Subsidios y pago de intereses de la deuda disparan el gasto público en abril

El gasto se dispara en medio de la pandemia. Las transferencias corrientes para financiar programas de subsidios sociales de emergencia, así como el pago de intereses de deuda, han hecho que en abril los egresos del Estado se incrementen en un 24.4 % comparado con igual mes del año pasado. Y ese comportamiento no logra ser cubierto por los ingresos que, afectados por el impacto de la pandemia, cayeron un 30.3 %.

La ampliación de la brecha fiscal que se avecina hace que los planes del gobierno, de subir el límite de financiamiento, cobren fuerza. Esta semana el Ejecutivo presentará una reforma presupuestaria a un Congreso Nacional cada vez más sometido a las guerras partidistas de una campaña electoral que coincide con la emergencia sanitaria.

Para el cierre del mes de abril la Dirección General de Presupuesto (Digepres) reportó que los ingresos se situaron en 46,619.8 millones de pesos, una cifra que contrasta con los 66,456 millones de pesos en gasto público que se registró en ese mes. Esto se tradujo en un hoyo de 19,836.2 millones de pesos en egresos que no pudieron ser cubiertos por la recaudación tributaria, la mayor fuente de ingresos fiscales, y para los que se acudió al endeudamiento.

Los subsidios que el gobierno aprobó de manera especial por la pandemia se llevaron en abril un total de 12,528 millones de pesos, un 18.8 % del gasto público total en ese mes. Al Programa Quédate en Casa se destinaron 7,484 millones de pesos en abril, mientras que para el Fondo de Asistencia al Empleado (FASE) fueron 5,044 millones de pesos. Para ese lapso todavía no estaba vigente el programa Pa’ Ti, cuya vigencia se oficializó la semana pasada.

Los gastos por el pago de intereses de la deuda pública alcanzaron en abril a 10,494.1 millones de pesos, con un incremento de 32.2 % con respecto a abril del año pasado.

La batalla presupuestaria

La semana pasada el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez, indicaba en una entrevista que el Ejecutivo acudiría al Congreso Nacional para, entre otras cosas, expandir el tope de financiamiento para asumir las nuevas necesidades de gastos que implica el COVID-19 en las cuentas fiscales.

Para este año el Congreso había autorizado un límite de endeudamiento de 4,598.8 millones de dólares, equivalentes a 246,295.8 millones de pesos. Ya en enero el gobierno emitió 2,500 millones de dólares en bonos soberanos en los mercados internacionales, una cantidad que cubrió 83.7 % del tope de financiamiento aprobado por el poder legislativo.

Pero luego llegó la pandemia. Desde que el pasado 19 de marzo el gobierno dominicano declaró la emergencia nacional, cerró las fronteras, suspendió las clases y cesó toda actividad económica no esencial comenzó a tocar las puertas de la banca internacional y multilaterales, ante el esperado descalabro de las cuentas fiscales.

Desde que se declaró el estado de emergencia por el COVID-19 el Estado dominicano ha accedido a una línea de financiamiento de emergencia con el Banco Mundial, por 150 millones de dólares, que el Congreso había aprobado en el 2017, pero que no se había utilizado. Adicionalmente, tomó un préstamo de 650 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional y emitió deuda interna por unos 58,271.8 millones de pesos (alrededor de 1,090 millones de dólares a la tasa promedio de enero-marzo).

Entre los tres, suman unos 1,890 millones de dólares que se agregan a la colocación de bonos soberanos realizada en enero. Así, los nuevos compromisos de deuda asumidos por el gobierno en lo que va de año asciende a más de 4,300 millones de dólares, muy cerca del tope de endeudamiento fijado por el Congreso Nacional.

Las últimas solicitudes del Ejecutivo al Congreso para aprobar iniciativas —las de las extensiones de las declaratorias de emergencia, por ejemplo— se han encontrado con un muro en el Parlamento que ha obligado a la bancada oficialista a negociar.

Si el Ejecutivo no logra que el Congreso le apruebe una ampliación del endeudamiento, al gobierno de Danilo Medina y al que resulte ganador en la contienda electoral del próximo 5 de julio, solo les quedarán unos 200 millones de dólares para financiarse por todo lo que queda de año.