Shakira dice que cumplió con la ley española y lamenta la "presión reputacional" que sufre

La cantante colombiana Shakira mantiene que siempre actuó "conforme a la ley" y denunció la "presión mediática y reputacional" que sufre, tras haber conocido por la prensa que se le ha abierto una segunda causa judicial por fraude fiscal en España.

En un comunicado remitido a los medios, la artista y su equipo legal aseguran que todavía no han recibido notificación alguna de la nueva querella que la Fiscalía española presentó contra ella por fraude en los impuestos de patrimonio y de la renta de 2018, y de la que se enteró por los medios, "como viene ocurriendo durante todos estos años".

Eso evidencia la "presión mediática y reputacional a la que se ve sometida" la artista, añade el comunicado, que insiste en que la cantante siempre ha actuado legalmente y "bajo el consejo de los mejores expertos fiscalistas".

Shakira recuerda que reside en Miami (EEUU) desde hace unos meses -tras su separación del exfutbolista español Gerard Piqué-, por lo que se le deberá notificar personalmente la querella en su nuevo domicilio, "de estricto acuerdo con lo que marca la ley".

La artista colombiana asegura que en estos momentos está "centrada en su vida artística en Miami" y se muestra confiada en "la resolución favorable de sus asuntos fiscales".

Un juzgado español de la localidad de Esplugues de Llobregat (Barcelona) abrió hoy una segunda causa a la cantante colombiana Shakira a raíz de una querella de la Fiscalía, que la acusa de defraudar a la Hacienda pública en los impuestos del ejercicio fiscal de 2018.

Según informó este jueves el Tribunal Superior de Justicia de la región de Cataluña (TSJC), la causa contra la artista está abierta por dos delitos contra Hacienda.

Aparte, Shakira será juzgada a partir del próximo 20 de noviembre en la Audiencia de Barcelona por defraudar 14.5 millones de euros entre los años 2012 y 2014, en otra causa que también se inició por una querella de la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona.

En este proceso, la Fiscalía pide para ella ocho años y dos meses de cárcel, así como una multa de 23.8 millones de euros, por seis delitos de fraude fiscal, por eludir supuestamente el pago de impuestos a la Hacienda española pese a que, según el Ministerio Público, residía en España desde 2012 y estaba obligada desde entonces a tributar en este país.