¿Una señal?

En las elecciones pasadas, los dominicanos otorgaron una mayoría arrolladora al partido oficialista. El PRM podrá aprobar lo que le venga en ganas en ambas cámaras legislativas, un gran poder y responsabilidad simultáneamente. Lo que se espera, y así lo han prometido dirigentes de ese partido, es humildad y mesura en la tarea de legislar.

No bien cerradas las urnas, sin embargo, el control perremeísta del Congreso Nacional se ha expresado con una petulancia y arrogancia preocupantes. En desapego al modo democrático, los congresistas se han despachado con la aprobación exprés del controvertido proyecto en contubernio con un pedazo opositor.

Que ese código penal haya penado por una década en los vericuetos congresuales denota la ausencia de consenso. El apresuramiento en modo alguno reemplaza la necesidad de un diálogo franco, abierto y responsable, con la participación de cuantos sectores tengan algo que aportar.

Hay puntos faltos de mayor consideración. Por ejemplo, el nuevo bloque incrementa los castigos privativos de libertad por difamación e injuria. Modifica de forma draconiana la Ley 6132 sobre  Expresión y Difusión del Pensamiento que solo impone penas máximas de seis meses a los difamadores e injuriadores. Son delitos cuya sanción ha disminuido en sociedades más desarrolladas que la nuestra. Penas más severas por delitos de cuestionable impacto social --entre uno y dos años-- se corresponden con regímenes dictatoriales, irrespetuosos de las libertades públicas.

En lo tocante a los delitos mencionados, estamos ante una contrarreforma divorciada de los tiempos y del ensanchamiento de la franquicia ciudadana, obligada meta de cuantos cambios legales se introducen en la esfera de los derechos en la sociedad moderna. Ese proyecto de código da pena. Tanto como la desvergüenza del legislador.