México: Aumentan a 85 los muertos por estallido de gasolina

Los habitantes del pueblo de Tlahuelilpan en el que 85 personas murieron por una explosión de gasolina dicen que los ladrones solían reunirse en la sección del oleoducto de la que se fugó, la cual había sido dañada y reparada repetidas veces.

“Era la toma popular”, dijo Enrique Cerrón, de 22 años, que vive cerca del campo de cultivo donde ocurrió el estallido. “Podías pasar a las 11, 12 del día y veías gente cargando aquí”.

El viernes, en medio de una escasez nacional de combustible en las gasolineras mientras el gobierno intenta combatir el robo generalizado, esta sección particular del oleoducto comenzó a operar de nuevo tras haber estado cerrada casi cuatro semanas, y entonces alguien decidió picarla de nuevo. Rápidamente se extendió la noticia por la comunidad de 20.000 habitantes de que la gasolina estaba fluyendo otra vez, y salieron en tropel hacia allá.

Cientos llegaron al sitio de la rotura, portando bidones de plástico y con los rostros cubiertos con pañuelos. Algunos arrojaron piedras y agitaron palos en dirección de los soldados que intentaban alejarlos de allí. Hubo personas que trajeron a sus niños.

Tlahuelilpan es una comunidad principalmente agraria que se ubica a 90 minutos de Pachuca, la capital del estado de Hidalgo, y a sólo 13 kilómetros (8 millas) de la refinería de Tula, operada por la paraestatal Petróleos Mexicanos. Está rodeada de verdes campos de alfalfa y chimeneas de plantas de generación eléctrica, y es relativamente próspera para los estándares rurales mexicanos. Estadísticas del gobierno estatal muestran que aproximadamente la mitad de la comunidad vive en pobreza moderada, lo cual concuerda con el promedio nacional.

Al principio la fuga de gasolina era manejable, dicen los habitantes, emitiendo un borbollón que permitía llenar pequeñas cubetas, una a la vez. Pero a medida que la multitud creció hasta llegar a más de 600 personas, la gente se impacientó.

Fue entonces cuando un hombre introdujo una varilla en el agujero, según Irma Velasco, que vive cerca del campo de alfalfa donde se produjo la explosión, y la gasolina se elevó 6 metros (20 pies) hacia el cielo, como el agua de un géiser.

Se desató un ambiente festivo. Adultos exultantes se empaparon al manipular jarras llenas de gasolina que les pasaban a personas que se iban corriendo con ellas. Familias y amigos formaron cadenas humanas y puestos de guardia para almacenar los contenedores de combustible.

Durante casi dos horas, más de una docena de soldados se mantuvieron apostados a orillas del campo, advirtiéndole a los civiles que no se acercaran. Las autoridades dicen que los militares eran inferiores en número y tenían órdenes de no intervenir. Apenas una semana antes, algunas personas de otro pueblo habían golpeado a algunos soldados que intentaron impedirles surtirse de combustible propiedad del Estado.

El atractivo de la gasolina gratuita fue irresistible para muchos: Llegaron como si fueran palomillas ante la llama de una vela, estacionando sus vehículos en un camino cercano.

El olor a gasolina creció y creció a medida que miles de barriles se fugaban. Aparentemente los que estaban más cerca del borbollón comenzaron a delirar, intoxicados por los vapores. Los pobladores trastabillaban por aquí y por allá. La noche se llenó de una neblina extraña, una mezcla del fresco aire de las montañas y las finas partículas de la gasolina.

Velasco dijo que se apresuró a auxiliar a un hombre al que vio tambaleándose en el camino, lejos del borbollón. Le quitó su ropa empapada de gasolina para ayudar a aliviar el abrumador hedor del combustible tóxico. Luego apoyó a otro joven, que le describió cómo de repente surgió el géiser.

Cerrón estaba en el corazón del caos cuando intuyó un creciente peligro.

Sacó a un hombre de 70 años de un charco donde la gasolina se estaba acumulando; el hombre se había desmayado a consecuencia de los vapores. Luego Cerrón, un estudiante, decidió que era hora de irse a casa.

“Se veían como zombis, intentando sacar toda la gasolina”, afirmó.

Pasó frente a soldados que advertían a los que llegaban a saquear que se alejaran del lugar. Va a explotar, decían. Y así fue. Una vez que llegó a casa, Cerrón volteó a echar un último vistazo. Lo único que vio fueron llamas.

