Medida de coerción a acusado de falsificar documentos para renunciar como funcionario electoral

La jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, Stephanie Santiago Reyes, impuso cómo medida de coerción el pago de una garantía económica de RD$200 mil, presentación periódica e impedimento de salida del país contra un hombre, acusado de cometer un delito electoral.

Según la acusación, el imputado Domingo Ramírez Rodríguez falsificó documentos públicos y firmas de un juez, para intentar evadir la responsabilidad que había asumido de presidir un Colegio Electoral, durante la celebración de las pasadas elecciones presidenciales y congresuales del 19 de mayo.

El encartado, arrestado mediante la orden judicial número 04427-2024, presentó renuncia al cargo que la Junta Central Electoral le había asignado para presidir el Colegio Electoral 1018 que funcionó en el recinto de la Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa), cuando faltaban apenas 5 días para la celebración de las elecciones presidenciales y congresuales, alegando haber sido citado para comparecer a una audiencia, el mismo 19 de mayo, por motivo de un proceso de saneamiento en la provincia El Seibo.

Sin embargo, la fiscalía de Santiago logró reunir suficiente experticia y pruebas materiales y documentales que desdicen sobre esa excusa.

La investigación del órgano acusador reveló que entre los anexos depositados por el imputado para sustentar su renuncia al cargo electoral, incluyó un aviso de requerimiento, un auto de emplazamiento y de fijación de audiencia, emitidos por el Tribunal de Tierras de la Jurisdicción Original de El Seibo, correspondiente al expediente número 0258-23-00586; con cuyos documentos se comprobó que los nombres del juez y la secretaria, presentaban un formato de letras distintos al utilizado en la firma digital.

Además de violentar la Ley Orgánica del Régimen Electoral No. 20-23, el hombre incurrió en otros delitos al hacer uso de documentos públicos y falsificarlos para su beneficio.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral No. 20-23 considera delito electoral la renuncia injustificada a un cargo previamente asignado para los certámenes electorales.