¿Por qué el Estado quiere vender un negocio que generaría 440 millones de dólares en ganancias al año?

El Gobierno dominicano está interesado en que un socio estratégico ingrese a formar parte de la central termoeléctrica Punta Catalina, a través de la venta de acciones en la generadora, para garantizar una operación óptima de la obra.

La afirmación la hizo el administrador generar de la planta, Jaime Aristy Escuder, quien indicó que la mejor forma de atraer un socio estratégico es vender una parte de las acciones de la central.

“El impacto para el Estado dominicano de Punta Catalina pudiera llegar hasta los 440 millones de dólares: 240 millones de dólares en beneficios de la central y entre 120 millones y 200 millones de dólares, dependiendo el precio del barril de petróleo, para las distribuidoras”, explicó Aristy Escuder.

Consultado sobre si una posible participación privada pudiera afectar los precios de venta de electricidad de la central, aseguró que no importa quién sea que esté administrando o sea propietario de una parte de las acciones habrá un precio competitivo, que beneficiará tanto las finanzas de las distribuidoras como las del Estado.

El ministro de Hacienda, Donald Guerrero, proyectó que con la venta de acciones en Punta Catalina el Estado recibiría US$2,000 millones de lo invertido, dejando a los dominicanos una participación accionaria de alrededor de un 50%.

Sin embargo, Antonio Almonte, coordinador de la Comisión Nacional de Energía y Minas del Partido Revolucionario Moderno (PRM), catalogó como una aventura e insensatez la venta de la central, que le pudiera salir “muy caro” al pueblo dominicano en los términos planteados.

“Para nosotros la venta de Punta Catalina es un proyecto sin mucho sentido, no tiene justificación económica ni técnica, todo lo contrario, la venta tendría un impacto contrario a los propósitos de fortalecer el sistema de generación y reducir los costos de abastecimiento del sistema eléctrico dominicano”, declaró Almonte.

Manifestó que si la planta se vende al sector privado aumentaría el precio de venta final al público de la electricidad, debido a que se tendría que cargar en el precio del producto la amortización del capital que hayan tomado los inversionistas para financiar la compra y el pago de intereses.

“El Estado puede contratar una firma especialista en operación y mantenimiento de centrales termoeléctrica para que administre a Punta Catalina sin intervención del clientelismo político”, planteó el titular de Energía del PRM.

En tanto, Franklin Almeyda, dirigente político, aseguró que el Gobierno no quiere vender la planta, sino regalarla. “El tema está en vender una empresa por bagatela. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto Punta Catalina es la prueba de un delito”, declaró durante una entrevista en un programa matutino.

En tanto, el abogado y articulista José Luis Taveras manifestó que la intención inequívoca del presidente Danilo Medina es salir de Punta Catalina antes de entregar el Gobierno y “así sortear un trance judicial que se prefigura ineludible”.