Mutilada

Tomó el machete para cortarle la cabeza pero ella colocó el brazo. El filo de la navaja traspasó la extremidad derecha y alcanzó a hacer una grieta en la nuca de la mujer. El hombre continuó lanzando machetazos: con uno hirió la parte externa de la mandíbula de su víctima y con otro le cercenó cuatro dedos de la otra mano.

Minutos antes, Altagracia Pérez iba caminando con su hija de seis años rumbo al trabajo. Eran las 7 de la mañana y la joven de 29 años cortó el trayecto por uno de los tantos matorrales que existen en Los Montones, Juan de Herrera, San Juan de la Maguana.

No sintió que su exconcubino la seguía. De repente ya estaba delante de ella y de la niña que ambos procrearon. Pérez manifestó que el miedo arropó su cuerpo, y corrió, pero en vano.

“Dije: ¡corre mami, corre!, y él gritó: ¡quítate del medio que también te mato! Ella abrió los brazos y le dijo gritando: ¡papi no le des a mami!”, recuerda la joven entre llantos. No llores, hija, le dice su madre. La escena concluyó, prosigue Dominga, como le apodan sus vecinos, cuando dejó de huir y esquivar los golpes para que aquel hombre de quien lleva separada tres años creyera que estaba muerta.

“Cuando me dio el primer machetazo me puse la niña debajo, sólo dije ay Dios mío, la niña gritaba y él le seguía diciendo que se callara y amenazando también con matarla”, argumenta la dama visiblemente debilitada. Mientras conversa hace algunas pausas, la sed por la pérdida de sangre era insistente, su madre toma una botella la coloca en su boca y le da de beber. Ya sus manos no pueden sostener... Al ver que su agresor, Pedro Alberto Reyes Tejeda, se alejaba, prosigue, huyó arrastrándose hasta llegar a un camino vecinal donde casi desangrada recibió la ayuda de un transeúnte.

El día en que fue dada de alta, Altagracia narró a Diario Libre que en el Hospital Alejandro Cabral, ubicado a unos 11 kilómetros de la comunidad, le pusieron varias pintas de sangre, estuvo siete días en cuidados intensivos y los galenos no contaban con salvarla.

“Tú eres fuerte me decían los médicos”, precisa la joven quien al salir del hospital fue llevada a la casa de su madre, quien a partir de ahora y con la ayuda de familiares se encargará de cuidarla.

“Ahora ella no puede seguir trabajando para sus hijas, él la dejó inválida, si nosotros no la limpiamos, la alimentamos, ella no puede hacer nada. Pido cuarenta años de prisión para él, porque le quitó la vida a mi hija, madre de tres niñas, una de ellas, embarazada”, manifestó Josefina Tejeda.

Segunda agresión casi mortal

En 2013, Reyes Tejeda, de 28 años, se presentó a la vivienda donde residían, y con un palo golpeó a Altagracia en la cabeza hasta dejarle una herida que fue cerrada con 15 puntos.

“La señora (Altagracia) se presentó por una herida contusa en la región frontal parental”, confirma el expediente judicial del caso.

El disgusto del hombre con el que la joven convivió unos cinco años, era que como Altagracia no quería regresar con él, este le pedía salirse de la casa, agrega Maritza Tejeda al relato de su hermana.

“Por esa choza, ese hombre casi mata a mi hermana”, declara Maritza, mientras muestra a DL la vivienda y el lugar donde ocurrió la mutilación. Una pieza de ocho metros cuadrados, piso de tierra, paredes y techo de zinc. En la mitad, dos pequeñas camas y en el resto tres mesitas que cargan con una estufa, utensilios de cocina y un televisor de 10 pulgadas.

Altagracia explica que no había abandonado la vivienda porque como empleada doméstica sólo devengaba RD$3 mil al mes, con los que debía costear los medicamentos de las niñas, alimentación y ropa. Asegura no recibía ayuda para manutención.

“Yo ganaba muy poco para pagar una casa también”, sostuvo la mujer, quien asegura que decidió abandonar esa relación huyendo de los maltratos.

¿Negligencia de las autoridades?

La primera ocasión en que Altagracia puso la denuncia ante la Fiscalía de su provincia, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra el acusado, sin embargo, el juez Serbio Montilla no la acató, y sólo le impuso el pago de una garantía económica de RD$50 mil, combinada con la prohibición de salir del país y presentación periódica ante el Ministerio Público. Según el expediente judicial, las condiciones de esta condena era que el imputado debía abstenerse de molestar e intimidar a la víctima; una orden de protección en favor de la misma, alejamiento a unos 300 metros, y que el imputado debía tomar terapias de sensibilización.

“Desde mayo de 2013 no teníamos ninguna denuncia, y es hasta ahora 2015 que ella retorna a nosotros a poner una denuncia”, explicó la fiscal Danelys Medina, coordinadora de la Unidad de Género de San Juan. Con la segunda denuncia de Altagracia, a su exconcubino le dictan nuevamente una orden de arresto.

“Llevamos la orden de arresto a la Policía, se le dio también una orden de protección, y se le hizo una ruta crítica”, subraya Medina.

Con la orden de protección, Altagracia debía estar resguardada, hasta que al hombre lo arrestaran. Sin embargo, afirma la víctima, la Policía sólo decía que no lo encontraba. Nunca estuvo preso hasta que cometió el hecho.

“Fui unas cuatro veces a la Policía, y me dijeron nosotros no damos con ese hombre. En una ocasión les dije: ¡ustedes van a dejar que me mate!, y un policía de turno me contestó: y qué usted quiere que yo haga”, recuerda Altagracia, mientras en el Destacamento de Juan de Herrera aseguran que nunca recibieron la orden de arresto.

“Nunca la recibimos. Si la recibió un policía y no me dijo, habrá que investigar”, precisó a DL el capitán Alejandro Montilla, supervisor zonal.

En días pasados, cuestionada sobre la desidia que en ocasiones muestran las autoridades en estos casos, la procuradora de la Mujer, Roxanna Reyes, afirmó que el 80% de las mujeres que han muerto víctimas de la violencia de género nunca denunciaron ante ninguna autoridad. Sobre este caso, no quiso hablar.

La mutilación ocurrió el 9 de diciembre de este año, al día siguiente ya Reyes Tejeda, estaba detenido y posteriormente apresado.

Es la cantidad de denuncias de violencia de género recibidas por la Procuraduría en todo el país. De esa cantidad, unas 2, 439 corresponde a violencia física.