La bola de fuego que se tragó a todos los que recolectaban gasolina subraya los peligros de la epidemia de robo de combustible que el nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador prometió combatir.

Para el domingo por la noche el número de muertes por el estallido del viernes había aumentado a 85 personas y otras 58 permanecían hospitalizadas, informó el secretario de Salud, Jorge Alcocer. Docenas más siguen desaparecidas.

Nueve de los 68 restos hallados en el lugar han sido identificados, pero podrían requerirse meses para identificar al resto, dijo Omar Fayad, gobernador del estado.

El gobierno estatal y federal están cubriendo los costos médicos y funerarios. Un menor fue transferido al Hospital Shriners en Galveston, Texas.

Los soldados instalaron un perímetro alrededor de una zona del tamaño de un campo de fútbol en donde los pobladores quedaron incinerados por el estallido, reducidos a un montón de cenizas y huesos. El domingo, las autoridades insinuaron que el gobierno podría expropiar campos como éste, donde los habitantes eran claramente cómplices del robo de combustible.

Pero el fiscal general Alejandro Gertz descartó presentar cargos contra los habitantes, que simplemente recolectaban el combustible derramado, y en particular a los hospitalizados por las quemaduras.

“Mire, nosotros no vamos a victimizar a las comunidades”, señaló. “Vamos a buscar a los responsables de actos que hayan generado esta gran tragedia”.

El desastre ocurrió apenas tres semanas después de que López Obrador lanzara una ofensiva contra los grupos dedicados al robo de combustible, los cuales realizan peligrosas perforaciones ilegales en los oleoductos a un sorprendente ritmo de 12.581 ocasiones en los primeros 10 meses de 2018, un promedio de 42 tomas al día. Las medidas han derivado en desabasto de combustible en las gasolineras de todo el país debido a los cambios en la distribución, tanto legal como ilegal.

De acuerdo a las autoridades, el ducto dentro y en los alrededores de Tlahuelilpan fue perforado 10 veces en los últimos tres meses.

López Obrador prometió el domingo continuar con su lucha contra el robo de combustible, que resulta en una pérdida anual por alrededor de 3.000 millones de dólares. Legalmente, esa gasolina le pertenece al pueblo mexicano, y la paraestatal Petróleos Mexicanos, Pemex, funge como custodio.

Pero desde hace tiempo Pemex ha estado azotada por la corrupción. El domingo, López Obrador afirmó que la compañía estaba “al servicio de gente sin escrúpulos”, secuestrada por “una pandilla de rufianes”, refiriéndose a funcionarios corruptos del gobierno y de la empresa.

López Obrador enfrenta una complicada batalla por combatir una práctica que se ha convertido en un salvavidas económico para las zonas rurales más pobres por donde cruzan los oleoductos, que solo están cubiertos por medio metro de tierra. Los grupos delictivos reclutan a locales que posteriormente obtienen el respaldo de la comunidad mediante regalos o amenazas de violencia.

La región está llena de bodegas y almacenes, y los propietarios de terrenos obtienen ingresos adicionales por la renta o con regalos de combustible.

El presidente planea realizar un recorrido la próxima semana por varias localidades cercanas a la Ciudad de México en las que el robo de combustible se ha vuelto parte habitual de la economía local. El mandatario promete empleos y ayuda financiera como una alternativa para las comunidades ubicadas en la ruta de los oleoductos que de alguna manera dependen de los ingresos generados por el robo de gasolina.

“México necesita acabar con la corrupción”, comentó el presidente el domingo. “No es algo negociable”.

López Obrador emprendió la guerra contra las perforaciones ilegales poco después de asumir el poder el 1 de diciembre, desplegando a 3.200 elementos de la Infantería de Marina para que vigilen las refinerías y los oleoductos. Su gobierno también cerró éstos para detectar e inhabilitar las tomas ilegales, optando por el uso de camiones cisterna para la distribución de combustibles.

Otro ducto estalló el viernes en el vecino estado de Querétaro como resultado de una nueva perforación ilegal. En ese caso no se reportaron víctimas.

En diciembre de 2010, las autoridades culparon a supuestos ladrones de combustible por la explosión de un ducto en el estado de Puebla, en el centro del país y a poca distancia de la capital, en el que murieron 28 personas, incluyendo 13 niños.