Ministerio Público sigue presentando acusación en caso Odebrecht criticada por la defensa

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional continúa este jueves escuchando la extensa acusación que el Ministerio Público comenzó a leer en la pasada audiencia contra los seis imputados en el caso Odebrecht y que ya ha sido criticada por la defensa.

En una audiencia fijada para las 9 de la mañana, el Ministerio Público proseguirá con la acusación con la que prevé reafirmar y sostener que a la empresa brasileña Odebrecht le fueron adjudicadas en el país 16 obras cuya contratación o aprobación de financiamiento fueron obtenidos mediante sobornos a funcionarios dominicanos, y que el empresario e imputado Ángel Rondón era el principal eslabón de esa cadena.

El abogado de Rondón, Jose Miguel Minier, respondió recientemente en Twitter a una publicación hecha por el procurador adjunto y titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Wilson Camacho, en la que resta calidad a la acusación.

“Mire prueba de falsedad, prevaricación en una acusación manipulada donde hay diferentes autoría y participación y usted es parte de ella y la defiende como si tú viera prueba vinculante. Para después criticar el fallo cuando la anulen (sic)”, escribió el abogado en su cuenta de Twitter, acompañando su comentario con fotografías de documentos judiciales.

El abogado también cuestionó que Camacho defienda la acusación cuando la procuradora general Miriam Germán -que se ha inhibido del proceso- hizo unas consideraciones en un voto disidente que emitió cuando era jueza de la Suprema Corte de Justicia y el caso era conocido en esa jurisdicción.

En 2017, cuando Germán era presidenta de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, emitió un voto disidente ante la decisión tomada por esa sala de ratificar la prisión preventiva por un año en contra de Rondón y de nueve meses para Díaz Rúa, variar las medidas cautelares a siete y ratificar la fianza a otro.

“En el estado actual de este proceso y con lo aportado para la medida de coerción, se aprecia una dificultad probatoria que, de no ser subsanada por el Ministerio Público en el curso de la investigación, y esperamos que así sea, no augura un futuro esperanzador por el momento, por lo menos del juicio al fondo, donde la prueba debe ser hecha, que no deje lugar a duda razonable”, dijo Germán en ese entonces para sustentar su voto disidente.

“Su jefa en un voto disidente expresa lo contrario a lo que usted le vende a la sociedad (sic)”, publicó Minier en un tuit respondiendo a Camacho.

En la parte introductoria que el Ministerio Público alcanzó a leer en la última audiencia celebrada la semana pasada, se indica que Rondón utilizaba una estructura corporativa de dos empresas offshores de su pertenencia en Antigua y Barbuda, así como en Panamá, denominadas Conamsa Internacional y Lashan Corp, entre otras, en coordinación con la sociedad comercial Constructora Norberto Odebrecht.

El Ministerio Público agrega que las sociedades offshore o “de pantalla”, creadas en Panamá, fueron también utilizadas por el imputado y exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa. Asegura que este utilizó las sociedades Newport Consulting Ltd. y Aragón Business Ltd., constituidas y representadas por el abogado y también imputado Conrado Pittaluga en Antigua y Barbuda, “con el propósito de recibir pagos de sobornos y realizar operaciones de lavado de activos”.

Además de Rondón, Díaz Rúa y Pittaluga, son también imputados en el caso el exsenador Tommy Galán, el expresidente del Senado Andrés Bautista y el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado, Roberto Rodríguez.

El Ministerio Público asegura que pudo determinar que entre 2002 al 2014, Rondón entregó “altas sumas de dinero por concepto de soborno” a favor de funcionarios, quienes presentaron un incremento de su patrimonio que no pueden justificar.

Odebrecht ha admitido que entre 2001-2014 entregó aproximadamente US$92 millones en sobornos a funcionarios dominicanos para asegurar contratos de obras públicas.

A los seis imputados en el presente juicio de fondo se les acusa de recibir sobornos, incurrir en prevaricación, enriquecimiento ilícito, falsedad en escritura y lavado de activos.