no cuentan con recursos para pagar al que poseían y hay que otorgarle tiempo mientras se hace cargo de su caso un defensor público. Agotado esos argumentos por una de las partes acusadas, el representante de otro no asiste alegando problemas de salud u otro inconveniente personal, pero cuando la parte civil sale del tribunal los ve en otras áreas del Palacio de Justicia.
"En conclusión, definitivamente se hace muy difícil para una familia pobre poder lograr que la Justicia esté de su lado y se sancionen de manera ejemplar a los delincuentes", se lamenta Herrera.
Los tecnicismos buscan que los parientes de la víctima se cansen o no tenga más recursos para continuar con la acusación.
Abogados consultados refieren que el Código Procesal Penal establece sanciones a sus colegas que dilaten los procesos con medidas dilatorias meramente formales.
Citan que el artículo 135 indica que "cuando se comprueba que las partes o sus asesores actúan con mala fe, realizan gestiones o asumen actitudes dilatorias o litigan con temeridad, el juez o tribunal puede sancionar la falta con multa de hasta quince días del salario base del juez de primera instancia, sin perjuicio de lo previsto para el abandono de la defensa".
Especifican que "en caso de que la falta sea cometida por un abogado, el juez o tribunal expide comunicación al Colegio de Abogados, planteando la queja a los fines de que se examine su actuación a la luz de las disposiciones que norman disciplinariamente el ejercicio de la abogacía".
El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños atribuyó en una ocasión a faltas del Ministerio Público, los jueces de la instrucción y de fondo, a los defensores públicos y al sistema penitenciario, los numerosos reenvíos de audiencias.
En un estudio de esa institución en el 2008 determinó que el 75% de las causas eran reenviadas, principalmente, a la falta de coordinación entre los operadores del sistema de justicia, así como la debilidad en la realización de las citaciones y el no traslado de los imputados que están en prisión.
"Incluso en muchos casos, fue el propio Ministerio Público quien solicitaba el reenvío para estudiar el expediente" dijo.
Caso de Víctor Alonso
"El que va a un destacamento o a una fiscalía pierde su tiempo y pone su vida en riesgo", dice Víctor Alonso, quien es director de una escuela en Haina.
Explica que en la escuela Villa María y El Progreso de ese municipio ha sido objeto de varios robos y que aunque han puesto las denuncias los policías y la fiscalía nunca han ido a investigar.
Sostiene que lo único que ha podido recuperar, no por diligencia de las autoridades, fue unos cables de electricidad que le hurtaron, luego que se lo regalara una empresa, cuyo propietario, también le suministraba la electricidad de noche para que los jóvenes que estudiaban a esa hora no perdieran clases por falta de energía.
Indica que se presentó a interponer la querella al destacamento, proceso que le llevó toda la mañana, sin que prosperara la denuncia.
El agente que lo recibió lo refirió ante un fiscal, quien le solicitó que suministraran nombres de sospechosos, a lo que Alonso y sus acompañantes no accedieron por sugerencia de los vecinos para que se evitaran problemas.
Debían presentarse nuevamente a darle seguimiento a la denuncia, pero decidió no volver. El alambre fue devuelto por unos jóvenes que tenían un punto de droga y que donaba equipos al sector. El cable fue vendido por el individuo que lo hurtó a un vecino y éste lo entregó a los mozalbetes que lo devolvieron a la escuela, asegurándoles a los directores que no permitirían que lo vuelvan a robar.
Marisol Aquino
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